Ángel Armenta Peláez

Expediente 977/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
977/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Ángel Armenta Peláez
  • Ángel Armenta Peláez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, recibido vía correo electrónico institucional y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante oficio SEPLE./CON./001/1340/2023, hace del conocimiento que se aprobó la concentración de expedientes SECNO/CE/JA/24/2022 y su acumulada SECNO/CE/28/2022, en los términos siguientes: "Primero. Es procedente la solicitud de concentración de juicios presentada por la Secretaria de la Defensa Nacional y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Segundo. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolverá las consultas que deriven de esta concentración, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. Tercero. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos a que gire oficios a las autoridades solicitantes, así como a los órganos jurisdiccionales que deben dar cumplimiento a esta resolución, así como a los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común de los juzgados de distrito y de los Tribunales Colegiados correspondientes, para que les comunique esta determinación. Cuarto. Comuníquese la presente determinación mediante circular a las y los titulares de los jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación." Ahora bien, una vez impuesto al contenido del oficio de cuenta, así como a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito manifiesta que no ha lugar a remitir el presente juicio de amparo, toda vez que del apartado "IV. Providencias para la concentración de juicios" se advierte lo siguiente: ". Finalmente, se estima que para la fecha en la que se resuelve esta determinación y se hace del conocimiento de los órganos jurisdiccionales involucrados, pudiera emitirse alguna resolución que concluya totalmente con el trámite de alguno de los amparos materia de la presente concentración, esto es, que han causado estado o quedado firmes, por lo que de ser el caso resulta innecesario su envío a los órganos designados. [.] f) Para el caso de los asuntos que están totalmente concluidos debido a que las determinaciones pronunciadas en ellos han causado estado o quedado firmes, no son susceptibles de concentrarse o remitirse a los órganos designados para tal efecto." [sic] Por lo que el presente Juicio de Amparo, no es susceptible de concentrarse o remitirse para tal efecto, toda vez que mediante auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo correspondiente como asunto totalmente concluido. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de diciembre de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el ocho de diciembre del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio en auto de veintiocho de octubre del año en curso, en el sentido de que manifestara el acuerdo que reclama en el contenido de su demanda y que no señaló como acto destacado, así como en qué localidad tienen sus domicilios o en su caso porqué consideran que este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer de los actos señalados en su demanda de amparo, mismo que le fue notificado de manera personal a su representante común el ocho de noviembre, surtiendo efectos el día nueve siguiente, por lo que el plazo de cinco días que se le otorgó, feneció el dieciséis de noviembre pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo. Atento a lo anterior, y toda vez que los quejosos Ángel Armenta Peláez, Patricia Violante Corona, Patricia Muñoz Carreto, María del Carmen Anaya Hidalgo, Demetrio Mujica Castro, Aylin Lugo Pérez, Alberto Sánchez Villar, Natalia Inés Lombardini Lugo, Juan José Vega Barrios, Miguel Ángel Larraga Pérez y María Antonieta Vera, no desahogaron la aludida prevención, continúese el presente asunto únicamente como planteó su escrito de demanda, y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, fracción I, del numeral 5°, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113, de la ley de la materia, se impone desecharla de plano. Para evidenciar lo anterior, se parte de la base de que los citados preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) de la parte quejosa; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Entonces, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente (mediante sus argumentos) que los actos que reclama afectan su interés jurídico o legítimo, el cual consiste en la titularidad que le corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por los actos que reclama. Al respecto, el artículo 5º de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVII, correspondiente a enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De acuerdo a lo expuesto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de una norma, acto u omisión reclamados que violan los derechos reconocidos por la Constitución Federal, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico o interés legítimo individual que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración. En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues en conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 Constitucional, las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus derechos fundamentales, tienen facultad para intentar la acción de amparo ante los tribunales de la Federación. Ahora, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, como ya se dijo, la lesión directa en los intereses jurídicos o legítimos de una persona, o bien una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que afecte la esfera de derechos o intereses de un particular. En tales condiciones, la parte quejosa solo estaría facultada para incoar la acción constitucional, cuando se esté afectando de manera fehaciente sus derechos humanos; lo que de ningún modo ocurre en el presente caso. De lo expuesto, tenemos que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico o legítimo de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. En efecto, lo reclamado en el juicio de amparo por la parte quejosa son: ".Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: ° Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ° Articulo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. ° Artículo Tercero del Decreto, en específico los artículos 2/0 Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ° Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: ° El artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, en este capítulo precisamos que: La aprobación y contenido de las normas anteriores las reclamo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La promulgación, expedición y contenido de las normas anteriores las reclamo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las consecuencias de las normas reclamadas se las atribuimos y reclamamos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Marina y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sean vinculadas al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia que se concedan." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa instan la acción constitucional, contra el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación". Entonces, frente a los actos atribuidos a las autoridades responsables, y respecto de los cuales la parte quejosa aduce tener un interés legítimo, por ser parte integrante del Frente Nacional Ciudadano (FRENA), como defensores de derechos humanos, y que el decreto reclamado en esta instancia constitucional afectan el ejercicio de sus derechos de libertad, civiles y políticos, pues condicionan las actividades de los quejosos, como difundir opiniones, información e ideas por varios medios, presentar peticiones en dependencias, reunirse pacíficamente, desplazarse libremente por la república, e interponer juicios de amparo, por pertenecer al grupo antes referido, además de hacer notar los abusos del Titular Ejecutivo Federal; por lo que la medida de permitir a las fuerzas armadas en la seguridad pública, traería como consecuencia actos de privación o molestia, como la restricción temporal del ejercicio de libertad personal o propiedad; a lo que el suscrito advierte que carecen de interés legítimo para promover la acción constitucional, en contra el decreto antes mencionado. De lo anterior, debe decirse que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, esto es, expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestran que los actos que controvierten pudieran generar una afectación en algún derecho, ni refieren las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tienen un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que les afectan el ejercicio de sus derechos de libertad, civiles y políticos, pues condicionan las actividades de los quejosos, como difundir opiniones, información e ideas por varios medios, presentar peticiones en dependencias, reunirse pacíficamente, desplazarse libremente por la república, e interponer juicios de amparo, por pertenecer al grupo antes referido, además de hacer notar los abusos del Titular Ejecutivo Federal; por lo que la medida de permitir a las fuerzas armadas en la seguridad pública, traería como consecuencia actos de privación o molestia, como la restricción temporal del ejercicio de libertad personal o propiedad; lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por una población en general. Es decir, actos en abstracto y no derivados de una norma o actos individualizados que afecten la esfera de los derechos humanos de la parte quejosa, lo que implica que cuenta con un mero interés simple, similar al de cualquier habitante de la república, insuficiente para promover el juicio de amparo. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto que dice: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Entonces, al ser la legitimación un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, su estudio es preferente, pues es indispensable determinar si la acción es ejercida por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, es que se llega a la conclusión de que la parte quejosa carezca de interés legítimo, ni mucho menos jurídico en el caso concreto. De ahí que, conforme a lo expuesto con anterioridad, resulta inexistente alguna trasgresión a los derechos humanos que en esta vía constitucional reclama, y de ninguna manera se puede considerar, que ocasionen algún tipo de afectación a la parte quejosa en lo personal ni en lo colectivo, como lo pretende en la demanda de amparo. En efecto, no se acredita la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa, ni siquiera aduciendo un interés legítimo, en razón de que lo que reclama en esta instancia constitucional, es incierto, y para la existencia de un interés legítimo, se requiere una afectación en su esfera jurídica, y no solo una simple posibilidad, sino que el acto debe guardar una relación entre la persona y la afectación aducida, para el efecto de una eventual sentencia amparadora, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, lo que en el caso no acontece, dado que la afectación que aducen es solo como una simple posibilidad. Tampoco basta que los quejosos refieran que por ser integrantes de un grupo colectivo denominado Frena, tienen la acción de instar el juicio constitucional, sin embargo, no acreditan con documento alguno ser integrantes de dicho frente. Por tal motivo, ante la ausencia de un interés jurídico o legítimo es improcedente el juicio de amparo, en razón de los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, se determinó que los actos que aquí reclama en esta vía constitucional no producen una afectación en su esfera de derechos. Orienta lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Cobra aplicación por analogía la tesis de texto y rubro siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". Con tales consideraciones, se demuestra que la parte quejosa carece de legitimación para promover juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe..."