Ángel Arroyo Villagrán y Otros.

Expediente 363/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Ángel Arroyo Villagrán
  • Alan Arroyo Cano
  • Ángel Arroyo Villagrán y Otros.
  • Dilia Edith Aguilar Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de diciembre pasado, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 363/2020, promovido por Ángel Arroyo Villagrán, Dalia Edith Aguilar Torres, y el menor de edad Alan Arroyo Cano, por conducto de su apoderado legal, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de julio del año en curso, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, y recibido en esa misma fecha, Ángel Arroyo Villagrán, Dalia Edith Aguilar Torres, y el menor de edad Alan Arroyo Cano, por conducto de su apoderado legal, promovieron demanda de amparo indirecto contra la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de dos de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente 363/2020; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: "a). La negativa y omisión de otorgar las medidas de protección contempladas en el artículo 137, fracciones I, II, V, VI y VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales" TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Sin embargo, es el caso que su negativa queda desvirtuada, pues del contenido de su informe, se advierte manifestación que evidencia la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior es así, ya que refiere que mediante data de tres de julio del año en curso, solicitó de los elementos de la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, las medidas de protección de manera provisional a los aquí quejosos; así como que mediante escrito de veintidós de julio del año en curso, dirigido a la Comisionada de Seguridad de Morelia con sede en esta ciudad, solicitó se le diera información sobre los avances de la medida de protección otorgada por este órgano jurisdiccional a los aquí quejosos, contestación que fue atendida mediante oficio PM/DC/1031/2020, signado por el Comisario General de la Policía Municipal de Morelia, de veintisiete de julio del año que transcurre, a través del cual se le adjuntaron diversas documentales entre las que destacan una tarjeta informativa signada por la comandante Ana Beatriz Medina Hernández, encargada del sector III, de la Unidad de Proximidad y Vigilancia a través de la cual afirma queda en evidencia que cumplieron con la medida de protección a los aquí quejosos, al estar realizando recorridos desde la fecha del otorgamiento de la medida de protección durante doce horas. Es decir, si bien es cierto la responsable informa sobre las actuaciones realizada a fin de otorgar las medidas de protección solicitadas ante ella por los ahora quejosos, lo cual justifica con las documentales anexas a su informe, lo cierto es que al momento de la presentación de la demanda de amparo, el Agente responsable aún no proveía sobre el otorgamiento de dichas medidas, por lo que se impone tener por desvirtuada la negativa del acto producida por dicha autoridad y como cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Lo anterior se corrobora con las documentales que la responsable anexó a su informe justificado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, las jurisprudencias del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, los quejosos en su libelo constitucional fueron precisos en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la negativa y omisión de otorgar las medidas de protección contempladas en el artículo 137, fracciones I, II, V, VI y VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se destacan los oficios tres de julio del año en curso, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad, a través del cual solicitó de los elementos de la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, las medidas de protección de manera provisional a los aquí quejosos. Asimismo, mediante escrito de veintidós de julio del año en curso, dirigido a la Comisionada de Seguridad de Morelia con sede en esta ciudad, dicho Agente solicitó se le diera información sobre los avances de la medida de protección otorgada por este órgano jurisdiccional a los aquí quejosos, contestación que fue atendida mediante oficio PM/DC/1031/2020, signado por el Comisario General de la Policía Municipal de Morelia, de veintisiete de julio del año que transcurre, a través del cual se le adjuntaron diversas documentales entre las que destacan una tarjeta informativa signada por la comandante Ana Beatriz Medina Hernández, encargada del sector III, de la Unidad de Proximidad y Vigilancia a través de la cual se advierte que cumplieron con la medida de protección a los aquí quejosos, al estar realizando recorridos desde la fecha del otorgamiento de la medida de protección durante doce horas, Lo anterior, se corrobora además con lo informado por la autoridad responsable donde expresamente manifestó que a los aquí quejosos se les había otorgado la medida de protección provisional decretada mediante auto de dos de julio del año en curso, por este Juzgado de Distrito, manifestaciones contenidas en su informe justificado y con motivo de la suspensión provisional otorgada a los peticionarios del amparo. La circunstancia antes narrada hace patente que el acto reclamado por los quejosos, han cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, porque la demanda de amparo se presentó ante este órgano jurisdiccional el uno de julio de dos mil veinte, a las veintidós horas, y de las constancias que obran en autos se advierte que desde el tres de julio del actual, se les otorgo la medida de protección provisional a los aquí quejosos, evidenciándose de este