Ángel Dario González Aponte
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ángel Dario González Aponte
- Ángel Dario González Aponte y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, realizó manifestaciones con relación a la vista ordenada en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretario de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Jefe de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, todas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizara lo siguiente: Diera una respuesta congruente y por escrito (dentro de sus correspondientes facultades legales), al ocurso de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el quejoso **** y realizara la notificación correspondiente. 2. Actuaciones de este Juzgado. Mediante determinación de diez de mayo de dos mil veintidós, dicha resolución causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. 3. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que las autoridades responsables Secretaria, Subsecretario de Administración y Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, remitieron el escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, al que anexaron el oficio *** de dieciocho de mayo de dos mil veintidós dirigido al quejoso en relación a la petición que presentó. 4. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante comparecencia a través de su autorizado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 5. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, en virtud que mediante oficio sin número de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, envió copia del diverso *** de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a través del cual dieron respuesta a la petición formulada por el quejoso ****, mediante escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en relación a la información que solicitó sobre su situación laboral. El mismo le fue notificado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en su domicilio particular; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 6. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 7. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria y el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, remite copia del oficio SFyA/159/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a través del cual emitieron respuesta a la petición formulada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el quejoso Ángel Darío González Aponte, así como la notificación correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, misma que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Ma. Guadalupe Morales Martínez, Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que lo obliga a: Dar una respuesta congruente y por escrito (dentro de sus correspondientes facultades legales), al ocurso de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el quejoso Ángel Darío González Aponte. Y realizar la notificación correspondiente. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a Ma. Guadalupe Morales Martínez, en su carácter de Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda 2-29 2 Auto admisorio 64-71 3 Notificación al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito 72 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Fojas Sentido del Informe 1 Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por conducto de la Segunda Síndica Procuradora. 81 Niega 2 Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 78 Acepta 3 Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 85-91 Niega 4 Subsecretario de Administración de la Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 85-91 Niega 5 Encargado de Despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 85-91 Niega 6 Jefe de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, por conducto de la Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 85-91 Niega El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 1 Parte quejosa Documentales 31-62 2 Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero Documentales 79-80 El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten dichas pruebas, las cuales se desahogan en este preciso instante, en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. Acto continuo, el Secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Atento a la certificación que antecede, se concluye el periodo de pruebas y se continúa con el de alegatos. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon manifestaciones y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para formular su alegato ministerial. Se cierra el periodo de alegatos. Al tener en cuenta todo lo actuado se da por terminada la presente audiencia constitucional y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 499/2021, promovido por Ángel Darío González Aponte, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y otras autoridades. y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido el día siguiente a este órgano jurisdiccional Ángel Darío González Aponte, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales a las que pertenecen al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. Como ORDENADORAS: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Como EJECUTORAS: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO: La falta de contestación a mi escrito de fecha 20 de octubre de 2021 en ejercicio constitucional de derecho de petición; así como consecuencia la orden de desposesión, retención y/o suspensión del salario de la primera y segunda quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno que venía percibiendo como servidor público del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO y las quincenas subsecuentes de los meses de noviembre y diciembre de 2021 y del año 2022. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS: Reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que están ejecutando a la orden en perjuicio del suscrito." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 64-71), éste órgano federal desechó de manera parcial la demanda de amparo, en cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de desposesión, retención y/o suspensión del salario de la primera y segunda quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno que venía percibiendo el quejoso Ángel Darío González Aponte, como servidor público del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y las quincenas subsecuentes de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y de dos mil veintidós. Asimismo, en dicho proveído, se admitió la demanda únicamente contra el diverso acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (foja 72); todo lo cual se hizo en sus términos, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y otras autoridades, lo siguiente: La falta de contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado ante las responsable en esa misma data. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, pues al rendir su informe justificado por conducto de la Segunda Síndica Procuradora y representante legal de dicha municipalidad, dicha responsable negó el acto que se le reclama, Tal informe tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como la autoridad responsable negó el acto que se le reclama, genera una carga procesal probatoria a la parte quejosa, es decir, para acreditar sus pretensiones, debe aportar las pruebas que considere necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por las razones que expone, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (Lo resaltado es propio)". En el caso, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que evidenciara que hubiera instando ante dicha responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que concierne al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al rendir su informe justificado (foja 79) aceptó el acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, manifestó que no había dado contestación a dicho escrito; empero, mediante oficio PM/198/2021 de nueve de diciembre del año pasado, emitió una respuesta al referido escrito. Certeza que se corrobora, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del oficio PM/198/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones, por lo que se tiene como cierto el acto reclamado. Por su parte, la Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretario de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Jefe