Ángel Constantino Pérez López
Expediente 1162/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ángel Constantino Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de diciembre de este año, dictado en el juicio laboral 105/2020. Delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tiene como delegados de la citada autoridad a las personas que señala. Estado de autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual la autoridad responsable señaló el catorce de marzo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas correspondiente al expediente laboral 105/2020. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la dilación laboral excesiva con motivo del acuerdo de tres de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral 105/2020, en donde señala el catorce de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de diciembre de este año, dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dejó sin efectos la fecha antes referida y, en su lugar, fijaron las once horas del cinco de enero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. La parte quejosa demandó en la vía laboral a la persona moral Afore Sura, sociedad anónima de capital variable y otros por el pago de diversas prestaciones. 2. De dicha controversia le tocó conocer a la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado quien la registró bajo el expediente laboral 105/2020. 3. En la audiencia de demanda y excepciones celebrada el tres de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable señaló el catorce de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 4. Posteriormente, en acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, dejó sin efectos la fecha antes referida y, en su lugar, fijo las once horas del cinco de enero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen 105/2020. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen 105/2020, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado -dilación laboral excesiva-, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de seis de diciembre de este año, en el juicio laboral 105/2020; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de diciembre de este año, dictado en el juicio laboral 105/2020. Delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tiene como delegados de la citada autoridad a las personas que señala. Estado de autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual la autoridad responsable señaló el catorce de marzo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas correspondiente al expediente laboral 105/2020. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la dilación laboral excesiva con motivo del acuerdo de tres de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral 105/2020, en donde señala el catorce de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de diciembre de este año, dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dejó sin efectos la fecha antes referida y, en su lugar, fijaron las once horas del cinco de enero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. La parte quejosa demandó en la vía laboral a la persona moral Afore Sura, sociedad anónima de capital variable y otros por el pago de diversas prestaciones. 2. De dicha controversia le tocó conocer a la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado quien la registró bajo el expediente laboral 105/2020. 3. En la audiencia de demanda y excepciones celebrada el tres de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable señaló el catorce de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 4. Posteriormente, en acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, dejó sin efectos la fecha antes referida y, en su lugar, fijo las once horas del cinco de enero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen 105/2020. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen 105/2020, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado -dilación laboral excesiva-, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de seis de diciembre de este año, en el juicio laboral 105/2020; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos en particular la certificación que antecede y toda vez que el tercero interesado Afore Sura sociedad anónima de capital variable, no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de dieciséis de noviembre del presente año; y, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíqueseles lo subsecuente, aún de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado.
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