Ángel David Vallejo García

Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
756/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel David Vallejo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercera interesada la sentencia autorizada de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, mismas que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 756/2023 promovido por Ángel David Vallejo García. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el siete de agosto de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho de agosto siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-17). SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, emplazar al presente juicio a la víctima y a la Fiscal terceras interesadas (fojas 18-22). Se emplazaron al presente asunto a las aludidas terceras interesadas (fojas 27 y 34) Se agregó a los autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 35). Integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 95-96) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 111-112). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal del quejoso, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: El auto de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en el proceso penal 586/2023, por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, por su participación probable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada (Determinación que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 83-). Las consecuencias de dicha determinación. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 35). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación, así como su transcripción escrita (fojas 83 y 103-107) medios de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, contra el auto de vinculación a proceso reclamado. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1. A las 14:29 del doce de julio de dos mil veintitrés, el juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial, explicando al investigado que se debió al cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra, donde a las: 14:29:30 se procedió a la individualización de las partes, iniciando con la Fiscal Jannet Santos Castro, continuando con los defensores particulares Cristian Rafael Gómez Zacarias, Ernesto Vázquez Anzures y Enrique Arredondo Veytia y, el investigado Ángel David Vallejo García; asimismo, el juez de control verificó que el investigado conociera sus derechos constitucionales y le indicó si deseaba ser asistido por los profesionistas indicados, quien manifestó que sí los designaba como sus defensores particulares; a lo que los defensores nombrados aceptaron y protestaron el cargo conferido, previamente de haber exhibido sus cédulas profesionales con folios 08720597, 11019956 y 2291818, expedidas respectivamente a su favor por la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como Licenciados en Derecho, las cuales el Auxiliar de Sala colocó para ser visualizadas y videograbadas en dicho acto; individualizaciones y designaciones que concluyeron a las 14:32:40. Entre las 14:33 y las 14:35:52 el juez se cercioró que la defensa ya se hubiera impuesto de la carpeta de investigación de origen y, se desarrolló debate entre las partes en torno a la manera en que la fiscalía había solicitado orden de aprehensión contra su defendido como medio de conducción al proceso; resolviendo el juzgador que era improcedente la petición de la defensa en esa etapa procesal. Entre las 14:36 y 14:37:25 el juez, luego verificar que el investigado ya se había entrevistado con sus defensores particulares, le hizo de su conocimiento sus derechos constitucionales. A partir de las 14:37:40 en uso de la voz que le concedió el juez, la fiscalía formuló imputación, concluyendo a las 14:44:30. Entre las 14:44:35 y las 14:45:40 el juez preguntó al imputado y a su defensa si comprendieron la imputación y si solicitaban alguna aclaración al respecto; quienes manifestaron comprender la imputación y, el imputado decidió guardar silencio. A partir de las 14:46 previa autorización del juez, la fiscalía realizó formalmente solicitud de vinculación a proceso contra el imputado, respecto del delito de pederastia y citó los datos de prueba con los cuales la soportaba; concluyendo su exposición a las 15:02:26. Entre las 15:02:35 y 15:03:33, luego de escuchar la solicitud de vinculación a proceso, el juez informó al imputado que podía elegir el plazo para resolver su situación jurídica, quien luego de consultarlo con sus defensores, solicitó se realizara en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. Ante esa solicitud, el juzgador señaló fecha y hora, para continuar la audiencia inicial y resolver la situación jurídica del imputado; concluyendo a las 15:05:15. 2. El dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se continuó con la audiencia inicial, en la que aconteció lo siguiente: 05:54 se procedió a la individualización de las partes, iniciando con la Fiscal Jannet Santos Castro, continuando con la ofendida Ilsa Suleica Martínez Cacho y el asesor jurídico Daniel Cervantes Duarte; el juez de control le indicó a la ofendida si deseaba ser asistida por el profesionista indicado, quien manifestó que sí lo designaba como su asesor jurídico; a lo que el asesor nombrado aceptó y protestó el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 9984279, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como Licenciado en Derecho, las cuales el Auxiliar de Sala colocó para ser visualizadas y videograbadas en dicho acto. Asimismo, se continuó con la individualización de los defensores particulares Cristian Rafael Gómez Zacarias, Ernesto Vázquez Anzures y Enrique Arredondo Veytia, el investigado Ángel David Vallejo García; defensores