Ángel Ávila Paniagua

Expediente 1/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Ángel Ávila Paniagua
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ángel Ávila Paniagua por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México; fórmese expediente y regístrese con el número 1/2019-IV. Improcedencia. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en el expediente 472/2017, donde al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario respecto de Gustavo Benítez Ávila y María Josefina Ávila Amador, previno a la parte actora de la reconvención para que ampliará su demanda en contra de la sucesión de Felipe Ávila Domínguez y proporcione el nombre del albacea o interventor de la sucesión así como su domicilio para que pueda ser emplazada dicha parte. 2. El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en el expediente 472/2017, donde estimó actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario respecto de Gustavo Benítez Ávila y María Josefina Ávila Amador, era necesario dejar sin efectos el turno para dictado de sentencia y prórroga concedida para ese efecto. De lo anterior, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclaman determinaciones sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. Esto es, el juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. Ello estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme tilda de inconstitucional: 1. El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en el expediente 472/2017, donde al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario respecto de Gustavo Benítez Ávila y María Josefina Ávila Amador, previno a la parte actora de la reconvención para que ampliará su demanda en contra de la sucesión de Felipe Ávila Domínguez y proporcione el nombre del albacea o interventor de la sucesión así como su domicilio para que pueda ser emplazada dicha parte. 2. El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en el expediente 472/2017, donde estimó actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario respecto de Gustavo Benítez Ávila y María Josefina Ávila Amador, era necesario dejar sin efectos el turno para dictado de sentencia y prórroga concedida para ese efecto. Las determinaciones en comento no tienen el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que las determinaciones reclamadas pueden ser modificadas o revocadas a través del recurso de revocación contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone lo siguiente: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que contra los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra las determinaciones referidas, resulta evidente que debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Es decir, los actos reclamados emitidos por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, pueden ser combatidos a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México); b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (artículo 1.362), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra, a través del cual podían ser modificados, revocados o nulificados; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del expediente 472/2017, en el cual se emitieron las actuaciones reclamadas. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir los autos de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictados por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en el expediente 472/2017, es el recurso de revocación, la parte quejosa debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Y la jurisprudencia publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México." Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción; en consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Ángel Ávila Paniagua. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el que indicó consistente en los "estrados" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Masaraí Rojo González y a la restante persona en términos restringidos de dicho numeral. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por medio lista a la parte quejosa de conformidad con el presente acuerdo.

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