Ángel Ávila Becerril
Expediente 519/2014 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 66 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 66
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ángel Ávila Becerril
- David Mandujano Sánchez
- Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 66.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce este órgano colegiado resolvió conceder la protección constitucional a Ángel Ávila Becerril, contra el acto reclamado del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, consistente en la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, dictada en el toca penal número 183/2009-III. Los efectos de la ejecutoria de amparo, fueron los siguientes: I. Deje insubsistente la sentencia de apelación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, dentro del toca penal número 183/2009-III, sólo por cuanto a Ángel Ávila Becerril. II. Dicte otra en la que: 1. Revoque la sentencia de primera instancia, emitida el veinticuatro de julio de dos mil nueve, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro de la causa penal 78/2002-III, también sólo por cuanto a Ángel Ávila Becerril. 2. Ordene la reposición del procedimiento hasta la diligencia judicial inmediata anterior al auto que declara cerrada la instrucción, con la finalidad de que el juez de primera instancia: a) Emita una determinación en la que establezca la adecuada previsión del delito materia del proceso penal, en términos de la legislación aplicable. b) Proceda a la notificación de la traslación normativa a las partes, a efecto de que éstas, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por medio del ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga, sólo en relación con la traslación normativa efectuada. c) Hecho lo anterior, continúe con el proceso hasta su conclusión. d) Se declare el cierre de instrucción y, una vez que las partes formulen conclusiones, se proceda al dictado de la sentencia teniendo como base las disposiciones legales penales que resultan aplicables en atención a la naturaleza de cada uno de los delitos. e) En el entendido que, de dictar nuevamente sentencia condenatoria, específicamente por lo que respecta al delito conexo que originalmente era del fuero común, no deberá imponer penas que superen las determinadas con anterioridad en la sentencia declarada inconstitucional, en estricta observancia al principio de non reformatio in peius. Cabe aclarar que esta directriz tiene por objeto salvaguardar en el proceso penal todas las diligencias relacionadas con la producción de pruebas en la etapa de instrucción y además, evitar la dilación del asunto para que una vez que las partes hagan valer sus derechos en lo atinente a la traslación normativa. f) Para cumplir lo anterior, el juez federal de primera instancia debe procurar concluir el procedimiento de instrucción en un tiempo prudente, mediante la implementación de las medidas que juzgue necesarias, a fin de garantizar la prontitud en la impartición de justicia, para no vulnerar el contenido normativo del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal (.)". Ahora bien, el Tribunal Unitario responsable con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió las constancias siguientes: I.- Proveído de cuatro de diciembre de dos mil catorce, por el cual dejó insubsistente la sentencia que dictó el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, por cuanto hace al justiciable Ángel Ávila Becerril. II.- Sentencia de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 183/2009-III. Por su parte el Juez de Distrito, remitió lo siguiente: 1.- Auto de diez de diciembre de dos mil catorce, en el que repuso el procedimiento en la causa penal 78/2002 hasta el proveído de diez de octubre de dos mil ocho, data en que había declarado el cierre de la instrucción, asimismo confrontó el contenido del Código Penal Para el Estado de Tlaxcala y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, determinando que el delito conexo denominado secuestro en su modalidad de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Rafael Carmona Arroyo se regiría en lo subsecuente, en conformidad con los numerales 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, porque dicha legislación prevé una sanción menor a la establecida en el citado Código Penal en la época de la comisión del delito. También ordenó la notificación de dicha traslación normativa a los procesados, a sus defensores y al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para que dentro de un plazo probatorio extraordinario de diez días, ejercieran su derecho de defensa. 2.- Proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que declaró agotada la instrucción y puso los autos a la vista de las partes para que en el plazo de diez días ofrecieran las pruebas que considerarán pertinentes. 3.- Auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el que se declaró cerrada la instrucción al considerar que no existe prueba alguna pendiente de desahogo, otorgando el plazo de diez a las partes para que formularan sus conclusiones. 4.- Proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el que tuvo al representante social de su adscripción formulando conclusiones acusatorias, por lo que dio vista a los procesados y su defensa para que en el plazo de diez días contestaran lo que a su interés conviniera. 5.- Auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual señaló fecha para celebrar la audiencia de vista correspondiente. 6.- Sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 78/2002. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. A fin de que el Tribunal Unitario de Vigésimo Octavo Circuito diera cumplimiento con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, debió proceder a lo siguiente: I. Dejar insubsistente la sentencia de apelación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, dentro del toca penal número 183/2009-III, sólo por cuanto a Ángel Ávila Becerril. II. Dictar otra en la que: 1. Revoque la sentencia de primera instancia, emitida el veinticuatro de julio de dos mil nueve, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro de la causa penal 78/2002-III, también sólo por cuanto a Ángel Ávila Becerril. 