Angel Antonio Zamudio Barron
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angel Antonio Zamudio Barron
- Fiscalia General del Estado de Morelos
- Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, aun cuando no se haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; toda vez que tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia de amparo, está obligada a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, ello conforme a lo establecido por el artículo 197 de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo en términos de los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo vigente, para que dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal el trámite dado al exhorto 179/2022-JE2 de dieciséis de junio de dos mil veintidós relativo al expediente laboral 01/702/18-II del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y realice todos los actos necesarios y eficaces para emplazar a la parte demandada; en el entendido que deberá remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ".En obvio de mayores dilaciones, gire los exhortos ordenados en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, a fin de emplazar a la demandada *****, ************, ****************, *************, *************, **************, en los domicilios ahí señalados. Una vez agotados los domicilios ya aportados y en caso de imposibilidad, proceda conforme a las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.) y 2a./J.126/2016 (10a.), citadas con antelación; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida (diez días previos a la audiencia)." Con el apercibimiento de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Apoya lo antedicho, el artículo 617 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , cuyo rubro es "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". De igual manera, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, realice las gestiones necesarias y eficaces a efecto de que se integre dicha comunicación oficial 179/2022-JE2 de dieciséis de junio de dos mil veintidós relativo al expediente laboral 01/702/18-II; en el entendido que deberá remitir copia certificada que lo acredite. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Tomando en consideración que ha quedado firme el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado relativas a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; y gírese oficio a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 676/2021-II, promovido por Transportes Cuernavaca Cuautla, Axochiapan, Jojutla y Anexas Estrella Roja, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el catorce del mimo mes y año en este órgano jurisdiccional, Transportes Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jojutla y Anexas Estrella, Roja Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el emplazamiento de la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario adscrito a dicha Junta La diligencia de embargo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en el expediente laboral 01/236/08; El acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós donde ordena girar oficio a la Institución Bancaria para inmovilizar la cuenta bancaria 1975710, con motivo del mencionado embargo; y Oficio número 266/2021-JE3 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dirigido a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex. De Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex: La inmovilización de la cuenta bancaria antes descrita. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas actuaciones relativas al expediente 01/236/08, que fueron remitidas al informe justificado. Constancias a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. La parte tercero interesada sostiene que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió expresamente el acto reclamado. Tal argumento resulta ineficaz, toda vez que sólo se limita a señalar que se actualiza la causa de improcedencia, pero omitió exponer razones del porqué lo estima. Como consecuencia de dicha omisión, este órgano se encuentra impedido para realizar un análisis sobre la causal invocada. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174086 de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. De igual forma sostiene que la quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en el artículo 849 de la Ley Federal de Trabajo, toda vez que es parte en el juicio natural y tiene acceso al mismo, pues ha promovido y comparecido a diversas audiencias. Tal motivo de improcedencia está previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Así, los elementos que integran la causa de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, prevé como supuestos de excepción: 1. Cuando se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Luego, resulta infundada la causa de improcedencia formulada por la parte tercera interesada, ya que se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el número 3, pues la persona moral quejosa es tercera extraña; con motivo de la sustitución patronal, luego al no ser parte en el procedimiento de origen es evidente que tampoco puede hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento. Al respecto se cita la jurisprudencia J/282 