Ángel Chicuellar Nicolas
Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Vilma López Martínez
- Ángel Chicuellar Nicolas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Baja despacho. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que se cumplió con el objetivo del despacho 193/2023 orden 337/2023 -notificar al quejoso el auto de once de octubre del año en curso, foja 28-; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en mención; háganse las anotaciones de ley en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Hágase lo anterior, del conocimiento del Juez Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, en turno, a quien haya correspondido la diligenciación del citado despacho, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se autoriza a la persona secretario y/o actuario judicial a que firme el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de escrito aclaratorio. Se tiene por recibido el escrito del quejoso Ángel Chicuellar Nicolás, por el que desahoga oportunamente la prevención de once de octubre del año en curso. Desechamiento de la demanda. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez establecido lo anterior, del análisis del escrito de demanda, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)" III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro de juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Establecido lo anterior, de las manifestaciones que narra, bajo protesta de decir verdad, la parte peticionaria del amparo como antecedentes del acto reclamado, las cuales constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, se obtiene lo siguiente: En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa, a quien le reviste el carácter de actor en el expediente 434/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en esencia reclama como acto destacado: - La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que determina improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, donde acordó no ha lugar a señalar fecha para la segunda junta de herederos, toda vez que si bien se devolvió el exhorto que se envió a la Ciudad de Córdova, Veracruz, a éste no se anexó el edicto correspondiente; lo que considera constituye una denegación de justicia. Por tanto, el acto reclamado, no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. Es así, porque la resolución reclamada tiene como efecto, dejar firme el auto del juzgado responsable, donde determinó no ha lugar a señalar fecha para la segunda junta de herederos, dado que si bien se devolvió el exhorto que se envió a la Ciudad de Córdova, Veracruz, a éste no se anexó el edicto correspondiente; lo que evidencia que forma parte de una actuación procedimental que no transgrede de inmediato algún derecho sustantivo, porque de lo narrado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que lo resuelto por la responsable únicamente trasciende a una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; de modo que la violación reclamada es susceptible de repararse, sin que se advierta se afecte instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. De modo que, sus consecuencias no son susceptibles de producir de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, ya que sólo ocasiona que se retrase el asunto. Lo cual afecta únicamente derechos adjetivos o procesales que pueden repararse, porque el juicio génesis se encuentra en trámite, por lo que existe la posibilidad de que la parte aquí quejosa, quien denunció la sucesión intestamentaria a bienes de su extinto padre, pueda obtener una sentencia favorable -adjudicación de la sucesión-. Así las cosas, el acto reclamado, no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, por ejemplo, el embargo, imposición de multas, decreto de alimentos provisionales o definitivos, arresto, etcétera; lo cual no aconteció en la especie. De ahí, que asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el juicio procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la sentencia definitiva. En efecto, el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, como se ha dicho, previene que procede el amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, pero no cuando sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, máxime que la parte quejosa no es tercera extraña a juicio, pues fue quien denunció la sucesión intestamentaria a bienes de su difunto padre, entonces es la parte que gestionó el juicio de donde emana el acto reclamado. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio. Se le tiene reiterando el domicilio que indica en el proemio de su escrito, mismo que se tuvo como para ir y recibir notificaciones, el treinta y uno de octubre del año en curso. Se solicita devolucion de despacho. Atento a lo anterior, se solicita al Juez Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, en turno, a quien haya correspondido la diligenciación del despacho 193/2023 orden 337/2023, lo devuelva en el estado procesal que se encuentre, para efecto de dar de baja dicha comunicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se autoriza a la persona secretario y/o actuario judicial a que firme el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Pretende cumplir prevención. