Ángel Antonio Huitrón
Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ángel Antonio Huitrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se negó el presente juicio de amparo, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se negó la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 2. Devolución de discos compactos. Hágase devolución de dos discos compactos en versión digital relativos a la causa penal 192********************, al Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, que envió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
1. Apertura de audiencia. En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, siendo las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados en autos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 236/2021, promovido por Ángel Antonio Huitrón, estando en audiencia pública Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria María Eugenia Vela Castellanos, con quien actúa y da fe, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. 2. Relación de constancias. En este acto, la Secretaria hace relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda e informe justificado de la autoridad responsable. 2.1 Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene por realizada la relación de constancias para los efectos legales conducentes. 3. Pruebas. Enseguida, se abre el periodo probatorio en el que la Secretaria certifica que no existe algún medio de convicción ofrecido por las partes que amerite preparación o desahogo especial, por lo que sólo se relacionan las documentales allegadas al presente asunto. 3.1 Videograbaciones. La Secretaria hace constar que dentro del presente juicio de amparo existe un disco compacto en versión digital certificado por la autoridad responsable. 3.2 Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por desahogadas las documentales relacionadas, dada su propia y especial naturaleza, con lo que se declara cerrada esta etapa. 4. Alegatos. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria certifica y hace constar que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través de su alegato ministerial 85/2021. 4.1 Acuerdo. Vista la certificación secretarial que antecede, con fundamento en artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de referencia, con lo que se declara cerrada esta fase, y en razón de que no queda prueba pendiente de desahogo, ni promoción por acordar, se dicta la siguiente: SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 236/2021, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se niega la protección constitucional a Homero de Hoyos Naray y Carlos Gabriel Flores García, en su carácter de defensores particulares de Ángel Antonio Huitrón, que reclama a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, respecto del auto de vinculación a proceso dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 192/2021, que se le instruye por la comisión del delito de tentativa punible de homicidio calificado, por cometerse con ventaja y alevosía, previsto y sancionado por el artículo 184, fracciones I, inciso 3 y III, en relación con el 50 del Código Penal del Estado Coahuila de Zaragoza. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Homero de Hoyos Naray y Carlos Gabriel Flores García, en su carácter de defensores particulares de Ángel Antonio Huitrón, solicitaron la protección constitucional contra la autoridad y acto ahí precisados. 2. Trámite. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se dio vista a las partes con el contenido de los registros audiovisuales remitidos por la autoridad responsable y se verificó la calidad del archivo de la audiencia reclamada. Luego, el nueve de enero de dos mil veintitrés, en atención al amparo en revisión 18/2022, se ordenó la reposición del procedimiento y se requirió a la autoridad responsable los archivos digitales debidamente certificados que contengan la videograbación del acto reclamado. La audiencia constitucional tuvo verificativo en el acta que antecede. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridad responsable. Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. 4.2 Acto reclamado. El auto de vinculación a proceso dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 192/2021, que se le instruye por la comisión del delito de tentativa punible de homicidio calificado, por cometerse con ventaja y alevosía, previsto y sancionado por el artículo 184, fracciones I, inciso 3 y III, en relación con el 50 del Código Penal del Estado Coahuila de Zaragoza. Es aplicable la tesis VI/20041 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y las causales de improcedencia alegada por la responsable, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama2 . Circunstancia que se corrobora con las documentales y el archivo digital debidamente certificado que remitió en apoyo a su informe con justificación; probanza a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles3 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 43/20134 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.2 Causales de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 6. Estudio de constitucionalidad. 6.1 Conceptos de violación. La parte quejosa argumenta que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, al no estar debidamente fundado ni motivado el acto que reclama. 6.2 Calificación del planteamiento. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo5 . Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 67/20176 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.3 Marco legal del acto reclamado. En el asunto que nos ocupa debe destacarse que en relación con la naturaleza jurídica del acto reclamado, es importante destacar que de la lectura de los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 , 3168 y 3179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 139/200510 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación, si bien, resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 6.4 Premisa de hecho. En el caso, de las documentales que integran la causa penal 192/2021 y el archivo digital certificado, se desprende el auto de vinculación a proceso decretado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso por su probable comisión del delito de tentativa punible de homicidio calificado por cometerse con ventaja y alevosía en agravio de Juan Pablo Amador Sauceda. 6.4.1 Requisitos de forma. Dichas exigencias formales consisten en que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por un Juez de Control a petición del Ministerio Público, a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que la parte imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial; y, en él deben expresarse el delito y/o delitos que se imputan, así como las circunstancias de su ejecución; se haya otorgado la oportunidad para declarar al imputado. 10 Registro digital 176546, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 03/08/23 17:39:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.55.a1 MARIA EUGENIA VELA CASTELLANOS Los anteriores requisitos se encuentran debidamente cumplidos, toda vez que a las dieciocho horas con cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, el hoy quejoso Ángel Antonio Huitrón fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Luego, la Juez responsable, a las nueve horas con treinta y seis minutos, cuarenta y siete segundos, del veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, dio inició a la audiencia inicial de control de detención correspondiente a la causa penal 192/2021, en la que el Agente del Ministerio Público formuló imputación al aquí quejoso Ángel Antonio Huitrón, por la comisión del hecho que la ley señala como el delito de tentativa punible de homicidio calificado por cometerse con ventaja y alevosía, previsto y sancionado por el artículo 184, fracciones I, inciso 3 y III, en relación con el 50 del Código Penal del Estado Coahuila de Zaragoza, quien manifestó su deseo de abstenerse a declarar sobre dichos hechos. Posteriormente, a las diez horas con trece minutos, seis segundos, la Jueza de Control, resolvió lo relativo a su situación jurídica y dictó auto de vinculación a proceso, por el delito citado con antelación. 6.4.2 Requisitos de fondo. La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales señalan como requisitos de fondo para el dictado de un auto de vinculación a proceso lo siguiente: i. Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. ii. La ley señale como delito a ese hecho; y, iii. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, analizado el archivo comprimido correspondiente a la audiencia inicial celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, se obtiene que la Jueza responsable, determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Ángel Antonio Huitrón, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de tentativa punible de homicidio calificado por cometerse con ventaja y alevosía, previsto y sancionado por el artículo 18411, fracciones I, inciso 3 y III, en relación con el 5012 del Código Penal del Estado Coahuila de Zaragoza. Al respecto, se precisaron los siguientes datos de prueba: i. Informe Policial homologado de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por dos elementos captores de seguridad pública municipal de Piedras Negras, derivado del reporte realizado a las veintidós horas con cinco minutos, en el que se hizo del conocimiento que en la calle Mendoza Berrueto e Industrial de la Colonia Mirador, en esta ciudad, en el estacionamiento del centro comercial Soriana, se encontraba una persona lesionada con arma blanca, y al constituirse en dicho lugar minutos después, se entrevistaron con quien dijo llamarse Juan Pablo Amador Sauceda, quien refirió a Ángel Antonio Huitrón, como la persona que momentos antes lo había agredido en la cara y cuello con una navaja, a quien a su vez, al estar todavía en ese lugar, se le aseguró de su mano derecha el arma blanca con la cual lo había lesionado. ii. Denuncia de Juan Pablo Amador Sauceda, en donde narró como sucedieron los hechos. iii. Dictamen médico de lesiones de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el doctor Fernando Galván Guerrero, del que se desprenden las lesiones presentadas por la víctima en la cara y cuello. iv. Dictamen de inspección del lugar realizado por el perito Julio César Castillo Valdez, para acreditar la existencia del lugar en donde acontecieron los hechos. v. Dictamen de inspección gráfica de objetos elaborado por José Gerardo Ramos Ibarra, referente a una navaja multiusos plateada con manchas en color rojo. vi. Dictamen en materia de identificación de química forense. Todo lo cual sirvió de sustento a la Jueza responsable, para tener por demostrada la existencia del hecho delictuoso que la ley señala como delito de tentativa punible de homicidio calificado por cometerse con ventaja y alevosía, previsto y sancionado por el artículo 184, fracciones I, inciso 3 y III, en relación con el 50 del Código Penal del Estado Coahuila de Zaragoza, y que dicha conducta probablemente la cometió el hoy quejoso. 