Angel Antonio Hernández Rivera
Expediente 229/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Angel Antonio Hernández Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso En esta fecha, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Torreón, Coahuila, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión del amparo que se otorga. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos de que la Administración Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 186, 187 y tercero transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y haga extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales, de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por el peticionario, según los recibos de pago con números de referencia 757984208 y 757984244, ambos de diez de febrero de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. 2. Devuelva al peticionario de amparo, las cantidades que erogó por los conceptos de compraventa y apertura de crédito, así como los montos excedentes que se actualicen derivados de esta concesión, de los rubros de fomento a la educación y de la seguridad e impuesto adicional, de los recibos de pago con números de referencia 757984208 y 757984244, ambos de diez de febrero de dos mil diecisiete, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar establecida en el numeral 79-B de la ley hacendaria en comento, para cada uno de esos servicios". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad y en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por dicha superioridad en la que confirmó la sentencia recurrida. Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 757984208 y 757984244 de referencia, por las cantidades de $5,792.00 (cinco mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $479.00 (cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), informando que pusieron a disposición del quejoso los cheques números 13610 y 14341, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveídos de uno de marzo, uno y diez de abril del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales de referencia, por las cantidades de $5,792.00 (cinco mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $479.00 (cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), los cuales fueron recibidos por el quejoso, tal y como se advierte de las constancias que anexó la responsable a sus oficios de cuenta. En apoyo a lo expuesto se invoca, aplicada por analogía, la tesis aislada clave III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, del texto siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado." Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Escrito. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito que remite el licenciado Enrique Madinabeitia Aguirre en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la sentencia por la autoridad responsable y solicita se tenga por cumplida la misma. Sin que obste que el comunicado de cuenta, se haya obtenido de forma íntegra del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual se encuentra firmado electrónicamente y contiene la evidencia criptográfica de la misma. Vista. Asimismo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el escrito de cuenta, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
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