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito de José Antonio Acevedo Aguilar, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual pretende cumplir la prevención realizada en auto de once de octubre del año en curso, y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, no ha lugar a tener al promovente desahogando el requerimiento de que se trata, toda vez que se requirió en forma personal a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad aclarara su demanda de amparo. Al respecto, resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior". De lo anterior, se obtiene que el autorizado en amplios términos, tiene las siguientes facultades en el juicio de amparo: Interponer recursos. Ofrecimiento y rendición de pruebas. Alegar en las audiencias. Realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa del quejoso. Así las cosas, se estima que por regla general, el autorizado en amplios términos carece de facultades para desahogar prevenciones de demanda. Esto es así, pues no se puede perder de vista, que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Pues, es la parte quejosa quien directamente conoció el acto reclamado, pues a su consideración perjudicó su esfera jurídica, es por ello, que se considera que ésta es quien debe desahogar la prevención cuya naturaleza tenga relación estrecha con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, como en el presente caso. Sin que el desahogo de esta prevención, pueda quedar comprendida dentro de los actos necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyo el acto reclamado el cual aconteció con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Existen, casos de excepción, como cuando se previene para que la parte quejosa exhiba la totalidad de copias de la demanda, lo que se estima no alcanza algún vínculo directo con la acción constitucional, por lo que, el autorizado puede desahogar tal prevención, es decir, resulta un aspecto meramente procesal que equivale a un acto en apoyo de la defensa de los derechos del quejoso, pero no en el caso que tenga relacionada una cuestión de fondo, como en el caso, pues se trata de aclarar el acto reclamado, con la finalidad de fijar la litis que en dado caso, se seguiría en este asunto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materias(s): Común, Décima Época, con registro digital: 2007285, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta, el promovente. En consecuencia, se comisiona al Actuario llevador de este juicio de amparo, de inmediato notifique este auto, así como el diverso de once de octubre del año en curso, por economía procesal, y en aras de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia al quejoso. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo promovida por Ángel Chicuellar Nicolás, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 1041/2023, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Prevención. Ahora, vista la demanda de amparo promovida se advierte, diversas irregularidades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, con relación al numeral 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, aclare su demanda en los siguientes términos: Precise el acto reclamado; pues de la demanda de amparo no se advierte que hubiera señalado un capítulo específico; no obstante, por una parte, de los antecedentes se desprende que hace referencia a la resolución del recurso de revocación dictada el veinticinco de septiembre del año en curso y, por otra, del contexto de la demanda se aprecia que alude a la dilación en cuanto al señalamiento de la fecha para la segunda junta de herederos dentro del expediente 434/2021, del índice de la responsable. Tomando en cuenta lo anterior, deberá indicar: Sí señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación dictada el veinticinco de septiembre del año en curso. Sí reclama también la omisión del Juez Primero de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, de señalar fecha y hora para la segunda junta de herederos dentro del referido expediente. Amplié, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, esto es, el estado procesal que guarda el juicio 434/2021 del índice del Juez Primero de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pues refiere ser parte procesal en el mismo. Lo anterior, con la finalidad de proveer sobre la demanda que intenta, así como fijar correctamente la litis del amparo y en su caso que la autoridad responsable cuente con elementos suficientes para rendir su informe con justificación. Lo cual se traduce en la omisión de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 108 fracción IV y V, con relación al numeral 114, fracciones I y IV, todos del citado ordenamiento. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, solicítese a la parte promovente, sin que implique exigencia procesal, que al desahogar la prevención formulada en líneas precedentes, señale si con anterioridad promovió diverso juicio de amparo por actos que deriven del trámite que se lleva ante la responsable, y en caso afirmativo deberá precisar el número de juicio de amparo, así como el juzgado federal al que correspondió el conocimiento. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio. Ahora, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio, para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca, o bien, en esta localidad, sino que solo señala que tiene su domicilio ubicado en: Calle de Morelos número mil cuatrocientos cuatro (1404), de la Colonia Centro Histórico de la Ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En tales condiciones, por esta única ocasión, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento despacho al Juzgado Familiar de Tuxtepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, encomiende a quien corresponda, se constituya en el citado domicilio y notifique al aquí quejoso el contenido de la presente determinación. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, lo requiera, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, o en esta localidad, donde reciba sus notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. Hecho lo anterior, se solicita al Juzgado que corresponda conocer de la citada comunicación oficial, que la devolución de la misma, la podrá enviar vía correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Acevedo Aguilar, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente o por no contar con el registro respectivo. Notificación electrónica. Toda vez que el correo electrónico joseantonio_ac@hotmail.com no está registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no ha lugar a realizar sus notificaciones vía electrónica. Correo electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota del correo electrónico que indica para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente al quejoso mediante despacho que se gire al Juzgado Familiar de Tuxtepec, en turno.
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