Angel Amelco Reyes

Expediente 29/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 32 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
29/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Angel Amelco Reyes
  • CONCEPCIÓN PEREDO PÉREZ, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN y Otros.
  • Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Tlaxcala
  • Concepción Peredo Pérez, Secretaria de Organización
  • Alejandro González Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado, con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención. Por otro lado al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, en su oportunidad, archívese este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, a través de los oficios TSJ-SP-84-2023 y TSJ-SP-2P-23-94, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y por auto de quince de febrero del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiesen hecho, como consta en la certificación que antecede. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, en sesión remota ordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este Tribunal dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso, para los siguientes efectos: "[.] la autoridad responsable: 1. Deje sin efectos el fallo reclamado y, 2. En su lugar, emita otro en el que: - Reitere lo relativo a la acreditación del primer elemento del delito por el que se formuló acusación contra el quejoso. - Al abordar el estudio del segundo elemento del tipo penal, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, prescinda de otorgar valor probatorio a lo declarado por las testigos de cargo por no cumplir con los requisitos legales indispensables para ello y, con el resto del caudal probatorio resuelva lo que en derecho corresponda, estableciendo con claridad los plazos de comisión del delito, con el propósito de analizar el contenido y alcance de la declaración preparatoria emitida por el justiciable. En la inteligencia que, de arribar a la conclusión que está demostrado el delito, a efecto de establecer lo conducente respecto de la responsabilidad penal, deberá pronunciarse sobre todas las pruebas habidas en el sumario, susceptibles de valoración, incluidas las de descargo exhibidas por el justiciable y, de ser el caso, su incidencia en el tema de la condena al pago de la reparación del daño. Con la precisión que, en caso de emitir una sentencia de condena, no podrá imponer penas mayores a las impuestas en la sentencia que dejará insubsistente, en respeto del principio non reformatio in peius [.]". En su oportunidad, mediante auto de presidencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se determinó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, por los motivos siguientes: "[.] Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Por proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia reclamada (efecto 1), ordenando traer los autos a la vista para emitir un nuevo fallo. II. El diez de enero de dos mil veintitrés, dictó una nueva sentencia (efecto 2, primera parte), en la que realizó lo siguiente: a) Reiteró que en la especie, se acreditó el primer elemento del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, por el que se formuló acusación contra el quejoso, es decir, la obligación de proporcionar alimentos (efecto 2, segunda parte). b) Al estudiar el segundo elemento del tipo penal, relativo al incumplimiento de la obligación de ministrar alimentos, y atendiendo a las consideraciones plasmadas en el fallo protector, determinó que las testimoniales de cargo carecen de valor probatorio, por no cumplir con los requisitos legales indispensables para ello (efecto 2, tercera parte); esto ya que: "[.] no expusieron por qué motivo tuvieron conocimiento de tal circunstancia, ya que no narraron que hayan presenciado el hecho, por lo que no se tiene certeza de que los testigos de cargo conocieran por sí mismos los hechos atribuidos al acusado, esto en relación a que a partir del veinticuatro de junio de dos mil doce, ÁNGEL AMELCO REYES dejó de cumplir con los alimentos a que está obligado, además, no expusieron si en ese lapso presenciaron algún hecho del que se desprenda que el inculpado persistió en la conducta omisiva puesto que uno de los elementos que deben considerarse para determinar la eficacia probatoria de un testimonio es la razón de su dicho, si bien los testigos convergen en la esencia del incumplimiento en cuestión, pero no así en los accidentes del hecho [.]" De lo anterior se pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos 1 y 2 (primera, segunda y tercera parte) de la sentencia de amparo. Sin embargo, se estima que el cumplimiento de la sala penal responsable es defectuoso, en razón de que no atendió los lineamientos indicados en la segunda parte del tercer párrafo y cuarto párrafo, ambos del efecto número dos, en el que se indicó lo siguiente: "(.) 2. En su lugar, emita otro en el que: - Reitere lo relativo a la acreditación del primer elemento del delito por el que se formuló acusación contra el quejoso. - Al abordar el estudio del segundo elemento del tipo penal, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, prescinda de otorgar valor probatorio a lo declarado por las testigos de cargo por no cumplir con los requisitos legales indispensables para ello y, con el resto del caudal probatorio resuelva lo que en derecho corresponda, estableciendo con claridad los plazos de comisión del delito, con el propósito de analizar el contenido y alcance de la declaración preparatoria emitida por el justiciable. En la inteligencia que, de arribar a la conclusión que está demostrado el delito, a efecto de establecer lo conducente respecto de la responsabilidad penal, deberá pronunciarse sobre todas las pruebas habidas en el sumario, susceptibles de valoración, incluidas las de descargo exhibidas por el justiciable y, de ser el caso, su incidencia en el tema de la condena al pago de la reparación del daño. (.)". Énfasis añadido. Como se puede apreciar de lo reproducido, en la sentencia dictada en cumplimiento al fallo protector, la sala responsable, una vez que prescindiera de otorgar valor probatorio a la testimonial de cargo, debía establecer con claridad los plazos de comisión del delito, con el propósito de analizar el contenido y alcance de la declaración preparatoria del aquí quejoso, así como del