Ángel Alejandro Martel Zambrano y Otros.

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Ángel Alejandro Martel Zambrano
  • Ángel Alejandro Martel Zambrano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signando por la Jefa de la División de Amparos Fiscales, en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual informa que se encuentra impedido para emitir el informe solicitado respecto al incidente de violación a la suspensión, dado que no ha tenido participación alguna en el cumplimiento a la suspensión. En atención a su contenido, dígasele que sus manifestaciones serán tomas en consideración al momento de la resolución respectiva. ...

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos, ambos de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual, en cumplimiento a lo solicitado en diverso proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, informan que se requirió a la autoridad demandada (responsable), para que acredite el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el juicio de nulidad *** de su índice. De lo anterior esta Juzgadora toma conocimiento y se tiene por desahogado el requerimiento de merito Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia firmada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar que la parte quejosa Frederik Monsiváis Trujillo, ratifico el contenido del escrito marcado en el escrito de correspondencia de este juzgado con el número 5970. Ahora, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo, resulta oportuno realizar una segunda prevención y tener en cuenta que los artículos 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura De los artículos en cita se tiene presente que, si esta juzgadora al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, y luego determinar lo que en derecho corresponda. En este sentido, de los anexos del escrito inicial de demanda y de la propia constancia de ratificación de demanda, se advierte que el domicilio del quejoso ***, se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1.-Manifieste bajo protesta de decir verdad, donde se encuentra su domicilio fiscal. 2. Exhiba nueve copias del escrito aclaratorio por el que desahogue lo aquí requerido, a fin de correr traslado a las partes, y para formar los cuadernos incidentales. Apercibido que, de no cumplir con dicho requerimiento, se procederá conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Por otra parte y vista la certificación que antecede, se advierte que los quejosos *** no ratificaron el escrito con registro 5970, a pesar de haber quedado debidamente notificados de la fecha y hora en que se realizaría la videoconferencia a efecto de llevar a cabo la diligencia de ratificación; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de veinte de abril del año en curso, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos antes mencionados. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Magistrada Presidenta y el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual, en desahogo al requerimiento contenido en diverso proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, remite copia certificada del auto de tres de mayo de dos mil veintiuno dictado en el juicio de nulidad ***, y en el que determinó dejar sin efectos la resolución contenida en el oficio número *** de once de marzo de dos mil veintiuno, otorgando tres días hábiles a la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio en comento. Ahora, del contenido de la resolución en comento, se desprende que la Sala del conocimiento determinó que con el contenido del oficio *** no se daba cumplimiento a la sentencia de nulidad, en virtud que se aplicó de forma incorrecta el porcentaje en mayor beneficio en los años dos mil diez y dos mil dieciséis a la cuota diaria de pensión de la parte quejosa (actora), por lo que requirió calcular nuevamente el porcentaje de incremento, así como por no precisar los índices aplicables en cada periodo y exponer su origen y operaciones aritméticas empleadas para su cálculo. Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Delegado y Subdelegado Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y como autoridades vinculadas al cumplimiento a los Jefes de Servicios de Asignación de Derechos y de Servicios de Operación de Pagos y Presupuesto, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, remitan las constancias en copia certificada con las que acrediten fehacientemente, haber dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ***, en los términos decretados en auto de tres de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, REQUIÉRASE al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su carácter de superior jerárquico del Delegado Estatal en Veracruz; así como de las demás autoridades vinculadas, para dentro del mismo plazo, demuestren ante este Juzgado haber ORDENADO y CONMINADO a éstas el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Las autoridades requeridas deberán exhibir a este órgano jurisdiccional y a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de diez días, remita las constancias con las que acredite haber requerido a la autoridad demandada bajo los apercibimientos de ley, el cabal cumplimiento de la sentencia dictadas en el juicio de nulidad ***, conforme el procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asimismo, se exhorta a la citada Sala que en caso de que la autoridad responsable presente alguna constancia con la cual aduzca que dio cumplimiento a su sentencia, deberá emitir el pronunciamiento con relación al cumplimiento de la misma; o bien, emita alguna determinación con la dé continuidad al procedimiento de ejecutoria y deberá informarlo a este órgano jurisdiccional. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo del superior jerárquico de la autoridades responsables y vinculada al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. APERCIBIMIENTOS Conforme a lo señalado, SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, a reserva de que este juzgado fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.

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