Angel Carneado Garcia
Expediente 1149/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angel Carneado Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante oficio recibido con folio 26256 (fojas 33 a 37) el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del laudo de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado en el juicio laboral 1030/2016, de su estadística; sin embargo, no ha remitido las constancias de notificación realizadas a las partes, relativas a la referida resolución. En atención a lo anterior, se requiere a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de cinco días: Remita copia certificada de las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto del laudo dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, en el entendido de que subsisten los apercibimientos realizados mediante proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de treinta y cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Conviene señalar que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal y atiende a la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral de origen, así como a los términos establecidos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Además, a que es un hecho notorio para el suscrito las condiciones en que labora dicha autoridad, como lo es la falta de presupuesto, de personal y, desde luego, las altas cargas laborales. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2005325, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Se apercibe a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con nueve minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1149/2018, promovido por Ángel Carneado García, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental remitida por la Junta responsable; la que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; tampoco la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó intervención ministerial alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1149/2018, de su índice. RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y recibido el mismo día en este Juzgado, Ángel Carneado García, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, contra el acto siguiente: ".La omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del juicio especial laboral, radicado bajo el número de expediente 1030/2016 en virtud de que a la fecha no se ha dictado el laudo correspondiente mismo que bajo protesta a decir verdad ya se tuvo realizado el cierre de instrucción, por lo que solicito a su señoría ordene a la responsable dictar dicho laudo dentro de los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda de amparo pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral, en el que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 1030/2016, dentro de los plazos precisados en la Ley Federal del Trabajo. III. Acto reclamado existente. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Junta responsable, puesto que así lo manifestó al rendir su informe justificado, remitiendo para acreditarlo copia certificada de la constancia que obra en el juicio de origen, a la cual se le confiere pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como el quejoso reclamó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1030/2016, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Procedencia del juicio de amparo. El presente juicio es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, pues en el caso se reclama la omisión de dictar el laudo dentro de un juicio laboral. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 8/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182160, de rubro y texto siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Así, como las partes no hacen valer ninguna causal de improcedencia, ni este juzgado las advierte de oficio, tal y como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, por lo que se debe otorgar el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. El quejoso aduce que la responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que hasta la fecha de la presentación de su escrito de demanda de amparo, no había dictado el laudo correspondiente al expediente laboral 1030/2016, siendo que ya había transcurrido el término establecido en la Ley Federal del Trabajo para ello. Y tiene razón, pues la Junta responsable ha excedido los términos establecidos en dicha Ley laboral para el dictado del laudo respectivo, lo cual constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Disposiciones normativas de las que se desprende que corresponde al legislador ordinario establecer los plazos y términos tanto para que los gobernados acudan a los órganos jurisdiccionales como para que éstos sustancien y resuelvan los negocios puestos a su conocimiento, con la única limitante de que garantice que tales instancias encargadas de impartir justicia se constituyan como un mecanismo real, expedito y eficiente para la defensa de los derechos, pues una demora prolongada en su actuar, puede constituir, por sí misma, una denegación de justicia y, por ende, la violación de ese derecho humano. Aunado a lo anterior, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que una vez cerrada la etapa de instrucción, el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá entregarse copia del mismo a cada miembro de la Junta, quienes dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que lo hubieran recibido podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que deberán llevarse a cabo en los ocho días subsecuentes y, que transcurrido dicho término, en un plazo no mayor de diez días el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del proyecto, el que en caso de ser aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y firmará de inmediato. Contexto jurídico del que se desprende que el legislador ordinario consideró razonable que una vez cerrado el periodo de instrucción, el plazo máximo para el dictado del laudo correspondiente sería de veinticinco días si los miembros de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva consideraban que no era necesario realizar ninguna diligencia adicional a las ya llevadas a cabo al momento de que se les entregó la copia del proyecto de laudo y de treinta y tres si así fuera. Así, sobre la base de tales fundamentos normativos, es dable concluir que si alguna Junta de Conciliación y Arbitraje se excede de dichos plazos -los cuales gozan de la presunción de ser razonables- para dictar el laudo correspondiente una vez que decretó el cierre de instrucción en el proceso laboral de que se trate, tal actuación constituiría por sí misma una denegación de justicia y, por consiguiente, una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición, en la medida en la que prolongaría la indeterminación de los derechos laborales en disputa. De modo tal que, si en el caso, la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, no obstante de haber transcurrido, desde la fecha en que ordenó turnar los autos al auxiliar proyectista -veinticinco de mayo de dos mil dieciocho- a la fecha de presentación de demanda de amparo, un mes y medio, entonces, es claro que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, en su vertiente de pronta impartición y, por ende, debe concederse la protección constitucional solicitada para subsanar dicha afectación. Sin que obste que la Junta responsable, haya manifestado que su proceder no es por negligencia sino debido a la excesiva carga de trabajo que impera en ese órgano materialmente jurisdiccional; sin embargo, por más plausible que sea ese argumento, el quejoso ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación procede otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitados, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión consiste en que una vez que cause ejecutoria este fallo, la Junta responsable dicte el laudo correspondiente en el expediente laboral 1030/2016, y lo notifique a las partes. VIII. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ángel Carneado García, por las razones señaladas y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena el envío y captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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