resto del caudal probatorio (de cargo y descargo), a efecto de determinar si se acredita o no, el segundo elemento del tipo penal por el que se formuló la acusación. No pasa inadvertido que en la sentencia materia de análisis, la sala responsable al emprender el estudio de la acreditación del segundo elemento del delito en cuestión, hizo referencia al escrito de querella indicando los indicios que se desprenden de la misma, los cuales estimó se corroboran con la declaración preparatoria del aquí quejoso; empero, omitió establecer, en principio, los plazos de comisión del delito, así como el alcance probatorio de tales medios convictivos. Además, la valoración que debe realizar la sala responsable, tiene que practicarse respecto de todas las pruebas desahogas en la causa penal, esto es, las de cargo y las de descargo. Las anteriores consideraciones, fueron plasmadas en el considerando séptimo del fallo protector, en los siguientes términos: "(.) La necesidad jurídica de dejar plenamente establecido el periodo de reproche con motivo de la conducta ilícita imputada, guarda estrecha vinculación con la valoración que debió practicarse de todas las pruebas desahogadas en la causa penal, entre las que deben contarse, las ofrecidas en defensa del imputado, a lo que se suma que el indicado plazo de comisión debió regir la óptica con la que se analizó la declaración preparatoria emitida por el quejoso. Por consiguiente, la ausencia de razonamiento alguno al respecto, conduce a estimar una indebida motivación en el dictado de la resolución controvertida (.)". Énfasis añadido. De lo anterior se concluye que, atento a lo realizado por la autoridad responsable, no ha quedado debidamente cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, por lo que la sala responsable deberá: 1. Dejar sin efectos la sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés. 2. En su lugar, emita otra en la que: 2.1. Reitere lo relativo a la acreditación del primer elemento del delito por el que se formuló acusación contra el quejoso. 2.2. Al abordar el estudio del segundo elemento del tipo penal, deberá: 2.2.1. En atención a las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de amparo, prescindir de otorgar valor probatorio a lo declarado por las testigos de cargo por no cumplir con los requisitos legales indispensables para ello; y, 2.2.2. Con el resto del caudal probatorio resuelva lo que en derecho corresponda, estableciendo con claridad los plazos de la comisión del delito, con el propósito de analizar el contenido y alcance de la declaración preparatoria emitida por el justiciable. En la inteligencia que, de arribar a la conclusión que está demostrado el delito, a efecto de establecer lo conducente respecto de la responsabilidad penal, deberá pronunciarse sobre todas las pruebas habidas en el sumario, susceptibles de valoración, incluidas las de descargo exhibidas por el justiciable y, de ser el caso, su incidencia en el tema de la condena al pago de la reparación del daño. Con la precisión que, en caso de emitir una sentencia de condena, no podrá imponer penas mayores a las impuestas en la sentencia que dejó insubsistente, terminada de engrosar el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en respeto del principio non reformatio in peius [.]" De la transcripción anterior, se desprende que quedaron cumplidos los efectos uno y dos (primera, segunda y tercera parte) de la sentencia de amparo; empero, el cumplimiento se estimó defectuoso, en razón de que la responsable no atendió los lineamientos indicados en la segunda parte del tercer párrafo y cuarto párrafo, ambos del efecto número dos del fallo protector; consecuentemente, se requirió a la sala diera cabal cumplimiento a la citada ejecutoria. En acatamiento a lo antes narrado, la autoridad responsable remitió los oficios precisados en el primer párrafo de este proveído, de los que se aprecia lo siguiente: I. Por proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia diez de enero del año en mención (efecto 1), ordenando traer los autos a la vista para emitir un nuevo fallo. II. El trece de febrero de dos mil veintitrés, dictó una nueva sentencia (efecto 2, primera parte), en la que realizó lo siguiente: a) Reiteró que en la especie, se acreditó el primer elemento del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, por el que se formuló acusación contra el quejoso, es decir, la obligación de proporcionar alimentos (efecto 2, segunda parte). b) Al estudiar el segundo elemento del tipo penal, relativo al incumplimiento de la obligación de ministrar alimentos, y atendiendo a las consideraciones plasmadas en el fallo protector, determinó que las testimoniales de cargo carecen de valor probatorio, por no cumplir con los requisitos legales indispensables para ello (efecto 2, tercera parte). c) Continuando con el estudio del segundo elemento del tipo penal, analizó pormenorizadamente el acervo probatorio y con base en ello estableció que el plazo de comisión del delito, quedó delimitado del veinticuatro de junio de dos mil doce, fecha en que la querellante adujo que el sentenciado se fue del domicilio conyugal y dejó de ministrar alimentos, al diez de septiembre de dos mil catorce, data en la que se dictó el auto de formal prisión. d) Finalmente, al tenor de las pruebas habidas en el sumario (de cargo y de descargo, incluida la declaración preparatoria del sentenciado) y en ejercicio de la libertad de jurisdicción que se le reservó, arribó a conclusión de que con dichos medios de convicción, no se acreditó el segundo elemento del tipo penal, consistente en que el activo del delito injustificadamente no cumpla con su obligación de ministrar alimentos (efecto 2, cuarta parte); en ese tenor, resolvió confirmar la sentencia absolutoria de primer grado. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente, sin excesos ni defectos, la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo; y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada legislación, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se recibe y agrega el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada del laudo de siete anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como con los diversos que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.

Quedan 28 actuaciones en este expediente

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