de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, todas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, negaron el acto reclamado; sin embargo, manifestaron que el quejoso Ángel Darío González Aponte, ingreso un escrito con fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que realizo diversas peticiones y en atención al contenido del mismo no se le dio respuesta favorable; por tanto, se les tiene por cierta su existencia. Es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Octava, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, aun de oficio debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el que aquí juzga advierte de oficio que en el caso respecto del acto reclamado señalado a la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, relativo a la omisión de dar contestación a la petición de la parte quejosa en escrito ingresado el veinte de octubre de dos mil veintiuno; se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De las constancias que integran el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado, documentales que en términos del considerando tercero de esta resolución se les confirió valor probatorio pleno, se advierte que efectivamente la parte quejosa presentó la promoción en veinte de octubre de dos mil veintiuno. Luego, en atención a ello, la responsable emitió el oficio PM/198/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se pronunció sobre el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de octubre de dos mil veintiuno. Por esa razón, como dicho acto procesal se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda (once de noviembre de dos mil veintiuno), es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional fue esencialmente que la responsable omitía dictar el acuerdo correspondiente a la promoción que le presentó la parte quejosa y fue recibida por la responsable en veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el momento en que la responsable emitió el oficio PM/198/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, como ya se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría garantía individual que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dicha autoridad responsable (Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero). Así las cosas, al no existir alguna otra causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse alguna otra de oficio, este juzgador procede al análisis del acto reclamado a las diversas autoridades responsables Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretario de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Jefe de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, todas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. No obstante, una vez analizadas las constancias que existen en autos, se advierte que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que se actualice alguna de oficio; por tanto, se procede el análisis de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos. En esencia, el promovente aduce que la autoridad responsable, trasgrede en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal al omitir dar respuesta a su petición de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado y recibido por las responsable en esa misma data. Es fundado su concepto de violación. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho, los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la norma jurídica se advierten los siguientes lineamientos: a) Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar respuesta a toda petición. b) No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo cuando los particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa; o que tratándose de materia política, las peticiones no sean requeridas por ciudadanos de la República. c) Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido éste. d) Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve, pudiendo variar la forma de hacerlo según sea el caso. Es aplicable por las razones jurídicas que sustenta, la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse."(Lo destacado es propio). En ese sentido, los funcionarios respetarán el ejercicio del derecho de petición, y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, porque todo funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición garantizado mediante su inclusión en la Constitución Federal al tener presente que cualquier petición que como funcionario se le enderece está dirigida a él como autoridad y no a la persona física, y que la prerrogativa constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza. Entonces, el derecho de petición cuyo titular es el gobernado en general significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Así, al ser el acto reclamado de carácter omisivo, en específico la falta de respuesta a una petición escrita, se tiene que es a la autoridad responsable a quien le compete comprobar mediante las constancias respectivas que no cometió la falta u omisión que se le imputa, es decir, probar que dio respuesta y la notificó; mientras que a la parte quejosa corresponde únicamente demostrar que efectivamente hizo uso de su derecho consagrado en el artículo 8º la Constitución, en forma escrita, de manera respetuosa y pacífica, tal y como lo prevé dicho numeral. En el caso, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo un escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado y recibido ante las responsables ese mismo día, lo que constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA QUEDA ACREDITADA POR LA CONFESIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, prevé respecto a la certeza de los actos reclamados dos situaciones: la primera, el supuesto de que las autoridades responsables no rindan su informe justificado, y los actos no sean en sí mismos inconstitucionales, caso en el cual queda a cargo de la parte quejosa aportar las pruebas pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad alegada; y la segunda, cuando habiendo rendido informe las autoridades responsables no acompañan copia certificada en que conste el acto reclamado; en este segundo supuesto, la falta de exhibición de las copias certificadas de las constancias en que apoyan su resolución no siempre hace imposible el estudio de la constitucionalidad de los actos, porque puede suceder que las propias autoridades reconozcan expresamente los actos reclamados. Siendo así, el a quo está en la posibilidad de estudiar la constitucionalidad de los actos y con base en ese supuesto negar o conceder el amparo solicitado; pero no aludir que por la falta de exhibición del oficio en que pudiera constar el acto reclamado debe llegarse a la conclusión de negar el amparo." Por tanto, es incuestionable que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio del promovente el derecho humano establecido en el artículo 8º de la Constitución Federal, porque a la fecha de la presente sentencia no existe constancia de que haya dado contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el quejoso y que le hubiere notificado la respuesta. En las narradas circunstancias, al resultar fundado el concepto de violación del quejoso, lo procedente es concederle el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal es para el efecto de que las autoridades responsables Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretario de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Jefe de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, todas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero: Den una respuesta congruente y por escrito (dentro de sus correspondientes facultades legales), al ocurso de veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el promovente y la notifiquen por el medio que sea procedente. OCTAVO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en los autos del presente juicio de amparo promovido por Ángel Darío González Aponte, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero y en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Ángel Darío González Aponte, por propio derecho, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Ángel Augusto Bello Ramos1496/2023
- Angel Avelino Esteban1118/2014
- Ángel Damián García Lozano781/2018
- Angel Damián García Lozano1811/2019
- Ángel Damian García Lozano1450/2018
- Ángel Daniel Salgado Leal510/2022
- Ángel Dominguez Bernabé391/2021
- Ángel Duran Rodriguez1359/2018
- Ángel Eduardo García Ramírez410/2019
- Angel Gaona Gaona593/2017
- Ángel Gaona Gaona1307/2017
- Angel Gaona Gaona1294/2016