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Armenta Peláez, Patricia Violante Corona, Patricia Muñoz Carreto, María del Carmen Anaya Hidalgo, Demetrio Mujica Castro, Aylin Lugo Pérez, Alberto Sánchez Villar, Natalia Inés Lombardini Lugo, Juan José Vega Barrios, Miguel Ángel Larraga Pérez y María Antonieta Vera, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 977/2022, y provéase lo conducente. PREVENCIÓN El artículo 114 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y, en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la materia; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Luego, ante las destacadas irregularidades que se desprenden de la demanda que se atiende, con base en los artículos arriba mencionados, y a fin de no realizar inferencias que pudieran no coincidir con los hechos acaecidos, y estar en aptitud de acordar lo conducente respecto al trámite que se ha de dar en su caso a la demanda, así como a la suspensión que solicitan, se impone requerir a los promoventes, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice del presente acuerdo, y con las copias para correr traslado a las partes de su escrito de aclaración de demanda, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo, más dos para el incidente de suspensión que solicita, desahogue los puntos siguientes: PRIMERO. Toda vez que del contenido de la demanda de garantías, se advierten las siguientes manifestaciones: "reclamo un acuerdo que amedrenta el ejercicio de los derechos humanos de libre manifestación de ideas, expresión y reunión contemplados en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Federal", "es evidente que el multicitado acuerdo", "el acuerdo reclamado", "la emisión del acuerdo tiene problemas serios de regularidad constitucional y convencional", "el acuerdo remite a mecanismos y protocolos inadecuados", "el acuerdo no contempla mecanismos de fiscalización". Sin embargo, atendiendo a que, los quejosos señalan como actos destacados los siguientes: ".Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: ° Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ° Articulo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. ° Artículo Tercero del Decreto, en específico los artículos 2/0 Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ° Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: ° El artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. ° Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, en este capítulo precisamos que: La aprobación y contenido de las normas anteriores las reclamo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La promulgación, expedición y contenido de las normas anteriores las reclamo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las consecuencias de las normas reclamadas se las atribuimos y reclamamos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Marina y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sean vinculadas al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia que se concedan. Por tal motivo, deberá especificar, cuál es el acuerdo que reclama en el contenido de su demanda y que no señaló como acto destacado, en caso de indicar dicho acuerdo, manifieste a qué autoridad le atribuye el acuerdo a que hace referencia, reuniendo los requisitos del artículo 108 de la Ley de la materia. De adicionar su escrito aclaratorio con diversos actos, deberá especificar a quién en particular se los atribuye, debiendo señalar en consecuencia a esa autoridad o autoridades con el carácter de responsables. SEGUNDO. Tomando en consideración, que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en la Ciudad de México, a las cuales les atribuye diversas normas que consideran inconstitucionales, sin advertir manifestación alguna, que pueda considerarse que por el solo hecho de que la norma atribuida con el carácter de autoaplicativa, sea suficiente para determinar la competencia por territorio de este Juzgado; por lo que se les requiere para que indiquen los quejosos bajo protesta de decir verdad, en qué localidad tienen sus domicilios o en su caso porqué consideran que este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer de dichos actos. Se les apercibe a los quejosos que en caso de no dar cumplimiento con los puntos de la prevención que se les formula, dentro del plazo concedido para ello, se procederá a acordar únicamente en los términos planteados en el escrito de demanda. Las anteriores aclaraciones se realizan en virtud de que la demanda no arroja luz sobre el tipo de actuación que en concreto se reclama (decreto y/o acuerdo) y ello es absolutamente necesario para tener un conocimiento, por lo menos incipiente, del acto o actos reclamados, así como del contexto en que fueron emitidos, de modo que permita desplegar la facultad de este órgano jurisdiccional para aceptar a trámite o no la demanda constitucional, máxime que en el presente caso se solicita la suspensión del acto reclamado. Significándole que si con el propósito de obtener una ventaja procesal afirma hechos falsos, incurrirá en una conducta sancionable con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 261, fracción I de la citada ley. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene a Ángel Armenta Peláez, como representante común, sin perjuicio de que ellos hagan la designación posteriormente. DOMICILIO PROCESAL Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, eliorte52@gmail.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no es el medio de notificación previsto por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hace manifestación alguna, hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". Notifíquese en términos de ley.

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