Ángel Daniel Amarillas Álvarez
Expediente 1465/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1465/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Ángel Daniel Amarillas Álvarez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, formula alegatos a manera de intervención ministerial dentro del presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas sus manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con relación a las copias que solicita el promovente de la resolución que este Juzgado de Distrito emita dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la sentencia correspondiente, expídase en un tanto copia simple de la misma al solicitante. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que de los anexos que vinculó la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de control, al presente juicio de amparo, les asiste el carácter de tercero interesado a Sandra Esmeralda Pablo Barrera y Leidy Lizbeth Canasco Gutiérrez, Agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritas a la Agencia Quincuagésima Séptima Investigadora de la UEIDCS de la SEIDO, por ser quienes interviene en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficios para emplazarlas a este asunto, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, mismo que podrá ser remitido a las siguientes cuentas de correo electrónico sandra.pablo@fgr.org.mx y leidy.canasco@fgr.org.mx, respectivamente, quien, previa confirmación de recibido las misivas de referencia, deberá formular su razón actuarial correspondiente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO". Finalmente, a efecto de dar oportunidad a lo anterior e integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las once horas con cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de control, rinde su informe justificado dentro del presente juicio de amparo, e informa que habilitó la consulta del expediente electrónico de la causa penal 177/2020 de su índice. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por lo que hace al número telefónico que proporciona la autoridad oficiante se toma conocimiento. Ahora, toda vez que del registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente electrónico de la causa de control 177/2020 del índice de la autoridad oficiante, se encuentra debidamente vinculada al presente sumario; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la celebración de la audiencia constitucional Finalmente, con relación a lo informado atinente al carácter que ostenta Juan Carlos Espinoza Ulloa dentro de la causa penal de origen, se toma conocimiento, y se deja sin efectos el apercibimiento que le fue hecho a dicho profesionista mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por la cual, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitan copias certificadas de las constancias que así lo acredite; apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ahora, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa ********************, en esencia solicita se cause ejecutoria de la sentencia emitida el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés y se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento a dicha ejecutoria; en consecuencia, dígasele a la promovente que deberá de estarse a lo acordado en párrafos previos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Espinoza Ulloa, defensor particular de Ángel Daniel Amarillas Álvarez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México "Altiplano"; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1465/2023-II. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La omisión de pronunciarse respecto al recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 177/2020. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Juan Carlos Espinoza Ulloa, autorizado de Ángel Daniel Amarillas Álvarez, contra el acto descrito; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De tal manera, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sean requeridas posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este órgano de control constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, en lo individual, se le impondrá, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio al Juez responsable, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita la certificación correspondiente, informando si efectivamente el promovente Juan Carlos Espinoza Ulloa, es defensor particular de Ángel Daniel Amarillas Álvarez, dentro de la causa penal 177/2020 de su índice y remita las constancias que así lo acrediten; apercibido que en caso de ser omiso o no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, se apercibe al promovente que para el caso de carecer del carácter con el que se ostenta en este juicio, se hará acreedor a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México "Altiplano", que conoce de la causa penal 177/2020, por ser quien interviene en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado. En ese sentido, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para emplazarlo a este asunto, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO" Por otro lado, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Espinoza Ulloa, Jonathan Abel García Mejía y Karina Saory Pedroza Albarrán; y en términos del artículo 24 de la ley citada a la persona restante, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL". Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el físico señalado para tales efectos, sin que ello constituya una violación procesal al directo quejoso, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, undécima época, registro digital 2025391, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. [.] Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. [.] Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable... " Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
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