Ángel Carrillo Rodríguez
Expediente 1224/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 27 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ángel Carrillo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por la Administradora Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal, en suplencia por ausencia del Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el documento de cuenta y anexos, así como del diverso oficio 400-19-00-01-00-2022, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Colima "1", recibido el uno de abril de dos mil veintidós, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, corriéndole al efecto traslado con copia simple de los mismos. Apercibida que de no desahogar la vista que se le da dentro del término que se le concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, glósense a los autos los documentos signados por la Administradora de Amparos e Instancias Judiciales en representación de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, por el cual solicitan los datos del Registro Federal de Contribuyentes de la parte quejosa, a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, no procede remitir la información solicitada, toda vez que del oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se advierte que cumple con la ejecutoria de amparo, pues refiere que de la información que obra en los sistemas de esa institución, obtuvo el domicilio y registro federal de contribuyentes del quejoso, informando que al citado contribuyente no le fue instaurado ningún procedimiento de revisión electrónica; de ahí que se estime innecesario remitir los datos que señalan dichas autoridades, debido a que la autoridad competente para cumplir con el fallo protector es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, según se advierte del proveído de cuatro de abril del año en curso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Colima "1", por el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió el oficio 400-19-00-01-00-2022-172 de treinta de marzo del año en curso, en el que notificó a la parte quejosa ***, que no exigirá el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica durante la vigencia del artículo 53-B fracción IV, Segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, señala que en lo referente al procedimiento de revisión electrónica, se trata de funciones y facultades que no son competencia de esa autoridad fiscal, sino de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal y remite constancias con las que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como de la notificación realizada mediante buzón tributario. En razón a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós y queda sin efectos el apercibimiento decretado. Asimismo, en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, respecto a la competencia que corresponde a la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, para tramitar procedimiento de revisiones electrónicas a los contribuyentes, a fin de lograr el cabal cumplimiento a los efectos para los que se concedió el fallo protector, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de amparo, requiérase a la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que quede notificada del presente acuerdo, acate la ejecutoria de amparo concedida a la parte quejosa ***; para lo cual, deberán remitir constancias que, en su caso, acrediten el debido cumplimiento al fallo protector, en específico el resolutivo tercero de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete por este Órgano jurisdiccional; por tanto, se ordena remitir a la autoridad en cita copia de la resolución dictada por este juzgador a efecto de que esté en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Apercibida que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de revisión 237/2017, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento y la negativa del amparo reflejados en los resolutivos primero y segundo del fallo recurrido, ante la falta de impugnación de la parte quejosa que es quien resiente esas determinaciones SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ***, respecto del reclamo de inconstitucionalidad del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, conforme al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 para los efectos precisados en la resolución recurrida." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Ahora bien, de la ejecutoria dictada por la superioridad, en específico en el quinto considerando visible a foja 43, se advierte que no fue materia de la revisión interpuesta por la quejosa, el resolutivo tercero de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete por este Órgano jurisdiccional, en la que se concedió el amparo para los efectos siguientes: ".resulta procedente conceder la protección constitucional respecto de la porción normativa mencionada para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en perjuicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar ese hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." ".TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los actos que reclamó de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en su ámbito competencial, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Sin que en el presente caso sea procedente requerir el cumplimiento de la presente ejecutoria al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, en virtud de que las autoridades que intervienen en el proceso de creación de una ley, reglamento o decreto no están obligadas a cumplir, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2ª.CXV/97, publicada en la página cuatrocientos catorce, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que, dentro del término de tres días, acaten la ejecutoria de amparo; para lo cual, deberán remitir constancias que, en su caso, acrediten el debido cumplimiento al fallo protector, en específico el resolutivo tercero de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete por este Órgano jurisdiccional; remitiéndosele al efecto copia de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. Apercibidos que de no hacerlo, se les aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes
- Ángel Ariel Cardona Belmonte913/2015
- Ángel Ariel Cardona Belmonte483/2015
- Angel Ariel Cardona Belmonte34/2019
- Ángel Arturo Gómez Tadeo442/2014
- Ángel Buenrostro Vega485/2021
- Ángel Camacho Macías1497/2012
- Ángel Ceja Cruz1385/2013
- Ángel Constantino Aguilar Penunuri564/2016
- Angel Custodio Reyna Sánchez507/2022
- Angel de Jesús Araujo Rodríguez1230/2022
- Ángel de Jesús López1666/2016
- Ángel Duarte Figueroa585/2012