Angel Amezcua Reyes
Expediente 566/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Angel Amezcua Reyes
Actuaciones
- Principal
Pachuca, Hidalgo, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 5205/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que remite el juicio de amparo 424/2016-4, un anexo y el testimonio de la resolución dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada en los autos del recurso de revisión penal 446/2016, la cual en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ambrosio Aguilar Ruiz y María del Pilar Ortega, contra el acto reclamado al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, consistente en el auto de plazo constitucional dictado el cinco de abril de dos mil dieciséis, en la causa penal 32/2016 y su ejecución" Acúsese el recibo correspondiente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión al principal, así como los cuadernos incidentales y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos de artículo 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, hágase la devolución de las copias certificadas de causa penal 32/2016, al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, carecen de relevancia documental, por lo que son depurables, mientras que duplicado de este último es destruible. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito inicial de demanda suscrito por el quejoso Ángel Amezcua Reyes, contra actos de la Delegación Regional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia, los cuales a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Previo a seguir analizando la causal de improcedencia citada, se hace una relación de los antecedentes de los actos que se reclaman: Con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, al revisar su correo electrónico apareció una comunicación por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria en la cual se realizaba una "invitación a pago de adeudo fiscal", en la que se menciona no constituye una resolución que determine un crédito fiscal; esto, sin contener fundamentación respecto a que ley la establece ni la debida motivación respecto al concepto del supuesto adeudo, o dato que permitiera conocer el origen del supuesto crédito fiscal. Del contenido del correo citado, se le asignó una cita el veintiséis de abril del presente año en el Modulo Oriente de la Ciudad de México, informándole que el trámite debería seguirlo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; situación que aconteció obteniendo cita en esta ciudad el dos de mayo de dos mil diecisiete. El dos de mayo de dos mil diecisiete, en el módulo de esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, le informaron que en quince días se ejecutaría por el adeudo y procederían al embargo en virtud de haber sido notificado desde el mes de marzo por medio del buzón fiscal, así mismo al realizar una búsqueda en dicho buzón advirtió que no existe ninguna notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria, respecto a una notificación en el mes de marzo y abril del presente año. Luego de los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se está frente alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley de la materia; ahora, la última fracción del numeral en comento establece la posibilidad que se actualice alguna causa diversa a las enumeradas en las fracciones precedentes, de manera que en este apartado se da sustento y apoyo a la improcedencia legal y a la jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia en la vía constitucional, debido a que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Por ello es que la jurisprudencia puede aplicarse de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, vinculada con lo dispuesto en el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo; en el que, en éste último, se establece la obligatoriedad de la aplicación de los criterios jurisprudenciales. Ahora bien, al respecto del acto reclamado este órgano de control constitucional considera que se actualiza el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, tomo 1, de rubro y texto siguientes: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado." En el caso, estamos frente a dicha causa de improcedencia, en razón de que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, ya que se trata únicamente de una invitación para realizar un pago, que a decir de la autoridad fiscal debe realizar el aquí disidente, empero de ninguna manera transgrede algún derecho sustantivo de forma material y directa del promovente. Lo antes preciado se advierte de la lectura del anexo que allegó el promovente, en la que textualmente se lee "carta invitación. Esta resolución no constituye una resolución que determine un crédito fiscal". Así, lo único que se hizo saber al aquí disidente, es que debe acudir a la autoridad fiscal respectiva a regularizar su situación, lo cual no conlleva una ejecución de actos que le afecten de manera inmediata, material y directa algún derecho sustantivo, por lo tanto al no tener el carácter de mandamiento en forma, el acto que se reclama es improcedente para efectos del juicio de amparo. Es aplicable por identidad de razón, la tesis aislada 2a. CXLIII/98, sustentada por la Segunda Sala en Materia Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 421, del Tomo VIII, , del tenor siguiente: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS." En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de garantías, conforme a los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su escrito inicia, por no contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. Tomando en consideración que el quejoso señaló los correos electrónicos aramagno@hotmail.com y arratia1marin@hotmail.com para oír y recibir notificaciones, debe decirse que el artículo 26, inciso c), fracción IV, en relación con el numeral 30 de la Ley de Amparo, establecen que para realizar las notificaciones vía electrónica, primeramente las partes deberán solicitar su firma electrónica (FIREL). Entonces, dado que en el presente asunto no se advierte que el promovente cuente con la FIREL, por lo tanto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Diana Edith Hernández Castañeda, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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