modo, que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Arroyo Villagrán, Dalia Edith Aguilar Torres, y el menor de edad Alan Arroyo Cano, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 363/2020, promovido por Ángel Arroyo Villagrán, Dilia Edith Aguilar Torres y en favor del menor de edad de iniciales A.A.C., se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, el Secretario da cuenta con el oficio recibido en esta fecha, registrado con el número 8267, mediante el cual la representante social adscrita formula alegatos. Asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por: Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. EL JUEZ: En atención al contenido del escrito signado por la representante social adscrita, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos. Téngase por realizada la relación del informe previo que ya obra en autos; continúese con la celebración de la audiencia. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales que acompañó a su escrito de demanda. EL JUEZ: Al no existir prueba pendiente de desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la representante social formuló alegatos. EL JUEZ: En ese orden, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 363/2020; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito recibido el dos de julio de dos mil veinte, por la Secretaria de Guardia de este órgano jurisdiccional ese mismo día, Ángel Arroyo Villagrán, Dilia Edith Aguilar Torres y en favor del menor de edad de iniciales A.A.C., solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a las autoridades precisadas con antelación. 2.- Mediante proveído de dos de julio de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable la negativa y omisión de otorgar las medidas de protección contempladas en el artículo 137 fracciones I, II, V, Vi y VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/30438/2020, número único de caso 1003202023283. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que negó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. Ahora, no obstante que al rendir su informe previo, la responsable negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa y se presume cierto, precisamente al haber aceptado la existencia la carpeta de investigación MOR/053/30438/2020, número único de caso 1003202023283, en la que los aquí quejosos tiene el carácter de víctimas. TERCERO.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, y a fin de salvaguardar la materia del juicio principal, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible; La demostración presuntiva de un interés suspensional; La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda; Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En el caso, se solicita la medida cautelar respecto de la omisión apuntada, esto es, para que la autoridad provea sobre las medidas de protección solicitadas en la denuncia presentada por los aquí quejosos el veintiséis de junio pasado. De lo que se sigue que en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, producen consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación que pudieran sufrir con motivo de la omisión anotada; medida cautelar que tiene la finalidad de garantizar la seguridad de las víctimas en su persona, domicilio, bienes y familia, pues la omisión de proveer al respecto, involucra un menoscabo en su esfera jurídica, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Además, el acto reclamado produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como personas tienen los quejosos frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la transgresión a la tutela cautelar efectiva. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar y, del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que los amparistas son titulares de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, que acredita presuntivamente su interés al manifestar que son las propias víctimas en la probable comisión de un delito, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 128, en relación con los diversos preceptos 139 y 151, todos de la Ley de Amparo, y teniendo en consideración que se ostentan terceros extraños por equiparación al procedimiento, afectándose sus derechos, y toda vez que del informe previo rendido por la responsable, se desprende que en cumplimiento a la suspensión provisional, giró el oficio a la Comisionada Municipal de Seguridad de Morelia, a efecto de proporcionar medidas de seguridad a los quejosos por el término de sesenta días, mismo que a la fecha ha transcurrido, SE CONCEDE a Ángel Arroyo Villagrán, Dilia Edith Aguilar Torres y al menor de edad de iniciales A.A.C., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, para los efectos de que la agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta capital, realice lo siguiente: a) Informar de manera inmediata el tratamiento dado a la denuncia presentada por los aquí quejosos el veintiséis de junio del año en curso; b) En caso de estimar que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de las víctimas u ofendidos, bajo su más estricta responsabilidad, de manera inmediata deberá ordenar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas, atendiendo para ello a todos los elementos que tenga a su alcance; y, c) Notificar a las víctimas u ofendidos la determinación que se tome, en el domicilio que hubieran señalado para tal efecto, o bien, en las formas y términos que establece la legislación aplicable. Lo anterior, hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la resolución que se pronuncie dentro del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Para concluir en los términos anotados, no pasa inadvertido que