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1557, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS. El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento. Ahora bien, es importante destacar que la moral quejosa promueve el presente juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al juicio en estricto sentido, es decir, por no ser parte formal en el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. Al respecto, para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación. Por tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. En cuanto al tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. En ese tenor, no es obstáculo para considerar tercero extraña a la quejosa, que haya sido parte durante la tramitación del juicio laboral de origen, pues en virtud de la sustitución patronal decretada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete dejó de ser parte formal en el mencionado juicio, tras a ver sido sustituida como patrón por Pullman de Morelos Servicios de Lujo, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien asumió el carácter de patrón y por ende las cargas procesales inherentes a dicho cargo. Por las consideraciones que preceden, no resultan aplicables al caso los criterios que citó la parte tercero interesada en el escrito turnado a este órgano el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pues -se reitera- con motivo de la sustitución patronal la aquí quejosa es persona extraña al juicio. Al no actualizarse diversa causal de improcedencia del juicio hecha valer de manera expresa y precisa por las autoridades y la suscrita no advierte de oficio la actualización de alguna, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las consideraciones que se expondrán más adelante. Ahora bien, en primer término, es oportuno señalar que el párrafo segundo del artículo 14 constitucional establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". En el precepto transcrito se encuentra contemplado el derecho fundamental de audiencia, el que implica una obligación a cargo de las autoridades para que, previo al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los gobernados que se vean afectados con su pronunciamiento, como son: a) Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Concederle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; c) Otorgarle la oportunidad de formular alegatos; y, d) Pronunciar resolución que dirima los puntos controvertidos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, número de registro 200234 de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, el fin que persiguió el constituyente a través del derecho de audiencia, es permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron. De esta manera, se considera que el derecho de audiencia es un derecho que tiene toda persona, para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pretenda privarla de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos se le dé la oportunidad de defenderse en juicio ante tribunales previamente establecidos. Precisado lo anterior, en lo que atañe al embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria participa de la naturaleza del embargo a que hace referencia el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo; norma que establece que, tratándose de bienes embargados en dinero o créditos realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. El contenido de tal numeral es el siguiente: Artículo 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. En el caso, como se mencionó, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio en estricto sentido, en razón de que aduce que no es parte en el juicio laboral de origen, toda vez que mediante resolución interlocutoria de dieciocho de abril del dos mil diecisiete, se declaró procedente la sustitución patronal quedando como patrón sustituto Autos Pullman de Morelos Servicios de Lujo Sociedad Anónima de Capital Variable y por ende, el embargo efectuado en dicho juicio de una cuenta bancaria de la cual es propietaria resulta ilegal. En ese sentido, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, exhibió copia simple del oficio de tres de junio de dos mil veintiuno, expedido por Banco Nacional de México y la responsable Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex archivo electrónico de la consulta de datos generales, de los cuales aparece la parte quejosa como titular de la cuenta bancaria embargada. Ahora bien, de las constancias existentes en autos se advierte que en el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado: 1. Teodulo Librado Manzanares demandó de las personas morales Transporte Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrellas Roja, Sociedad Anónima de Capital Variable; así como Transportes Autobuses Primera Clase México Zacatepec Pullman de Morelos Sociedad Anónima de Capital Variable diversas prestaciones de carácter laboral. 2. Mediante escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la apoderada legal del actor del juicio laboral del que emana el acto reclamado, promovió incidente de sustitución patronal, considerando que Autos Pullman de Morelos y Omnibus Cristóbal Colón, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, se había constituido como patrones sustitutos. 