Ángel Christian Alcibar Carrillo
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ángel Christian Alcibar Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó el juicio de amparo indirecto 499/2021-IV; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído en el juicio y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por la Jueza del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México adscrita a al Unidad de Gestión Judicial Seis, toda vez que por auto de treinta y uno de agosto del año en curso, se resolvió el presente juicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza del Sistema Procesal Acusatorio de la ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Seis, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de los corrientes, informa que en proveído de veintisiete de agosto del año en curso, la sentencia dictada el diecinueve del mes y año en curso, quedo firme; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que del contenido del oficio con folio 10296, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impide la continuación de este proceso constitucional, como se explica a continuación. Es menester precisar que del análisis integral de la demanda de amparo en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos que se reclaman son los siguientes: La medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. La negativa de llevar a cabo la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Dictadas en la carpeta judicial ..., en las que, respectivamente se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y negó la modificación del régimen cautelar de mérito, que atribuyó a las autoridades siguientes en su denominación correcta: ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES FOLIO SENTIDO DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 7474 Acepta SANDRA KARIMI CHANÁN VELARDE JUEZA DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITA A LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL SEIS 8222 Acepta Dichas autoridades aceptaron la existencia de los actos tildados de inconstitucionales, lo que se acredita con las constancias relativas a la carpeta judicial 006/313/2021 que exhibió la potestad judicial y discos compactos que contienen las audiencias donde se dictaron los actos reclamados, medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. Ahora bien, respecto a las citadas determinaciones de trece y veinticinco de mayo de este año en las que, respectivamente, se impuso prisión preventiva justificada y se negó su modificación, el suscrito aprecia que en el caso que nos ocupa, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo. 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Lo anterior resulta incuestionable, toda vez que la juez de control responsable, mediante oficio UGJ6/36437/2021 informó que el diecinueve de los corrientes, en continuación de la audiencia intermedia, el quejoso optó por el procedimiento abreviado, de tal manera que autorizó dicha terminación anticipada del procedimiento y emitió fallo de condena; así también, a través de la diversa misiva UGJ6/37059/2021 anexó en disco compacto la audiencia de audio y video de diecinueve agosto actual, en la que se observa que a petición de procedimiento abreviado por la representación social y al no existir oposición del imputado: El Ministerio Público formuló acusación por el delito de extorsión, expuso los datos de prueba que la sustentan y, propuso la pena de prisión, sanción pecuniaria y reparación del daño que habría de imponérsele y solicitó la apertura del procedimiento abreviado. La víctima representada por el asesor jurídico, no presentó oposición, al tener por satisfecha la reparación del daño. Por su parte el imputado reconoció estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. *Expresamente renunció al juicio oral; *Consintió la aplicación del procedimiento abreviado; *Admitió su responsabilidad por el delito que se le imputa; *Aceptó ser sentenciado con base en los medios de convicción que expuso el Ministerio Público al formular la acusación. *Aceptaron las penas señaladas. La defensa señaló que los medios de prueba son los que se encuentran en la carpeta de investigación. Una vez que la Juez de control estableció que se han colmado los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penal autorizó el procedimiento abreviado y sin debate técnico por parte de las partes, procedió a dictar el fallo correspondiente. Dicto fallo de condena, declarando al ahora quejoso penalmente responsable por el delito de extorsión agraviada por su coautoría material y con fundamento en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales explicó de forma concisa los puntos resolutivos de la sentencia, esto es que se le imponían cinco años de prisión y mil días de multa, así como a la reparación del daño que se tuvo por satisfecha y concedió la suspensión condicional del proceso. Así, del oficio de mérito y disco compacto adjuntado a la diversa misiva UGJ6/37059/2021, deviene que en la especie operó un cambio de situación jurídica, toda vez que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitió fallo condenatorio a Ángel Christian Alcibar Carrillo, estimándolo penalmente responsable por el delito de extorsión agravada en la carpeta judicial 6/559/2021. En ese contexto, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia invocada, ya que con la nueva determinación emitida, resulta imposible entrar al análisis de los actos aquí combatidos, sin afectar la nueva situación jurídica que guarda con motivo de la sentencia condenatoria, generando el cese de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la autoridad de cosa juzgada. De ahí que en el caso que nos ocupa, se deba SOBRESEER en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista el ordinal 61, fracción XVII, del ordenamiento legal invocado. Sirve de apoya la tesis de jurisprudencia 2ª. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que se reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas consideraciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, resulta inoportuno entrar al estudio de fondo de los conceptos de inconformidad planteados en la demanda de derechos fundamentales por los impetrantes, ya que se impone sobreseer en el presente juicio, tal como ha quedado asentado en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal del Sexto Circuito, publicada en la página 252, del tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De igual forma, es importante destacar que arribar al sentido de la presente determinación, no implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia, además hágase saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En relación con lo anterior, se invoca la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista con el disco enviado por la responsable, ya que el ahora quejoso estuvo presente en la audiencia y conoce su contenido, diligencia en la que deviene una causa de sobreseimiento que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, a través del cual, en desahogo al requerimiento formulado en proveído de veinte de los actuales, remite un disco compacto que adjunta en un sobre cerrado. En ese sentido, el archivo electrónico remitido en disco compacto, queda en resguardo de esta secretaría, para los efectos legales conducentes, con apoyo en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el ordinal segundo de dicho ordenamiento, por lo que una vez que el presente asunto esté debidamente concluido, se acordará lo conducente en cuanto a su destino final. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga y, en términos del diverso 119 de la legislación de la materia, téngansele por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que del registro audio visual de la audiencia de diecinueve de agosto del año en curso, se advierte que el asesor jurídico de la víctima se reservó el derecho a apelar el fallo condenatorio emitido en procedimiento abreviado, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Seis, para que una vez que cause estado la resolución de mérito, sin posterior acuerdo al presente, y de manera inmediata, lo haga del conocimiento de este juzgador, debiendo remitir las constancias con las que acredite su dicho, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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