la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional sea de carácter omisivo, y que la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Tienen aplicación al respecto, los criterios que a continuación se transcriben. "Época: Décima Época Registro: 2021263 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) Página: 286 SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Contradicción de tesis 85/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de enero de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. Tesis y criterio contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2017, en el que sostuvo que no era procedente otorgar la suspensión en contra de la omisión de ejecutar una sentencia dictada en el juicio de origen, porque los actos reclamados medularmente tienen el carácter de omisivos, los que se caracterizan porque la autoridad se abstuvo de actuar, esto es, se rehusó a hacer algo, o no contestó no obstante existir una solicitud expresa del gobernado, por lo que de concederse la suspensión se darían efectos restitutorios al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la garantía, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2013, que dio origen a la tesis aislada I.1o.A.3 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1911, con número de registro digital: 2004808. Tesis de jurisprudencia 70/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". "Época: Décima Época Registro: 2021631 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XVII. J/24 K (10a.) Página: 1911 SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. Contradicción de tesis 6/2019. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 26 de noviembre de 2019. Unanimidad de siete votos de los Magistrados Manuel Armando Juárez Morales, Rafael Rivera Durón, Héctor Guzmán Castillo, Ricardo Martínez Carbajal, Gabriel Ascención Galván Carrizales, José Raymundo Cornejo Olvera e Ignacio Cuenca Zamora. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 33/2018 y 35/2019, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 69/2019. Nota: De la sentencia que recayó a la queja 35/2019, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, derivó la tesis aislada XVII.2o.C.T.14 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2602, con número de registro digital: 2021421. Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de febrero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019". "Época: Décima Época Registro: 2015370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV Materia(s): Común, Penal Tesis: II.2o.2 P (10a.) Página: 2607 SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONCEDERLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APLICAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL NUMERAL 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el Juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por tanto, contra la abstención del Ministerio Público de aplicar en su beneficio las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según se actualice alguna de las hipótesis del propio precepto, procede conceder la medida cautelar solicitada por la víctima del delito, pues lo anterior implica ciertos efectos restitutorios en la suspensión y se atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; además, con el otorgamiento de la suspensión provisional se procura efectuar una tutela cautelar efectiva, garantizando la seguridad de la víctima en su persona, domicilio, bienes y familia, pues la omisión de proveer al respecto, involucra un menoscabo en su esfera jurídica, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento; máxime que con la medida cautelar se conserva la materia del juicio, como lo prevé el artículo 147 referido. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Queja 3612017. 22 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Froylán Borges Aranda. Secretario: Rafael Jiménez Carlos. Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación". Garantía. En el entendido de que no se estima necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la suspensión concedida, puesto que dada la naturaleza de los actos y los efectos de la suspensión, sólo tiende a proteger tanto la vulneración a un grupo vulnerable como lo son las personas de la tercera edad, así como el interés superior del menor de edad. Salvedades. La medida no surte efecto alguno si se trata de actos de fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías; o bien, si emanaren de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Se le reitera a la agente responsable que, en su caso, queda bajo su más estricta responsabilidad el ordenar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección, conforme a lo establecido por el numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Notificación a tercera interesada y al representante especial del menor quejoso. Determinación que habrá de notificarse a la parte tercera interesada, así como al especialista que funja como representante especial del menor de edad quejoso, una vez que sean emplazados en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Ello atención a la contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de texto y rubro siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 143/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 143/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Ángel Arroyo Villagrán, Dilia Edith Aguilar Torres y al menor de edad de iniciales A.A.C., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para los efectos precisados en el considerando tercero del presente fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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