6.5 Estudio de fondo. Este órgano constitucional considera legal la determinación de la Jueza responsable13, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, debido a que se advierte que, con los datos de prueba reseñados, se justifica el encuadramiento de conducta desplegada por el imputado a la norma penal por la que se dictó el auto de vinculación reclamado. En efecto, se destaca además que la Juez responsable señaló que con los mismos datos de prueba se encontraba demostrada la alevosía y ventaja en la comisión del hecho que la ley señala como delito, pues por lo que respecta a calificativa de ventaja, la tuvo correctamente actualizada tomando en consideración lo que establece el artículo 184, fracción I, inciso III, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, dado que el agente empleó un arma en contra de la víctima y que éste se hallaba en una situación que le impedía en ese momento poder repeler la agresión. Por lo que respecta a la calificativa consistente en la alevosía, señaló que de la mecánica de los hechos narrados por el denunciante, se advierte que la víctima fue sorprendida de improviso impidiendo su defensa. Aunado a lo anterior, del dictamen de lesiones previamente valorado, se desprenden las lesiones presentadas por la víctima en el cuello y la cabeza, en las cuales se empleó un arma potencialmente lesiva como lo es una navaja, y que ésta fue dirigida a órganos vitales de la víctima que pudo haber generado una privación de la vida; lo que no aconteció por el auxilio de Eduardo Riojas; persona que se encontraba en el lugar de los hechos, quien impidió que el aquí quejoso continuará proporcionado lesiones en perjuicio de Juan Pablo Amador Sauceda. A su vez, destacó la existencia del lugar de los hechos y el arma blanca empleada con los dictámenes realizados, así como el señalamiento directo de la víctima quien identificó al aquí quejoso como la persona quien le realizó las lesiones. De esta manera, se consideran acertadas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable sobre la probable participación del aquí quejoso, en la comisión del citado delito. Finalmente, precisó que no hay ninguna causa excluyente del delito o que extinga la acción penal. Asimismo, acorde con lo expresado por la Jueza responsable, se desprende que efectivamente hasta el momento procesal analizado en el acto reclamado, no se actualizaba alguna causa de extinción de la acción penal. En ese sentido, se comparte el criterio de la Juez de control, pues las anteriores consideraciones encuadran con la figura típica de tentativa punible de homicidio calificado cometido con alevosía y ventaja. Ello es así, porque se tiene que la audiencia de vinculación a proceso se desahogó de conformidad con lo previsto en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a los derechos fundamentales del quejoso, además, de que se desprende una correcta valoración de los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, por parte de la Jueza de Control, en virtud de que al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, valoró la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por aquél. Se afirma lo anterior, pues atendiendo al resultado de valoración de los datos de prueba proporcionados por el fiscal, los que fueron valorados por la Jueza de control, de manera lógica, concatenada y atendiendo a las máximas de la experiencia, se llega al convencimiento que el ahora quejoso probablemente es la persona que participó en los hechos que se le atribuyen, en la forma precisada. En consecuencia, se estima que el acto reclamado, no es violatorio de sus derechos fundamentales ni de las garantías que lo tutelan, en virtud de que se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que, los datos que fueron precisados, tal y como se mencionó, justifican la existencia del hecho que la ley califica como delito y hacen probable su participación en el mismo, tal y como lo sostuvo la Jueza responsable, ya que para dictar auto de vinculación a proceso, sólo se exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. 6.5.1 Criterio legal aplicable. Se invoca la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.)14 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Conclusión. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados y al no existir queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita. 8. Notifíquese en términos de ley. 9. Juez y Secretaria que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria María Eugenia Vela Castellanos, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. La Secretaria certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Certifico y doy fe.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, remitiendo un disco versátil digital debidamente certificado relacionado con el acto reclamado, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de enero del presente año; por tanto, se encuentra transcurriendo la vista concedida a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. 1.1 Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, en atención al requerimiento contenido en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, relativo a que remita los archivos digitales que contengan la videograbación en la que se emitió el acto reclamado, a través de disco versátil digital debidamente certificado. 1.1 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad en cita, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. 1.2 Análisis de la calidad de los archivos contenidos en el disco compacto. Este órgano de justicia ha examinado, en su totalidad, el archivo digital correspondiente y encuentra que es apto para ser analizado por las partes en este juicio y valorado en la etapa procesal conclusiva, para los efectos legales a que haya lugar. 1.3 Certificación de la videograbación. Al respecto, se tiene a la autoridad responsable remitiendo un disco compacto en versión digital debidamente certificado que contiene la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 192/2021. 1.4 Vista de las partes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes los referidos discos compactos en versión digital debidamente certificados, para los efectos legales a que haya lugar. 1.5 Disco compacto y resguardo. En cuanto al anexo remitido consistente en un disco compacto en formato en versión digital certificados, éste deberá permanecer por separado en poder de la secretaría encargada de la mesa de trámite, para los efectos legales a que haya lugar.
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