Ángel Andrés Ledezma

Expediente 1133/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1133/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Ángel Andrés Ledezma

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO . . .

  3. Principal

    - Vista la razón levantada por . . . no se advierte que la parte quejosa, se encuentre interna en el referido Centro Penitenciario . . . se ordena publicar la notificación del presente auto por listas asi como el proveido de 18/09/2018 que en lo conducente dice "Vista la demanda de amparo promovida por ÁNGEL ANDRÉS LEDEZMA, en contra del Director General de Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1133/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, de la lectura integral de demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la incomunicación, así como la segregación de modo que, se presume, eventualmente se trate de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; consecuentemente, con fundamento en el artículo constitucional citado, y con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en dicho Diario; SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, teniendo como efecto, que CESEN DE INMEDIATO LOS ACTOS QUE CONSTITUYAN ALGUNO DE LOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al igual que la incomunicación, tortura física y mental, tratos inhumanos y crueles, y la aplicación de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, asimismo el quejoso sea reintegrado a la celda que ocupaba antes de la segregación reclamada, o a una diversa con similares condiciones a la que ocupaba, asimismo, se le permita la comunicación con los familiares del quejoso, en términos de las leyes y normas que rigen al Centro de Reclusión que guarda al quejoso, salvo que esa prohibición o limitación de visita familiar derive de una orden de autoridad judicial o administrativa, por afectar la seguridad en las prisiones; pues de no ser así y de llevarse a cabo la ejecución del acto controvertido, se estaría consumando el acto reclamado de forma irreparable, dejando sin materia el juicio de amparo biinstancial, por tal razón, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONCEDIDA; en la inteligencia que el hecho que se encuentre el directo quejoso interno en una celda cerrada, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues las autoridades responsables deben respetar los derechos humanos mínimos del impetrante del amparo, como lo son, EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y VISITAS CON FAMILIARES Y ABOGADOS, SALIDA A PERÍMETRO, DEAMBULAR EN EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, SUMINISTRO DE ALIMENTOS, DE ROPA Y DE ATENCIÓN MÉDICA; TODO ELLO, EN CONDICIONES DE HIGIENE SUFICIENTE QUE LE PERMITA SATISFACER SUS NECESIDADES INMEDIATAS. Asimismo, con apoyo en el artículo 127 fracción II de la ley reglamentaria invocada, en el supuesto legal de que el quejoso hubiese sido trasladado a un módulo de aislamiento por un lapso específico; tal sanción no deberá ejecutarse, esto es, no deberá llevarse a cabo la orden de traslado del quejoso al referido módulo, en el entendido, de que si ya se ha iniciado su ejecución, deberá suspenderse la misma, y el quejoso deberá ser reintegrado a la celda que ocupaba o alguna otra de similares características de acuerdo con la normativa y bajo la estricta responsabilidad del director del centro de reinserción en el que se encuentra interno; porque de seguirse adelante, se dejaría sin materia el juicio de amparo, y haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos, así como de sus garantías para su protección contenidas en la Ley Suprema; sin que desde luego, la presente suspensión exima al quejoso de abstenerse de realizar conductas transgresoras a la normatividad del Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro. Se apercibe a las autoridades que de no cumplir con lo anteriormente señalado, se les impondrá multa de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien valores diarios de la Unidad de la Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, no ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión que solicita, en virtud de que como ya se estableció, procede la de plano y de oficio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, en atención a la fracción I, inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 115 de la invocada ley de amparo, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional, las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. En atención a lo solicitado por el promovente, se ordena al actuario de la adscripción, realice una inspección ocular dentro del centro de reinserción social a fin que de fe de las condiciones que imperan en el módulo en que se encuentra recluido el interno; asimismo, se le encomienda al Actuario para que entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables, en el entendido de que dichas autoridades deberán permitirle el acceso al interior del Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro, al Actuario adscrito a este Juzgado, apercibidas que de no hacerlo, se les hará efectiva la multa que en párrafo subsecuente se precisa. Asimismo, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que en el momento en que se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro, le requiera al promovente, le informe cuales son los aparatos eléctricos a que hace mención en su escrito y que le fueron decomisados Asimismo, con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Por otra parte, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Por otra parte, de conformidad con el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal de los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como el artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícense las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. ". . . agreguese a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta signados por . . . mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano . . .

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