Ángel de Jesús Cetzal González

Expediente 1019/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1019/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Ángel de Jesús Cetzal González
  • Silvia Beatriz Puerto Baeza y otros

Actuaciones

  1. Principal

    (.) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO (.) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS. (.)

  2. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el alegato ministerial número 482/2021 signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que en veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado. Finalmente, como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada del referido auto en el que se resolvió el presente asunto. Notifíquese. (...)

  3. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, de la lectura del informe justificado y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio reclamatorio laboral 453/2018, del cual es parte actora. Asimismo, del informe justificado y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 453/2018, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable dictó un acuerdo en el que proveyó lo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio, señalando fecha y hora para el desahogo de las que requieren perfeccionamiento legal, determinación que le fue notificada a la parte quejosa el veintiuno de junio de dos mil veintiuno; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de junio de dos mil veintiuno. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de acordar lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio reclamatorio laboral 453/2018, es incuestionable que en el presente caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la responsable, proveyó respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y lo hizo del conocimiento de los peticionarios del amparo; motivando el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día doce de julio de dos mil veintiuno a las doce horas con diez minutos. Sin que sea obstáculo a lo anterior que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio 15713/2021 con el que se emplaza a juicio al tercero interesado Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente.(.)

  4. Principal

    MESA IV. Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los escritos signados por el quejoso **********************, mediante los cuales revoca la autorización otorgada a ************************, y nombra una nueva representante a favor del menor y hace diversas manifestaciones con relación a las constancias remitidas por la Juez responsable. En atención a lo solicitado, primero, se revoca la autorización del citado Sánchez Urbán, para los efectos legales a los que haya lugar; asimismo, téngase como asesor del menor de edad S.F.L., a *********************, lo anterior por así solicitarlo y estar debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En el entendido de que dicha profesionista deberá aceptar el cargo conferido a su favor, para lo cual deberá comparecer ante este Juzgado dentro del plazo de tres días contados a partir de que se encuentre debidamente notificada por conducto de la parte quejosa debido a que no proporcionan su domicilio; además, se hace de su conocimiento que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de la cita. Ahora, por lo que respecta a lo manifestado por el quejoso en el sentido que la autoridad responsable ha sido omisa en remitir copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen y considerando que el folio que obra en las constancias remitidas con su informe justificado y con el oficio de veintiséis de marzo del año en curso no se encuentran correlativas; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente de origen. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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