quienes exhibieron en ese acto sus cédulas profesionales con folios 08720597, 11019956 y 2291818, expedidas respectivamente a su favor por la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como Licenciados en Derecho, las cuales el Auxiliar de Sala colocó para ser visualizadas y videograbadas; individualizaciones y designaciones que concluyeron a las 05:58:46. Entre las 05:59 y las 06:05:32 la defensa pidió al juez aclaración sobre la citación de los testigos ofrecidos durante la dilación constitucional y les hiciera efectivo el apercibimiento de multa que se les formuló; por lo que el juez dio noticia a la defensa de las medidas adoptadas al efecto y, concluyó que, conforme a las constancias de notificación realizadas, no era procedente hacer efectivo el aludido medio de apremio. A partir de las 06:05:50 la defensa ofertó como medio de prueba la testimonial de la ofendida Ilsa Suleica Martínez Cacho, la cual una vez admitida por el juzgador por encontrase presente y protestada a decir verdad, la misma fue interrogada por la defensa a través de preguntas directas; concluyendo el interrogatorio a las 06:26:45. Así, entre las 06:27:10 y las 06:47:35 se llevó a cabo el debate de las partes sobre la solicitud de vinculación a proceso. A las 06:47:40 el juez declaró cerrado dicho debate y decretó un receso de minutos. Finalmente, a partir de las 07:16 se reanudó la continuación de la audiencia y, el juez de control resolvió decretar AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra el imputado, donde clasificó jurídicamente los hechos y los clasificó en la conducta ilícita de pederastia agravada, concluyendo su exposición a las 07:51:36 (fojas 83 del registro audiovisual y 103-107) -Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 103-107). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 83) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la ciudad de Veracruz, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. De allí, que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el doce de julio de dos mil veintidós (a partir de las 14:29 horas) se desahogó una audiencia donde el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en continuación de la audiencia inicial, el dieciocho de julio siguiente (a partir de las 07:16 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto del hecho que la ley señala como el ilícito de pederastia agravada. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional prorrogado dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial el doce de julio del año en curso, con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión librada en su contra, su situación jurídica se resolvió el dieciocho de julio siguiente, es decir, sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido por el imputado. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de pederastia. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial el doce de julio de dos mil veintitrés, el imputado decidió guardar silencio. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de pederastia agravada, previsto y sancionado por el artículo 190 Quater, en relación con el 190 Quinquies, fracciones IV y V, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de la víctima de identidad reservada 06/2023, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó vincular a proceso el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de pederastia agravada, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación, como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos, consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de pederastia agravada. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: 1). Entrevista rendida por la menor víctima, quien refirió que conoce a Ángel David Vallejo García, ya que éste trabaja en la tortillería propiedad de sus padres ubicada en avenida Víctor Sánchez Tapia, número setecientos treinta y cinco, fraccionamiento Torrentes, en Veracruz, Veracruz, así como que él ya había entrado a trabajar en la tortillería de sus padres en otras ocasiones, pero renunciaba Que se hizo novia de dicha persona el diez de marzo de dos mil veintidós, cuando se le declaró en persona en la tortillería, lugar en el que únicamente se veían. Refirió que dicha persona le dijo que ya eran novios y que tenían que sostener relaciones sexuales, por lo que el trece de diciembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las nueve de la mañana, cuando se encontraba en la tortillería, aquél le envió un mensaje (msj) y le dijo que subieran a uno de los cuartos de la bodega del inmueble, pero que ella dijera que iba al baño para que no sospechara la otra empleada de nombre Inés y, ya estando en ese lugar, le indicó que se bajara el pantalón y el calzón, momento en que la recargó sobre la pared y se colocó delante de ella, abriéndole un poco las piernas y metiéndole el pene en la vagina durante aproximadamente seis minutos, hasta que sacó el pene de su vagina; que esa fue la primera vez que tuvo relaciones sexuales con Ángel. Que posterior a ello, comenzó a tener relaciones sexuales con él, un día sí y otro no, precisamente cuando regresaba de clases entre la una treinta y horas y las catorce horas. Manifestó que nuevamente tuvo relaciones con dicha persona el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en calle Pextlan, número 101, fraccionamiento Veracruz, en Veracruz, Veracruz, aproximadamente a las doce de la noche, lo que acordaron a través de mensajes de texto. Refiere que ese día Ángel David acudió a su casa ubicada y en la sala del interior del inmueble le quitó el short y el calzón, al momento en que la acostó en el sillón, le abrió las piernas y le metió el pene en la vagina, para luego sentarla sobre él y, posteriormente, acostarla nuevamente en el sillón metiéndole los dedos y la lengua en la vagina, pidiéndole Ángel que le chupara el pene. Indica la menor que Ángel David le pedía que le enviara fotos en ropa interior y videos con su celular donde se estuviera tocando su vagina, lo cual así hizo, que él le dijo que esas cosas hacen los novios. 