3. Por auto de ocho de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el incidente de sustitución patronal, el cual se dirimió mediante resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, en el sentido de declarar que había operado la sustitución respecto a Omnibus Cristóbal Colón, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, pero no en cuanto a Autos Pullman de Morelos Sociedad Anónima de Capital Variable, al estimar que había sido parte demandada del juicio y había resultado absuelta; por lo tanto, que era improcedente un nuevo juzgamiento a través del incidente de sustitución patronal, porque se trataba de los mismos hechos por los que había sido absuelta. 4. Por lo tanto, que era aplicable el principio non bis in idem, recogido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que se señala que nadie puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Por lo cual había cosa juzgada y por ende, dicha persona moral quedaba exceptuada de la sustitución patronal. 5. Inconforme con dicha resolución la parte actora Teódulo Librado Manzanares, aquí tercero interesado, promovió juicio de amparo indirecto, el cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos registrándose con el número de amparo 1635/2016-V quien mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que la Junta responsable con libertad de jurisdicción analizara los argumentos planteados por el tercero interesado referido en líneas que antecede. 6. En cumplimiento a dicho amparo la Junta responsable emitió la resolución de dieciocho de abril del dos mil diecisiete, declarando procedente la sustitución patronal promovida por la parte actora en el juicio principal y quedando como patrón sustituto la persona moral Pullman de Morelos Servicios de Lujo Sociedad Anónima de Capital Variable. 7. Seguida la secuela procesal el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno el Presidente Ejecutor, entre otras cosas, comisionó al actuaria a efecto de que requiriera de pago a la parte demandada debiendo entenderse por este al patrón sustituto. 8. En consecuencia, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos realizó el requerimiento de pago y trabó embargo respecto de los vehículos marca VW 2019, clase B2 con número de tarjeta de circulación 01422828 y placas de circulación 90230 HX-4, número de serie 3MNIU52R4ED800 711, color blanco con amarillo con número económico 2210; así como la cuenta bancaria número 1975710 sucursal 7001 de la Institución Bancaria Banamex denominado Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante de Grupo Financiero Banamex. 9. Por auto de veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno el Presidente Ejecutor de la Junta responsable ordenó girar oficio a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple a efecto de que inmovilizara la cuenta bancaria número 1975710 a la que fue condenada la parte demandada Omnibus Cristóbal Colón y/o Autos Pullman de Morelos Servicios de Lujo, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable. 9. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Presidente ejecutor de la Junta responsable tuvo al apoderado legal de la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, informando la inmovilización de la cuenta bancaria. Conforme a lo anterior, se hace evidente que el titular de la cuenta sobre la que recayó el embargo, es diversa persona moral que los demandados en el juicio laboral, quienes se encuentran obligados al pago de la condena. En ese sentido, se considera ilegal el embargo decretado por el actuario adscrito a la Junta de que se trata, sobre la cuenta bancaria 1975710 del Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, a nombre de la ahora quejosa. Máxime que la sustitución patronal se decretó mediante resolución de dieciocho de abril del dos mil diecisiete, declarando patrón sustituto a la persona moral Pullman de Morelos Servicios de Lujo Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien debió requerir el actuario adscrito a la Junta el pago a la parte demanda como fue ordenado por el Presidente ejecutor. Siendo el caso que habiéndose ejecutado dicho embargo en persona moral errónea, el Presidente ejecutor acordó favorable la solicitud del actor natural en el sentido de ordenar la inmovilización de la cuenta bancaría, lo que resulta igualmente inexacto y violatorios de los derechos de la solicitante de amparo. No se soslaya que no existe constancia de que tal embargo se haya puesto a disposición del Presidente Ejecutor de la Junta, no obstante, al tratarse de un tercero extraño a juicio, se considera que desde que se traba formal embargo, la cuenta queda sujeta a lo que se llegue a determinar en el juicio en el cual no es parte formal la quejosa, con el consecuente perjuicio que ello ocasiona. En relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta responsable deje insubsistente: El embargo trabado sobre el dinero o los fondos económicos de la cuenta bancaria 1975710 a nombre de la quejosa en la institución financiera denominada Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, llevado a cabo mediante diligencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/236/08; así como el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós donde