Ángel de Jesús Hernández Valenzuela
Expediente 1035/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel de Jesús Hernández Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el suscrito Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río, así como las constancias originales de los autos del juicio de amparo indirecto 937/2022-1 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en esta ciudad. Formado con el escrito de ampliación [turnado como demanda de amparo], signado por ***, contra actos del 1. Director del Centro de Reinserción Social "Morelos" de Cosamaloapan, Veracruz. Regístrese con el número 1035/2022-V en el libro de gobierno respectivo. Realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRONUNCIAMIENTO PREVIO. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, es un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su dispositivo 2º, el escrito que dio origen al juicio de amparo 937/2022-1 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en esta ciudad, corresponde a la pretensión de Ángel de Jesús Hernández Valenzuela en ampliar su demanda de amparo dentro de los autos del expediente 675/2022-V del orden cronológico de este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, si bien es cierto que prescindió de incorporar ciertos aspectos procesales [domicilio y autorizados], es notorio éstos se encuentran inmersos en el sumario de origen [675/2022-V]. Los cuales podrán ser valorados en esta instancia constitucional. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Al respecto, se advierte el reclamo constitucional atribuido al Director del Centro de Reinserción Social "Morelos" de Cosamaloapan, Veracruz, lo es: - La toma de huellas dactilares de las palmas de la mano y los dedos del quejoso. Al respecto, el impetrante manifiesta que desde el seis de julio de dos mil veintidós fue girado un oficio [sin número] de esa misma data, en el cual se comunicó al Director del Centro de Reinserción Social "Morelos" de Cosamaloapan, Veracruz, el dictado del auto de vinculación a proceso en la causa penal ***/*** y la prisión preventiva oficiosa en contra del hoy impetrante. Asimismo, desde el momento en que llegó al Centro de reclusión, el quejoso refiere le fue integrado un expediente interno, incluida la ficha señalética [donde constan diversos datos personales, así como sus biométricos y huellas dactilares]. No obstante lo anterior, ahora refiere que personal presuntamente encargado del Centro Penitenciario, el once de octubre de dos mil veintidós pretendió tomar nuevas muestras de sus huellas dactilares, pero el aquí quejoso se opuso ante el temor de ser incriminado en la causa penal de origen. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causal de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Precepto legal del que observa, el juicio de amparo indirecto es improcedente -entre otros supuestos- cuando sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, en virtud de algún medio de defensa que la Ley ordinaria establezca. Sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige la tramitación y substanciación del juicio constitucional. Salvo los supuestos de excepción correspondientes. De lo contrario, se posibilitaría al impetrante que, por el sólo hecho de alegar violaciones a la Constitución, acudir directamente al juicio de amparo. Bajo ese tenor, antes de promover el juicio de amparo indirecto, la parte impetrante debió acudir vía procedimiento administrativo ante las autoridades carcelarias a plantear sus inconformidades o bien, abrir la controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución competente. En caso de que la petición se resuelva en sentido contrario a sus intereses. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los preceptos 1, fracciones I y II, 2, 4, párrafos tercero y quinto, 9, fracciones I, IX y XII, 25, fracciones I y VI, 30, 107, 108, fracciones I y IV, del 109 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén un procedimiento relativo a las peticiones que formulen las personas privadas de su libertad a la autoridad carcelaria de que se trate, derivadas de la posible afectación -incluso inconformidad- sobre sus condiciones en reclusión. Entre las que destacan el formular peticiones o quejas por escrito, en casos urgentes, por cualquier medio, a las instancias correspondientes. Asimismo, disponen que las peticiones sobre la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro. Supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el ocurso correspondiente, o bien, por cualquier medio tratándose de casos urgentes. También establecen, la forma que deben sustanciarse las solicitudes, a saber: I. Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación debe notificarse de forma personal al promovente. II. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición. III. Admitida la petición, el Director del Centro se allegará de la información necesaria -dentro del plazo señalado para resolver- considerando la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. IV. El Director del Centro resolverá, dentro de un plazo de cinco días y notificará al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. V. Si la petición se resuelve en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución. Por el contrario, si la petición no se resuelve dentro del término legal, se podrá demandar su omisión ante el Juez de Ejecución. La autoridad jurisdiccional resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. VI. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo. De lo que se sigue, que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla un procedimiento administrativo tendente a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, en lo que interesa, respecto a sus condiciones de internamiento. Además, en dicho ordenamiento legal se prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, a través de la controversia que se promueva ante el juez de ejecución Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Materia(s): Común, Penal, de contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Derivado de lo anterior, ante la inconformidad del impetrante respecto del acto consistente en la exigencia de aportar sus huellas digitales [de mano y dedos] por parte del personal del Centro de reclusión, está conminado agotar los medios ordinarios correspondientes, previo a la presentación de su demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo [formada con motivo del escrito de ampliación] signado por Ángel de Jesús Hernández Valenzuela, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicitó en el asunto de origen [675/2022-V] se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "***". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización en cuestión, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese al usuario mencionado para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio del impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a ***, *** y *** y con las restricciones que este numeral impone a *** y ***, por así haberse tenido en el asunto de origen [***]. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, personalmente a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y electrónicamente al quejoso.
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