2). Entrevista rendida por Ilsa Suleica Martínez Cacho, quien dijo ser madre de la víctima; asimismo, refirió que conoce a Ángel David Vallejo García, ya que era empleado de su negocio tipo tortillería denominada Rita ubicada en avenida Víctor Sánchez Tapia, número setecientos treinta y cinco, del fraccionamiento Torrentes, en la ciudad de Veracruz, mismo que empezó a trabajar en dicho lugar en el mes de diciembre de dos mil veintidós, con un horario de cuatro treinta de la madrugada a tres de la tarde. Que en el mes de enero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las seis de la tarde, se encontraba en su negocio con esposo y su hija la víctima, cuando su marido entró al baño en busca de la menor, debido a que ésta no salía y estaba tardando mucho, momento en que la observó utilizando su teléfono celular el cual le quitó y se percató de una plática que sostenía su hija a través de la aplicación de Whatsapp con Ángel David, la cual versaba sobre temas de amor y de una relación de noviazgo. También se percató que en la galería del teléfono existían conversaciones y fotos de su hija en ropa interior y videos que mandaba al contacto de Ángel, que en uno de esos videos su hija se estaba masturbando. Refirió la madre de la menor que al hablar con ella, ésta le dijo que mantenía una relación de noviazgo con Ángel, quien le pedía fotos y videos cuando se masturbaba, además que le confirmó que había tenido relaciones sexuales con él, vías vaginal y anal, cuando se encontraban en la parte de arriba del negocio y se quedaban solos. 3). Entrevista de la víctima menor, en la que confirmó que sus padres se enteraron de la situación, precisamente cuando su padre entró al baño de la negociación y le quitó el teléfono y se percató de las conversaciones, fotos y videos que le había mandado a Ángel David. 4). Dictamen médico forense de uno de febrero de dos mil veintitrés practicado a la menor víctima, en el que se estableció que a la valoración ginecológica, se observó que presentaba un himen con desfloración antigua, con presencia de lesiones cicatrizadas. 5). Dictamen en trabajo social, de uno de febrero de dos mil veintitrés, donde la perito se entrevistó con la madre de la menor y volvió a referir que el día veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, fue cuando se enteró que su hija mantenía una relación con Ángel David Vallejo García. 6). Entrevista de Luis Ángel Flores Luna, quien refirió ser el padre de la menor víctima; asimismo, dijo conocer a Ángel David Vallejo García, porque éste laboraba en su tortillería; que en el mes de enero de dos mil veintitrés, se enteró de los hechos relativos a la relación de noviazgo que mantenía su hija menor de edad con esa persona. 7). Dictamen en criminalística de campo, donde se realizó una inspección en el domicilio ubicado en Víctor Sánchez Tapia, número setecientos treinta y cinco, colonia Torrentes, en Veracruz, Veracruz. 8). Acta de nacimiento con número 83, expedida el veinte de marzo de dos mil veintitrés, en donde se establece que la fecha de nacimiento de la víctima menor de edad lo es el catorce de septiembre de dos mil once y que es hija de la ofendida Ilsa Suleica Martínez Cacho. 9). Dictamen pericial en materia de informática con folio 1645, donde se establece que bajo cadena de custodia se presentó una dispositivo celular marca Iphone, modelo MHRG, color rojo, del cual se solicitó extracción de información y congelamiento de imágenes, así como del contenido de la mensajería de la aplicación Whatsapp, respecto del contacto de "Ángel Maquinista", obteniéndose de una conversación con ese contacto, la existencia de una relación amorosa entre aquél y la menor víctima dueña del dispositivo peritado. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que además comulga este Juzgador Federal, permiten establecer que: En un primer momento, el trece de diciembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las nueve horas de la mañana (circunstancia de tiempo) y posterior a ese día comenzaron a tener relaciones sexuales un día sí y otro no, cuando regresaba de clases entre la una treinta y horas y las catorce horas, en uno de los cuartos de la bodega de la negociación tipo tortillería denominada Rita, ubicada en avenida Víctor Sánchez Tapia, número setecientos treinta y cinco, del fraccionamiento Torrentes, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar). Y en el último momento, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las doce horas de la noche (circunstancia de tiempo) en la sala de estar del inmueble ubicado en calle Pextlan, número 101, fraccionamiento Veracruz, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar). Un sujeto de sexo masculino sostuvo relaciones sexuales vías vaginal y oral con una menor de once años de edad; en el primer momento, cuando dicho sujeto le indicó a la menor que se bajara el pantalón y el calzón, al tiempo en que la recargó sobre la pared, abriéndole un poco las piernas y metiéndole el pene en la vagina durante aproximadamente seis minutos, hasta que sacó el pene de su vagina, así como posterior a ello, esto es, un día sí y otro no, continuaron manteniendo relaciones sexuales y; en un último momento, cuando dicho sujeto acostó a la menor en el sillón, le abrió las piernas y le metió el pene en la vagina, para luego sentarla sobre él y, posteriormente, acostarla nuevamente en el sillón metiéndole los dedos