Ángel Antonio Ramírez Enríquez y Otros.

Expediente 520/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
520/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
29/05/2015

Partes del expediente

  • Ángel Antonio Ramírez Enríquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual remite copias certificadas de las que se advierte que el quejoso Ángel Antonio Ramírez Enríquez, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango; en consecuencia, se provee lo siguiente: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, prevé que una de las causas de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional o convencional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados consisten en: La privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, segregación, castigo, restricción de tránsito a los límites de su estancia y suspensión de estímulos (visita familiar, así como la negativa de poder comprar productos de la tienda), y su ejecución. En congruencia con lo anterior, de las constancias que en este acto se proveen, se advierte que el quejoso Ángel Antonio Ramírez Enríquez, ya no se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, pues se observa que fue trasladado a un diverso centro penitenciario en el país. CONCLUSIÓN Por lo tanto, considerando que se ordenó el traslado del quejoso, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo, la tesis siguiente: "No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje hay ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la misma. Considerando que el quejoso fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango, con apoyo en los artículos 1, fracción V, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, en Turno, con sede en Torreón, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente este proveído al quejoso Ángel Antonio Ramírez Enríquez. Igualmente, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones; A su vez, solicítese de la manera más atenta al Juez exhortado que devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible y acuse recibo de éste. Lo anterior, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, respecto del contenido de los oficios mediante los cuales rinden su informe de suspensión de plano e informe justificado las autoridades responsables, residentes en Villa Aldama, Veracruz, así como la razón actuarial de cuenta, estese a lo acordado en párrafos precedentes.

  3. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Ángel Antonio Ramírez Enríquez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, residente en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 520/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, segregación, castigo, restricción de tránsito a los límites de su estancia y suspensión de estímulos (visita familiar, así como la negativa de poder comprar productos de la tienda), por la supuesta falta o infracción cometida; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por lo que las autoridades responsables deberán hacer cesar de inmediato los actos reclamados, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, deberán proporcionar los estímulos a que tiene derecho el quejoso, salvo que exista causa justificada para ello. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio Pro Persona. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fecha que presenta la agenda que para tal efecto se lleva. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables para que remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados a la parte quejosa en ese centro penitenciario y, de ser el caso, las constancias relativas a los correctivos disciplinarios que le hayan sido impuestos; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, deberán informar si el correctivo o los correctivos disciplinarios combatidos en esta vía, fueron materia de sentencias en diversos juicios de amparo. Se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si el quejoso Ángel Antonio Ramírez Enríquez egresó por algún motivo de tal centro de reclusión, y de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se provee sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en los siguientes términos: Inspección ocular: Se comisiona al Actuario adscrito para que haga constar las condiciones del lugar en que se encuentra recluida la parte quejosa, de igual forma, deberá hacer constar las condiciones en que éste se encuentra; omitiendo asentar cualquier dato que pudiere vulnerar la seguridad del centro de reclusión donde se lleve a cabo. Respecto de la prueba testimonial, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, debido a que no lo hizo siguiendo los lineamientos del artículo 119 de la Ley de Amparo; esto es, no proporcionó los nombres de las personas que rendirían su testimonio para estar en aptitud de determinar su idoneidad, y tampoco ofreció los cuestionamientos bajo los cuales se les examinaría; por tanto, se estima procedente su DESECHAMIENTO. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y suspendida toda comunicación con éstas. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

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