Angel Aviel Ponce Villareal
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Angel Aviel Ponce Villareal
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no fue recurrida por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se ANA LUISA WONG LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.e7 27/02/22 09:53:28 declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción de expediente. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Transferencia y destrucción. Transcurridos los tres años que se refiere el primer párrafo del numeral citado en líneas que anteceden, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Promoción. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***********, mediante el cual en desahogo a la vista otorgada en proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que solicita se sobresea el presente juicio, en razón de que no es su voluntad ampliar la demanda respecto a la respuesta dada por la responsable a su escrito de petición. Análisis previo. Atento a lo anterior, debido a que en proveído de ocho de febrero del presente año, se le dio visto para efecto de que manifestara si señalaba como acto reclamado la respuesta otorgada por la autoridad responsable mediante oficio DAPE/0005/2021 de tres del citado mes y año, mediante el cual le dieron contestación a su petición formulada en escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso manifiesta que no desea ampliar su demanda respecto a la contestación realizada por la autoridad responsable; motivo por el cual solicita se sobresee el presente juicio. Causal de improcedencia. Por tanto, es evidente que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado, en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; debido a que la conducta que se atribuía a las autoridades responsables ha desaparecido, como si se hubiere otorgado la protección constitucional, mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo antes expuesto, hace la desaparición total de los efectos del citado acto reclamado, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, puesto que la parte quejosa manifestó que con la emisión del oficio DAPE/0005/2021 de tres del citado mes y año, se da por contestado a su escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte. En ese sentido, es inconcuso que ya no existe la conducta que dio origen al presente juicio de amparo (la omisión de admitir, dar trámite, emitir y notificar la respuesta a su escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte), ya que la autoridad responsable emitió el oficio DAPE/0005/2021 de tres del citado mes y año, con el cual le dio contestación al mismo, lo que hace que exista una cesación de los efectos de los actos reclamados. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir; aunado que el quejoso exteriorizó su deseo de no tener como nuevo acto, la respuesta dada. En tal virtud, es claro que dicha situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los actos de los cuales se dolía la impetrante de amparo. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro número 193758, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aun con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, ya que invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.Promoción. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado vía electrónica por Monserrat del Carmen García Villarreal, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita se difiera la audiencia constitucional. Acuerdo. Atento a su contenido, comuníquese na la promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que se difirió la audiencia constitucional.
- Principal
Recepción. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por la Encargada del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe con justificación y en el mismo da respuesta al escrito de petición de tres de diciembre de dos mil veinte formulado por el quejoso, materia del juicio de amparo en que se actúa. Vista. En consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, en conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, acorde con el párrafo octavo del referido numeral, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si señala como acto reclamado la respuesta otorgada por la autoridad responsable mediante oficio DAPE/0005/2021, de tres de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento al respecto, dicho acto no será materia de estudio del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 136/2011 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, página 801, con número de registro 160116). Acuerdo. Finalmente, la Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal.
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