y la lengua en la vagina, pidiéndole además que le chupara el pene (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de pederastia agravada, previsto y sancionado por el artículo 190 Quater, en relación con el 190 Quinquies, fracciones IV y V, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprendía que el imputado realizó actos idóneos para violentar sexualmente a la menor de edad víctima, lo que consumó en los momentos y en las circunstancias ya precisadas. En el entendido que esos hechos, como bien lo concluyó la autoridad responsable, se realizaron por el implicado; por una parte, aprovechándose de la confianza de la víctima, dado que, como explicó el juez de control, éste se desempeñaba como empleado en la negociación de sus padres de tipo tortillería, en la que tenía el puesto de maquinista; de donde válidamente se puede inferir que existía una relación de confianza con la menor, máxime que la propia menor manifestó que había momentos en que se quedaban solos en dicha negociación; lo que por supuesto denota la existencia de un aprovechamiento del implicado sobre la menor, al ser empleado de sus padres y por consecuencia, una persona que aquélla conoce y con la cual convive de manera diaria en la tortillería, según lo refirió la propia menor, al grado esa confianza generada, que mantenían conversaciones vía mensajes de texto; actualizando así la agravante que se contempla en la fracción IV del artículo 190 Quinquies, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Por otra parte, se estima que los hechos atribuidos, como objetivamente lo miró el juez de control, se realizaron por el implicado utilizando un dispositivo telefónico para acordar un encuentro y cometer la conducta ilícita de que se trata; ello porque como se vio, la propia víctima manifestó que acordaron un encuentro sexual el trece de diciembre de dos mil veintidós, cuando se encontraban en la tortillería y aquél le envió un mensaje (msj) diciéndole que subieran a uno de los cuartos de la bodega del inmueble, lugar donde sostuvieron relaciones sexuales. Asimismo, se advierte que la propia menor dijo que el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en calle Pextlan, número 101, fraccionamiento Veracruz, en Veracruz, Veracruz, aproximadamente a las doce de la noche, tuvo relaciones sexuales con el imputado, luego de haberlo planeado a través de mensajes de texto. De allí, que sea válido concluir objetivamente, como lo hizo el juez de control, que a través del uso de un dispositivo telefónico se acordaron los aludidos encuentros sexuales; actualizando así la agravante prevista en la fracción V del referido numeral 190 Quinquies, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, por sí mismo, cometió el hecho que se considera delictuoso. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado por la víctima menor de edad de identidad reservada 06/2023, quien ubica al imputado como la persona con la cual sostuvo relaciones en los dos momentos ya precisados. Medio de prueba que, como bien lo estimó la autoridad responsable, se vio concatenado con el dictamen médico ginecológico practicado a la menor víctima el uno de febrero de dos mil veintitrés, con el que se conoció que ésta presentó himen con desfloración antigua con presencia de lesiones cicatrizadas; circunstancia que viene a corroborar clínicamente que la menor víctima sostuvo relaciones sexuales vía vaginal. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió por sí mismo los hechos que la ley considera como el delito de pederastia agravada. Asimismo, se advierte que acertadamente el juez responsable descartó las peticiones de la defensa del imputado que pretendían, por una parte, que se declara que el dicho de la menor era insuficiente, ya que presentaba contradicciones con lo declarado por su madre. Ello es así, porque como bien lo refirió la autoridad responsable, el dicho de la madre no versa sobre los momentos en que la menor sostuvo relaciones con el imputado, sino únicamente sobre la manera en que ésta se enteró de la relación de noviazgo de su menor hija y el involucrado, que lo fue a través de la revisión de su teléfono celular, así como que fue la propia menor quien le hizo de su conocimiento que tenía relaciones sexuales con aquél. También fue acertado que el juzgador de control descartara el argumento de la defensa, relativo a que no se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues como ya se vio, las mismas sí fueron precisadas por el juzgador en la resolución reclamada. De la misma manera, se consideran correctos y jurídicos, los argumentos vertidos por la autoridad responsable en la que descartó las manifestaciones de la defensa en el sentido que el valor probatorio de los datos de prueba era insuficiente para tener la certeza que la menor de edad fue abusada sexualmente. Sin embargo, debe decirse que dada la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio, el juez de control para el dictado de un auto de vinculación a proceso, únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Luego, es infundado lo alegado por el quejoso, pues se observa que en la resolución reclamada el juez de control sí cumplió con su obligación constitucional de ponderar los datos de prueba que le sirvieron para vincular a proceso al imputado, con los cuales, como ya se vio, se conocieron los hechos delictivos y la participación probable de aquél; máxime que, dada la incipiente etapa preliminar en que se encuentra el asunto, el estándar probatorio es reducido y no es necesario que las pruebas tengan un valor jurídico previamente asignado, al tratarse únicamente de datos de prueba, sin que con ello desde luego se evada la obligación que tiene el juzgador de justificar de manera objetiva la información