Angel Cortes Ruiz

Expediente 986/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
986/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Angel Cortes Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, a través del cual, remite copia certificada de las constancias que obran en el exhorto *******, derivado del expediente agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos; del que se advierte que, el nueve de junio del presente año, notificó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, antes Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, el contenido del acuerdo de diecisiete de mayo del actual, emitido en el expediente en cita. Asimismo, se tiene por recibido el oficio firmado por la Magistrada Titular del Tribunal Unitario agrario del Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, a través del cual, envía copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente ******; entre ellas, del acuerdo de veintiocho de junio del presente año, del que se desprende que, ordenó: -Girar el oficio *********, al Ingeniero Carlos Alberto de la Fuente Herrera, Director General del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciones (INDAABIN), a efecto de que, en el término de diez días hábiles, subsane o complemente el dictamen que tiene rendido con anterioridad en el juicio de origen; y, -Girar exhorto al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que notifique al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, antes Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, por conducto de su Presidente o de quien legalmente lo represente, el contenido citado auto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, para que, en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, copia certificada de las constancias con las que acredite el envío del oficio ******* y del exhorto ********. Lo anterior, a efecto de que este Juzgado, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOT.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la moral quejosa, y atento a su contenido se tiene a la parte promovente realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos en torno al presente juicio, mismas que podrán ser relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida la documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el numeral 119 de la ley en consulta, se desecha la prueba de inspección ocular que refiere la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que es extemporánea al no haber sido ofrecida con la debida anticipación de cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la primera audiencia constitucional (sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia) fijada para las diez horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, ya que el último día para haberlo realizado fue el diez de abril del año en curso, sin contar el doce, trece, catorce, quince y dieciséis de abril de la presente anualidad, por ser inhábiles, toda vez que tal como se desprende de autos, los hechos o situaciones que se pretende probar o desvirtuar, fueron conocidos por la parte quejosa desde antes de la presentación de la demanda de amparo. En efecto, cuando la parte oferente tiene conocimiento del hecho o situación cuya certeza pretende probar o desvirtuar, con tiempo anterior al previsto en el artículo 119 de la ley de la materia, teniendo como referencia la audiencia inicial, ya no podrá, válidamente, en periodo posterior ofrecer la prueba de mérito, en virtud de que ha precluido ese derecho procesal, salvo que esos hechos no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número P./J. 7/96, que por contradicción de tesis sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, tomo III, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expedites del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal.". Notifiquese; y personalmente a la parte quejosa.

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