Angel Bernabe Barrientos Trejo
Expediente 873/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Angel Bernabe Barrientos Trejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida ANGEL BERNABE BARRIENTOS TREJO, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITO A LA UNIDAD DE ORIENTACION, ANALISIS Y RESOLUCION INMEDIATA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 873/2018. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, ADSCRITO A LA UNIDAD DE ORIENTACION, ANALISIS Y RESOLUCION INMEDIATA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA los actos siguientes: 1.- La integración de la carpeta de investigación número 7669/2018/Z.C. 2.- La posible citación dentro de la carpeta de investigación número 7669/2018/Z.C. Actos respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, lo que conlleva a desechar la demanda de amparo por los motivos que a continuación se expresan. Por cuanto hace al acto consistente en la integración de una carpeta de investigación se desecha la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 21 Constitucional. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria vigente del Juicio Constitucional, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato..." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencia y tesis aislada: Jurisprudencia número 68, publicada en la página 49, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AVERIGUACIONES PENALES. La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías." De igual forma, la tesis 1a. CXXXV/2004; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, Diciembre de 2004; Página: 351; con el texto y rubro siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En estas condiciones, es evidente que los actos por los que pretende hacer valer su demanda consistente en la integración de la carpeta de investigación 7669/2018/Z.C. en su contra, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. Por otra parte, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la posible citación dentro de la carpeta de investigación número 7669/2018/Z.C. se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 1°, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los numerales transcritos se observa que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que se obtiene que dicho juicio procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Pues, estimarse lo contrario, traería como consecuencia que en la sentencia que se dicte se analicen necesariamente actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que desnaturalizaría la finalidad del juicio de amparo, consistente en obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio; lo que generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. De ahí la improcedencia del juicio de amparo en contra la posible citación reclamada, al no tratarse de un acto concreto y existente a la fecha de presentación de demanda sino de uno probable o eventual. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal Superior de Justicia al resolver la contradicción de tesis 57/1995, que dio origen a la tesis 1a./J. 36/98, del Tomo VII, Junio de 1998, visible a página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196072, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado" No obstante lo anterior, aun cuando fuera probable y cierta la emisión del citatorio que por esta vía reclama, al no contener apercibimiento o medida de apremio alguno que pueda transgredir la esfera jurídica del quejoso, resulta improcedente el juicio de amparo intentado al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En efecto, dicho numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del justiciable, y en este sentido, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una ley. Lo cual presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando a instar el cese de esa violación, y es, por consecuencia, ese derecho protegido lo que constituye el interés jurídico, indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En este contexto, se destaca que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve trasgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Por lo que, si en el caso el citatorio reclamado no contiene apercibimiento o medida de apremio alguno para el caso de no comparecer a dicha citación, resulta evidente que no se irroga agravio alguno al promovente del amparo; dado que se encuentra en libertad de acudir o no al llamado de la autoridad, pues si no acude no causa efecto alguno y, por ende, deviene improcedente el juicio de amparo tramitado en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.P.118 P (10a.) Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito, Septiembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguientes: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 113 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, ésta última fracción en relación con el diverso 1 de la propia ley y 21 Constitucional, ambos en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene como señalado el domicilio que señala en su demanda, y como autorizados en términos del amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Pedro Augusto Reyes Hernández, y con las restricciones que el referido artículo prevé respecto de los diverso que menciona, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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