Angel Correa Casales

Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
715/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Angel Correa Casales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    MESA V.- Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer en contra del sobreseimiento fuera de audiencia decretado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así como, no existe tomo de pruebas por separado. HACM

  2. Principal

    MESA V.- Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa lo requerido por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, y remite para tal efecto las constancias con las que acredita su proceder; por lo que, se tiene por cumplido el requerimiento formulado Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse y notificar a las partes del auto de admisión o desechamiento de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral ***. En esa tesitura, y toda vez que de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la junta proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, dentro de los autos del expediente laboral ***; determinación que le fue notificada a la parte actora, aquí quejoso, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y a la parte demandada el diecisiete de marzo del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: [...] La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable pronunciarse y notificar a las partes del auto de admisión o desechamiento de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral ***. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, dentro de los autos del expediente laboral ***; determinación que le fue notificada a la parte actora, aquí quejoso, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y a la parte demandada el diecisiete de marzo del año en curso; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido... Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior, sin que pase inadvertida la falta de emplazamiento a la parte tercero interesada, sin embargo, dado el sentido de la presente resolución se estima que ésta no trasciende a la esfera jurídica de dicha parte. HACM

  3. Principal

    CITATORIO.MESA V.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO; ACUERDO QUE EN SINTESIS DICE: "...Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa lo requerido por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, y remite para tal efecto las constancias con las que acredita su proceder; por lo que, se tiene por cumplido el requerimiento formulado Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse y notificar a las partes del auto de admisión o desechamiento de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral ***. En esa tesitura, y toda vez que de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la junta proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, dentro de los autos del expediente laboral ***; determinación que le fue notificada a la parte actora, aquí quejoso, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y a la parte demandada el diecisiete de marzo del año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: [...] La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable pronunciarse y notificar a las partes del auto de admisión o desechamiento de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral ***. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, dentro de los autos del expediente laboral ***; determinación que le fue notificada a la parte actora, aquí quejoso, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y a la parte demandada el diecisiete de marzo del año en curso; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido... Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior, sin que pase inadvertida la falta de emplazamiento a la parte tercero interesada, sin embargo, dado el sentido de la presente resolución se estima que ésta no trasciende a la esfera jurídica de dicha parte." CSH

  4. Principal

    MESA.- V CITATORIO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito del quejoso Ángel Correa Casales, por medio del cual manifiesta su insolvencia económica para cubrir el pago de los edictos ordenados, a fin de emplazar a la parte tercera interesada Fraccionamiento Real de Cuauhtémoc. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, proporcione su CURP (Clave Única de Registro de Población), fecha de nacimiento y su RFC (Registro Federal de Causantes), ello para que este juzgado se encuentre en condiciones de solicitar la información relativa a las dependencias gubernamentales, a fin de acreditar la insolvencia económica que refiere el promovente de amparo. Por lo que se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado, se tendrá por no hecha la manifestación de insolvencia y se acordará lo que en derecho corresponda. Lo anterior, toda vez que aun cuando el presente asunto deriva de un proceso de carácter laboral, ello no implica indubitablemente que la parte actora, aquí quejosa, no cuente con una fuente de ingresos diversa, ni se considera que el simple requerimiento de datos realizado constituya una carga procesal excepcionalmente gravosa a la promovente de amparo, ni que atente por sí misma al deber de actuar con sensibilidad social y protectora a los derechos de los trabajadores. Es así, ya que dicha información es necesaria para que sea éste juzgado, quien lleve a cabo las acciones que estima pertinentes para allegarse de los datos que en vía de informe solicitará a diversas dependencias, para acreditar la falta de capacidad económica alegada y, en su caso, pueda ordenar la publicación de los edictos decretados a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. ., Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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