2. Ordene la reposición del procedimiento hasta la diligencia judicial inmediata anterior al auto que declara cerrada la instrucción, con la finalidad de que el juez de primera instancia: a) Emita una determinación en la que establezca la adecuada previsión del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en términos de la legislación aplicable. b) Notifique la traslación normativa a las partes, a efecto de que éstas, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por medio del ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga, sólo en relación con la traslación normativa efectuada. c) Hecho lo anterior, continúe con el proceso hasta su conclusión. d) Declare el cierre de instrucción y, una vez que las partes formulen conclusiones, proceda al dictado de la sentencia teniendo como base las disposiciones legales penales que resultan aplicables en atención a la naturaleza del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. e) En el entendido que, de dictar nuevamente sentencia condenatoria, específicamente por lo que respecta al delito conexo (privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro), no deberá imponer penas que superen las determinadas con anterioridad. f) El juez federal de primera instancia debe procurar concluir el procedimiento de instrucción en un tiempo prudente. Ahora bien, el lineamiento número I quedó cumplido porque el Tribunal Unitario responsable, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dejó insubsistente la diversa de apelación de dieciséis de diciembre de dos mil nueve dictada en el toca penal 183/2009-III, por cuanto hace al quejoso Ángel Ávila Becerril. La directriz marcada con el número II, puntos 1 y 2, incisos a), b), c), d), e) y f), también han sido cumplidos, como se observa a continuación: 1) El cinco de diciembre de dos mil catorce dictó sentencia en el toca penal 183/2009-III en la cual revocó la sentencia condenatoria de primera instancia de veinticuatro de julio de dos mil nueve dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala en la causa penal 78/2002-III instruida a Ángel Ávila Becerril y otros (foja 119 vuelta del juicio de amparo). 2) En la misma sentencia ordenó al juez de la causa reponer el procedimiento por lo que respecta al procesado Ángel Ávila Becerril, hasta la diligencia judicial inmediata anterior al auto de diez de octubre de dos mil ocho- en el que declaró cerrada la instrucción-; asimismo, le instruyó para que determinara la adecuada previsión del delito del fuero común -materia del proceso-, en términos de la legislación aplicable y comunicara la traslación normativa a las partes, a fin de que los justiciables estuvieran en posibilidad de ejercer su derecho de defensa relacionado con dicho aspecto (foja 119 vuelta y120 ídem). En la parte del fallo protector que correspondió al Juez Segundo de Distrito del Estado de Tlaxcala, se observa que cumplió con lo siguiente: a), b),c).- En auto de diez de diciembre de dos mil catorce, repuso el procedimiento en la causa penal 78/2002, hasta el proveído de diez de octubre de dos mil ocho, data en la que declaró cerrada la instrucción (foja 519), asimismo, realizó un análisis del Código Penal para el Estado de Tlaxcala y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, concluyendo que la segunda norma legal era la más benéfica a los procesados porque prevé una pena menor en la época de los hechos, a la establecida en el Código Penal citado, por lo que hace al delito de secuestro en su modalidad de privación de la libertad, mismo que en lo subsecuente se regirá en términos de los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (foja 130 vuelta ídem), en consecuencia, ordenó notificar a los procesados dicha traslación normativa requiriendo a los procesados (entre otros a Ángel Ávila Becerril), a sus defensores y al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, para que en un plazo probatorio extraordinario de diez días ejercieran su derecho de defensa (foja 129 vuelta ídem). d).- En auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve declaró agotada la instrucción, ordenó poner los autos de la causa penal 78/2002 a la vista de las partes por el término de diez días comunes para promover las pruebas pertinentes y se puedan diligenciar dentro de los quince días siguientes (foja 487 ídem). Y en proveído de trece de mayo del mismo año, al considerar que no existe prueba alguna pendiente por desahogar declaró el cierre de la misma, dando vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a los procesados y a sus respectivos defensores para que en el plazo de treinta días hábiles formularan y contestaran conclusiones (foja 491 ídem). Derivado de lo anterior, por auto de veinticinco de junio del año en curso (foja 495 ídem), el juez de la causa tuvo al representante social de su adscripción formulando conclusiones en contra de los procesados Ángel Ávila Becerril y Zenón León Arroyo o José Zenón León Romero, por los delitos de delincuencia organizada previsto en el artículo 2°, fracción V y sancionado en el 4°, fracción II, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en concordancia con el numeral 13, fracción III del Código Penal Federal y el de secuestro previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dando vista a los acusados y a sus respectivos defensores para que en el plazo de treinta días hábiles formularan y contestaran lo que a su interés conviniera (foja 494 ídem). El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el juez consideró que la defensa de los acusados formuló sus conclusiones, por tanto señaló el once de septiembre siguiente para que tuviera verificativo la audiencia de vista correspondiente (foja 499 ídem). e) y f).- Una vez que se formularon las conclusiones respectivas y al haberse celebrado la audiencia de ley, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dictó sentencia (fojas 505 a la 645 ídem), en la que resolvió: Condenar a Zenón León Arroyo o José Zenón León Romero, Ángel Ávila Becerril y Javier Rivera González, al considerarlos penalmente responsables de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, cometido en agravio de Rafael Carmona Arroyo, previsto y sancionado en términos de los artículos 9° y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por lo que les impuso a cada uno, una pena de veinte años de prisión y multa equivalente a dos mil quinientos días de salario mínimo vigente; sin condenar al pago de la reparación del daño (fojas 644 vuelta y 645 ídem), penas que no exceden el quantum de las determinadas en la sentencia declarada inconstitucional. Atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso concreto, se declara que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, determinación que se hace extensiva a la autoridad ejecutora.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticinco de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite copia autorizada de la sentencia de veintitrés de octubre del año en curso, dictada por el titular del referido juzgado; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con las diversas constancias remitidas por la mencionada autoridad y sus respectivos anexos, relativos a dicho cumplimiento, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notifíquese, personalmente al quejoso en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; por lista al tercero interesado, y por oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al tribunal responsable.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en lo que concierne al presente asunto, informa que, tomando en cuenta las conclusiones formuladas por el defensor particular del acusado Ángel Ávila Becerril, se señalaron las once horas del treinta minutos del once del mes y año en curso, para que tenga verificativo la audiencia que refiere el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que tendrá efectos de citación para sentencia. En consecuencia, solicítese a la autoridad responsable que una vez que suceda lo anterior, lo informe y remita constancia que así lo acredite.
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