ordena girar oficio a la Institución Bancaria para inmovilizar la cuenta bancaria mencionada. El oficio 266/2021-JE3 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que giró a la institución Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex. Dicte las medidas necesarias con el propósito de que se ponga a disposición de la quejosa, la cantidad contenida en la 1975710 de la institución bancaria denomina Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, inmovilizada con motivo del oficio referido. Concesión que se hace extensiva a los actos atribuidos al Actuario adscrito a la Junta responsable y a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, dado que se reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Transportes Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jojutla y Anexas Estrella Roja Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe. JMDC El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hace constar: que los oficios librados en esta fecha, derivados de la presente determinación, se encuentran completos e integrados, a fin de que sean entregados a la totalidad de las autoridades a quien van dirigidos. Conste.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 632/2020-I, promovido por Jesús Sebastián Ceballos Arellano, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el veinticuatro de agosto siguiente en este órgano jurisdiccional, Jesús Sebastián Ceballos Arellano, solicitó el amparo y protección de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado y se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por emplazado al juicio por edictos a la tercera interesada Corporación de Instalación y Servicios Internos Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa lugar donde radica la autoridad responsable. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el recurso de revisión interpuesto en el expediente 01/1374/12, toda vez que así lo aceptó la Presidenta de dicha Junta al rendir el informe justificado Lo que se corrobora con las copias certificadas del referido expediente a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra la resolución reclamada. TERCERO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Son suplidos en sus deficiencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, fundados los conceptos de violación suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: Para mejor comprensión del asunto, se estima necesario hacer una relatoría de los antecedentes del acto reclamado: 1. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó laudo en el expediente laboral 01/1374/12, en el que condenó a la demandada Corporación de Instalación y Servicios Internos Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 29 anexo I). 2. Inconforme la demandada promovió juicio de amparo directo del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, el que en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, sobreseyó en el J.A. 70/2018 (fojas 36 a 42 anexo I) 3. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho, la actora solicitó al Presidente de la Junta responsable dejara sin efectos la suspensión de la ejecución del laudo y se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que informara los números de cuentas que se encuentren a nombre de la demandada condenada a efecto de trabar embargo para dar cumplimiento al laudo (fojas 46 anexo I). 4. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta responsable, en relación a la petición del quejoso acordó: ".POR OTRA PARTE Y EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD QUE REALIZA DE GIRAR OFICIO A LA INSTITUCIÓN QUE MENCIONA, DÍGASE LE QUE NO HA LUGAR ACORDAR DE CONFORMIDAD, YA QUE SI BIEN ES CIERTO CORRESPONDE A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS VIGILAR QUE LOS LAUDOS EJECUTEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY, TAMBIÉN LO ES, QUE EL ACTUAR DE DICHO FUNCIONARIO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA PARTE QUE OBTUVO UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE SEA QUIEN IMPULSE LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, POR TANTO LA PROSECUCIÓN DE TAL ESTADO PROCESAL NO ES OFICIOSA NI PARA LA JUNTA NI PARA SU PRESIDENTA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 950 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE MANERA QUE, CORRESPONDE A LA PARTE TRABAJADORA O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO E IMPULSAR DICHA ETAPA REALIZANDO LAS PETICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS AL TRIBUNAL OBRERO, PARA QUE EL FALLO LABORAL SEA ACATADO, INCLUYENDO LAS CUESTIONES QUE EN RAZÓN DE MANTENER UN ORDEN, RESPETAR LAS AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS; AUNADO A QUE ÉSTA AUTORIDAD NO TIENE CARÁCTER DE INVESTIGADORA, EN CASO CONTRARIO CONVERTIRÍA A ÉSTA AUTORIDAD LABORAL EL JUEZ Y PARTE. REITERÁNDOSE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAUDO CORRESPONDE A LA PRESIDENTA A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO LABORAL EL, TODA VEZ QUE LA CARGA PROCESAL EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS PARTES." 5. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, la parte actora interpuso recurso de revisión contra el referido acuerdo del Presidente, el cual fue admitido por la Junta responsable en acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 67 a 70 anexo I) 6. El veinticinco de febrero de dos mil vente, se llevó acabo la audiencia incidental del recurso de revisión (fojas 128 anexo I). 7. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable, resolvió el recurso de revisión declarándolo improcedente en los siguientes términos: ".TERCERO.- POR LO QUE ATENTO A TODO LO MANIFESTADO Y ASENTADO SE ADVIERTE EN PRIMER TÉRMINO QUE EL ESTA(SIC) AUTORIDAD LABORAL ACTUÓ CON PLENO APEGO A DERECHO, SI BIEN ES CIERTO EL ARTÍCULO 685 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DISPONE QUE EL PROCESO DEL DERECHO DE TRABAJO SERÁ PÚBLICO, GRATUITO, INMEDIATO, PREDOMINANTEMENTE ORAL Y SE INICIARÁ A INSTANCIA DE PARTE, ASIMISMO MENCIONA QUE ESTA AUTORIDAD TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR ECONOMÍA, CONCENTRACIÓN Y SENCILLEZ DEL PROCESO, Y ASIMISMO EL ARTÍCULO 945 DE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE LA OBLIGACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTOR DE VIGILAR QUE LOS LAUDOS EJECUTEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY, TAMBIÉN LO ES QUE GIRAR OFICIOS A EFECTO DE INVESTIGAR LOS NÚMEROS DE CUENTA SE ESTARÍA VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A LAS PARTES YA QUE EL PRESIDENTE EJECUTOR NO ES UNA AUTORIDAD INVESTIGADORA, QUE DEBA DE MANERA OFICIOSA EJECUTAR EL AUTO, SIENDO ESTO LO QUE PRETENDE LA ACTORA, SINO QUE DICHA PARTE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE ESTÉ EN POSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CRÉDITO OBTENIDO, ELLO EN VIRTUD DE QUE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA PARTE QUE OBTUVO UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE SEA QUIEN IMPULSE LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, ES DECIR PROPORCIONE ELEMENTOS, MÁS NO SOLICITE SE INVESTIGUEN, PUES EN TODO CASO SE ESTARÍA EN LA HIPÓTESIS DE QUE EL PRESIDENTE EJECUTOR EXCEDERÍA SUS FUNCIONES DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAUDO, Y ESTARÍA EN LA POSICIÓN DE SER QUIEN IMPULSE Y EJECUTE EL AUTO SIENDO ASÍ PARCIAL EN DICHO PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, MÁXIME A LO ANTERIOR LA PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA RESULTA SER SOBRE UN HECHO INCIERTO PUESTO QUE PIDE LA INVESTIGACIÓN DE LOS NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA DE LAS CUALES NO SE ADVIERTE QUE LA MISMA CUENTE CON CUENTAS BANCARIAS POR LO TANTO SOLICITA SE INVESTIGUE UN HECHO INCIERTO PRETENDIENDO CON ESTO RELEGARLO TODA CARGA DE EJECUCIÓN AL PRESIDENTE EJECUTOR Y NO APORTA ELEMENTOS PARA DICHA MATERIALIZACIÓN. COMO PUEDE ADVERTIRSE DE LA RELATORÍA DE LOS ARTÍCULOS EN COMENTO, EN NINGUNO DE ELLOS SE CONTEMPLA LA FACULTAD DE LA JUNTA PARA QUE INDAGUE POR SU PARTE LOS NÚMEROS DE CUENTA DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO LABORAL, ELLO CON EL PROPÓSITO DE REQUERIR DE PAGO Y CON ELLO RELEVAR A LA PARTE ACCIONANTE DE LA CARGA PROCESAL CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO LA PROSECUCIÓN DE TAL ESTADO PROCESAL NO ES OFICIOSA PARA ESTA AUTORIDAD SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 950 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE MANERA QUE CORRESPONDE A LA PARTE TRABAJADORA O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, DAR SEGUIMIENTO AL EJECUCIÓN DEL LAUDO E IMPULSAR DICHA ETAPA PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS PARA QUE SE ESTÉ EN POSIBILIDADES DE EJECUTAR EL AUTO AL TENER DICHA PARTE LA CARGA PROCESAL EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS17, 685, 950 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." (fojas 131 a 135 anexo I). Para controvertir dicha determinación la quejosa argumentó: La Junta responsable trasgredió los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales al referir que ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone la imposibilidad del presidente ejecutor de requerir información a diversas autoridades para cumplir el laudo. Los artículos 688 y 783 de la Ley Federal del Trabajo facultan a la autoridad laboral a requerir información a otras autoridades para el esclarecimiento de la verdad y -aduce- para el cumplimiento del laudo. No es cierto que de solicitar información para cumplir el laudo, el presidente ejecutor actúe de manera oficiosa, ya que fue el trabajador quien lo solicitó. Los artículos 940, 945 y 946 de la Ley Federal del Trabajo establecen la facultad y obligación del presidente ejecutor de realizar todas las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo. La Ley de Instituciones de Crédito prevé la viabilidad de que un órgano jurisdiccional solicite información siempre que se trate de un demandado. Como se estableció al inicio de este considerando suplidos en sus deficiencias son fundados los conceptos de violación toda vez que se vulneró en perjuicio del quejoso los derechos humanos contemplados en el artículo 17 Constitucional por las consideraciones jurídicas que enseguida se expondrán. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: I. Previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II Judicial que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. La jurisprudencia invocada es del rubro siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." En el caso, la resolución de la Junta responsable transgrede los derechos de la parte quejosa al impedir la eficacia del laudo dictado en el juicio laboral de origen. En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 940, 945, 946 y 950 de la Ley Federal del Trabajo la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Refieren que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación; la ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida y que a petición de la parte que obtuvo un laudo favorable, el Presidente ejecutor dictará auto de requerimiento y embargo. Del procedimiento de ejecución previsto en la Ley Federal del Trabajo se tiene que corresponde despachar al Presidente ejecutor, quien deberá dictar las medidas necesarias para que resulte pronta y expedita, para lo cual -a petición de la parte interesada- dictará auto con el que requiera al deudor el pago del laudo. En el caso, como refiere el quejoso, en la resolución reclamada la Junta responsable estimó que el actuar del presidente ejecutor fue apegada a derecho, pues la obligación de desplegar actos encaminados a la ejecución del laudo es correlativa a la solicitud efectuada por el ejecutante. Empero, contrario a lo referido por la responsable en la resolución reclamada, la parte actora fue quien solicitó se giraran oficios a la autoridad bancaria para proporcionar información sobre cuentas del deudor que sean susceptibles de embargo. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo no establece el procedimiento a seguir cuando se ignore si el patrón tiene cuentas en el sistema bancario nacional, la Junta debe proceder en términos del artículo 17 de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Sin embargo, incorrectamente consideró que al actuar en la forma solicitada por el ejecutante transgrediría el principio de imparcialidad al convertirse en "juez y parte", pues dentro del procedimiento de ejecución del laudo se encuentra facultada para desplegar actos encaminados a ejecutar el laudo, incluso en contra de la voluntad del deudor. Por tanto, como refiere el quejoso, se estima acertado que el presidente ejecutor a solicitud de la actora emplee los medios legales a su alcance para lograr allegarse de información de la parte patronal, lo cual se puede lograr emitiendo un acuerdo por el que ordene solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas, a fin de proporcionar datos útiles para lograr la ejecución del laudo en el juicio laboral de origen, precisamente porque la parte trabajadora quien tiene incorporado el derecho contenido en el laudo lo solicitó. Se afirma lo anterior pues -partiendo de las facultades con que cuenta el Presidente ejecutor- se tiene que el código obrero aplicable al juicio de origen sí prevé la posibilidad de solicitar información a diversas autoridades, lo cual es aplicable en la fase ejecutiva no obstante de estar ubicado el numeral 803 del capítulo de pruebas, debido a que el diverso artículo 940 trascrito en párrafos anteriores prevé la obligación del Presidente de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo lo cual debes ser de manera pronta y expedita. Dichos preceptos pudieron ser empleados por la junta para fundar su actuar en lugar de afirmar que no existe precepto legal que la faculte a obrar en la forma solicitada por el trabajador. Por identidad de razones jurídicas sirve de apoyo la tesis I.3o.C.212 C (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En conclusión, la resolución reclamada trasgrede el acceso a la tutela jurisdiccional en la etapa posterior al juicio, relativa a la eficacia del laudo emitido en el juicio, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, suplido en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo lo procedente es otorgar la protección constitucional, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. CUARTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación a los derechos humanos del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta responsable: Deje insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte y emita otra, en la que declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, planteado por la actora y ordene al Presidente de la Junta responsable deje insubsistente el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el que no acordó favorable su petición de girar oficios a la Comisión Bancaria referida y emita uno nuevo en el que acuerde de conformidad lo solicitado por la parte actora. QUINTO. Se habilitan horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Sebastián Ceballos Arellano, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe hasta hoy seis de junio de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Ángel Adrián Bahena Bahena724/2015
- Ángel Adrián Bahena Bahena1266/2016
- Angel Alberto Moreno Amilpa973/2020
- Angel Alberto Moreno Amilpa533/2022
- Ángel Alberto Moreno Amilpa949/2018
- Ángel Alejandro Añorve Meza136/2015
- Ángel Arenas Coria685/2015
- Ángel Armando Quevedo Cabrera2027/2017
- Ángel Armando Quevedo Cabrera1809/2017
- Ángel Bahena Crespo372/2015
- Ángel Bautista Nava2087/2017
- Ángel Bautista Nava36/2015