arrojada por los datos de prueba, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión." También fue acertado que la responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autor material y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. Por otra parte, a título de concepto de violación, el quejoso sostiene en su demanda de amparo que el juez de control violó en su perjuicio el principio de contradicción, porque no le dio oportunidad dentro de la dilación constitucional de desahogar los datos de prueba consistentes en la testimonial de los peritos, de la menor víctima y del padre de ésta, ya que dichas personas no se presentaron a rendir su testimonio y no justificaron su inasistencia. Se califica de infundado dicho aserto, en la medida que de la reproducción de la audiencia respectiva se advierte que el juez de control sí atendió los argumentos relativos a la incomparecencia de los aludidos testigos, pero concluyó que no procedía hacer efectivos los apercibimientos de multa que les formuló el juez de control de guardia que se encargó de la admisión de esos testimonios y de la citación de los mismos, porque expuso que dicho juzgador no les formuló apercibimiento alguno en ese sentido. Además, no se observa que la defensa haya insistido en el desahogo de tales datos de prueba y el juez se haya negado a citarlos nuevamente. Asimismo, a pesar que no comparecieron dichos testigos, de la audiencia inicial no se advierte que el imputado haya fijado postura defensiva alguna, pues al efecto se observa que al momento en que el juez responsable le concedió el uso de la voz para que manifestara si deseaba declarar en relación con los hechos, éste decidió guardar silencio en uso de su derecho constitucional; motivo por el cual, por ahora, no resulta indispensable el desahogo de los testimonios aludidos, pues no existe versión exculpatoria del imputado que se pretenda corroborar con tales datos de prueba. Máxime que el imputado continuará teniendo la oportunidad en las siguientes etapas del procedimiento para insistir en el desahogo de tales datos de prueba. Finalmente, se estima que contrario a lo sostenido por el quejoso en su demanda de amparo, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía sí aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables de que el imputado probablemente cometió por sí mismo el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquél, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la jueza de control, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba dclararse de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del auto de vinculación a proceso. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Dado que la parte quejosa en este juicio se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ángel David Vallejo García, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de septiembre del año actual para lo cual remite copias certificadas relativas a la versión escrita del auto de vinculación a proceso relativas al proceso penal 586/2023, el índice cronológico del mismo, así como la continuación de la audiencia inicial. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del XVII Distrito Judicial Sala "D" en Veracruz, Veracruz mediante oficio 988/2023, dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno, sin embargo omitió remitir la versión escrita del auto de vinculación a proceso relativas al proceso penal ********************, el índice cronológico del mismo, así como la continuación de la audiencia inicial, conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 117 y 178 último párrafo de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del XVII Distrito Judicial Sala "D" en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS a que refiere la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado copias certificadas, íntegras y legibles de la continuación de la audiencia inicial, así como la versión escrita del auto de vinculación a proceso relativas al proceso penal ********************, el índice cronológico del mismo, así como la continuación de la audiencia inicial, o manifieste el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia II.2o.P. J/14 P (10a.) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)]. El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir oralmente su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", la cual se estima inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una normativa distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con las restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la obligación que la actual codificación establece como deber adicional a la celebración de la audiencia, pues dicha obligación paralela, como parte integral del sistema de registro, no fue tema de análisis en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia." Se apercibe la citada autoridad responsable, que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido para el efecto, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de septiembre del presente año en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para que tenga verificativo. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de una licencia de carácter oficial, otorgada al Titular de este órgano jurisdiccional, comprendida los días veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4684/2023; ante la Secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de agosto del año actual para lo cual remite de la constancia relativa al índice cronológico de la audiencia inicial, así como del auto de vinculación a proceso dictados dentro del proceso penal 586/2023 de su índice. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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