Angel Amado Nicanor

Expediente 517/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
517/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Angel Amado Nicanor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    V I S T OS para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 8°, 16, 17, 18, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,********************R E S U L T A N D O Q U E:********************PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto que se detallará más adelante. ********************SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada como juicio de amparo indirecto ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito; y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.********************Una vez exhibido en autos el informe justificado de la responsable, seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O Q U E:********************PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, misma que es aplicable por identidad jurídica por identidad jurídica sustancial, que dice:********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.********************Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Jueza de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, lo siguiente:********************La omisión de tramitar la ejecución de sentencia dentro del proceso penal ******************** y su acumulada ********************, del índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, con residencia en Álamo, Veracruz, dentro del expediente de ejecución ********************, del índice de la Jueza responsable.********************Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo********************Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del mismo.********************Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser cierto el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto el acto reclamado, el juicio de amparo sea procedente.********************TERCERO. Análisis respecto a la existencia de los actos reclamados. ********************Del contenido del informe justificado que se presentó en el juicio constitucional se desprende lo siguiente:********************La autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, fue omisa en precisar la existencia o no del acto que de ella se reclama. ********************En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto que de ella se reclama; máxime que en el propio informe la autoridad responsable realiza diversos argumentos de los que se desprende la existencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo; motivo por el cual debe tenerse por cierto, para los efectos legales a que haya lugar.********************Cobra aplicación, por las consideraciones jurídicas que la sustentan, la tesis cuyo título y texto se leen:********************ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe********************En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.********************CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada.********************Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice:********************IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.********************Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada.********************Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice:********************IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes.********************Asimismo, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales"********************En esa tesitura, en el caso se advierte de oficio la existencia de una causa de improcedencia, que obliga a sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;********************(.)"********************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************(.)********************V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior"********************De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella********************De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que:********************a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y,********************b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.********************Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice:********************"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:********************(.)********************II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija"********************Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento.********************Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General.********************Por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional.********************En ese contexto, es dable reiterar que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en: la omisión de tramitar la ejecución de sentencia dentro del proceso penal ******************** y su acumulada ********************, del índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, con residencia en Álamo, Veracruz, dentro del expediente de ejecución ********************, del índice de la Jueza responsable.********************Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable como apoyo a su informe con justificación, se advierte que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, señaló las once horas del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para la audiencia correspondiente a la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso penal ******************** y su acumulada ********************, del índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, con residencia en Álamo, Veracruz.********************Asimismo, ordenó dar vista a la parte agraviada o en su caso al asesor jurídico que designará, así como a la Fiscalía, para que dentro del término de tres días ofrecieran y exhibieran los medios de prueba tendentes a la cuantificación del pago de la reparación del daño a fin de que se provea lo conducente.********************Probanzas a las que esta juzgadora les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; por ser documentales públicas.********************Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice:********************DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena********************En mérito de lo anteriormente expuesto, toda vez que la responsable ya dio trámite a la ejecución de sentencia, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, al haberse iniciado el trámite al procedimiento de ejecución de sentencia dentro del proceso penal ******************** y su acumulada ********************, del índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, con residencia en Álamo, Veracruz, dentro del expediente de ejecución ********************, del índice de la Jueza responsable, pues ya no existe la paralización del procedimiento de la que se dolía el impetrante de amparo.********************Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:********************CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal********************En las relatadas consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el citado precepto 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.********************Apoya a lo anterior la jurisprudencia del más alto tribunal del país, cuyo rubro y texto dicen:********************SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo ********************Sin que sea el caso ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda en torno al referido acto, en virtud de que el sobreseimiento decretado impide analizar el fondo del asunto. ********************Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia(s): Común, consultable en la página 252, del título:********************SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente********************QUINTO. Decisión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, fracciones I, II, III, IV, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se:********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por las consideraciones expuestas en considerando cuarto de esta sentencia.********************Notifíquese por lista.

  2. Principal

    remite copia autentificadas, como complemento a su informe con justificación; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo... las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a través de los avisos de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, emitidos por la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, fueron declarados como días inhábiles a partir del diecinueve hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por causa de fuerza mayor ante el paro laboral organizado por las y los trabajadores de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz; por tanto, en atención a su contenido, en el plazo previamente referido se suspendieron las labores jurisdiccionales y no transcurrieron los plazos procesales. Asimismo, en cumplimiento a la circular 29/2023 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, informó que tomó la decisión de prolongar el "paro nacional", hasta el veintinueve de octubre del año en curso, por lo que, en esta data se retoman las actividades laborales. En mérito de lo anterior, considerando que la audiencia constitucional, se encontraba programada dentro del periodo de suspensión aludido, y la declaratoria a que se hizo alusión en los párrafos precedentes impidió se realizará el pronunciamiento correspondiente en la data establecida para ello; por ende, se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En esta tesitura, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en el entendido de que subsisten los apercibimientos ordenados en autos. Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, en atención al principio de celeridad, justicia pronta y expedita que rige el juicio de amparo, con apoyo lo dispuesto por el artículo 75 de la ley reglamentaria de la materia, así como el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que quede notificadas del presente proveído, remita copia debidamente autentificada de las constancias que sustenten su informe justificado y demás que consideren pertinentes; las cuales deberán estar completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial. Así, se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ángel Amado Nicanor; y en atención a su contenido, se tienen como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Alfonso Loyo Olivares, José Ramón Benítez Barradas, Erick Omar Cervantes León y Marcos Antonio Santiago Rivera, por contar con el registro de sus cédulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial.

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