Ángel Albino Corzo Martínez

Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Ángel Albino Corzo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como Titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. La misiva signada por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 818/2022, promovido por Ángel Albino Corzo Martínez, acompañando testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal en el recurso de queja 294/2022. Tomando en cuenta que el citado Órgano Colegiado, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Al efecto se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la Titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Respecto al punto II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Acúsese el recibo de estilo y en relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo en autos, únicamente los originales que obran en el mismo; y respecto de las restantes, se ordena su destrucción. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo e informa que dicho órgano colegiado, admitió el recurso de queja interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra el proveído de veinticuatro de junio de este año y lo radicó bajo el número 294/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintidós. Visto: el escrito firmado por el quejoso Ángel Albino Corzo Martínez, por medio del cual interponen RECURSO DE QUEJA, contra el auto de veinticuatro de junio de este año, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos para que obre como constancia el escrito de cuenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de ser cierto el acto materia de la misma, habida cuenta de que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 818/2022, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso Ángel Albino Corzo Martínez, por los motivos y fundamentos establecidos en dicho proveído. Remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido de Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Albino Corzo Martínez, contra los actos de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 818/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado; por lo cual, de la lectura integral a la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión RR/072-B/2022, y su acumulado RR/073-B/2022, que confirmó la interlocutoria de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Jurisdicción Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el juicio contencioso administrativo 227/2021, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, promovido en contra de la persona que compareció al juicio en representación de la autoridad demandada. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, oficiosamente, se advierte actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, del citado numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, pudiendo tener sustento también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo anterior implica que una violación procesal cuya afectación sólo sea de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse en grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto. Ello es así, pues a la luz de la Ley de Amparo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aun cuando procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso si el interesado obtiene sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Es aplicable, la tesis del tenor literal: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En efecto, conforme a la ley de la materia que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había instituido un criterio orientador, a fin de definir cuándo se estaba en presencia de actos dentro de juicio considerados como de imposible reparación. Determinó también que deben ser considerados actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, constituían violaciones procesales afectando en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, debe decirse que esa afectación exorbitante sólo puede determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Pleno del más Alto Tribunal admitió ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, si las consecuencias de los actos procesales afectaban a las partes en grado predominante o superior. Tal criterio fue emitido en los términos de la tesis cuyo rubro y texto indican: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. No obstante, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son los que producen afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se trate de una violación procesal en grado predominante o superior, que antes era establecida en el criterio jurisprudencial ya mencionado. Aunado a lo anterior, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, pues se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Por consiguiente, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos de "imposible reparación" debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. En efecto, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que algunos de los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado tutelado por la Constitución por medio de las prerrogativas individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo obtener sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales y sin dejar huella en la esfera jurídica de quien la reciente. Así, estableció que los primeros, son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, en tanto los segundos, lo pueden ser en el juicio de amparo directo. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. En el caso particular, el acto reclamado es la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión RR/072-B/2022, y su acumulado RR/073-B/2022, que confirmó la interlocutoria de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Jurisdicción Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el juicio contencioso administrativo 227/2021, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, promovido en contra de la persona que compareció al juicio en representación de la autoridad demandada. El análisis del acto reclamado permite advertir que al confirmar el auto impugnado en revisión, la Sala responsable desestimó el medio de impugnación interpuesto que cuestionaba la personalidad de quien compareció al juicio de origen en representación de la autoridad demandada, lo que trae como consecuencia, que se tenga por contestada la demanda entablada en su contra. Por tanto, dada su naturaleza, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, conforme lo dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se trata de un acto que sólo produce efectos formales en el proceso, el cual de ningún modo ocasiona violaciones a los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los derechos fundamentales o bien mediante los tratados internacionales a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad u otro. En ese orden, al haberse reclamado un acto procesal que no produce de manera inmediata, afectaciones a los derechos fundamentales de la parte quejosa, sino únicamente efectos formales dentro del proceso, aun siendo desfavorable a sus intereses, se traduce en una violación a los derechos adjetivos, reclamable, en su momento, en juicio de amparo directo cuando se impugnare la resolución definitiva y trascendiera a su resultado, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, en la medida de que se trata de una violación análoga a la contenida en la fracción II, del numeral en cita; de lo cual resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia analizada. Por el contenido jurídico que la orienta, resulta aplicable al caso particular, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por otro lado, no se desconoce la Jurisprudencia 2a./J. 114/2011 (9a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME SU IMPUGNACIÓN PROCEDE AMPARO INDIRECTO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001).", la cual prevé que la resolución que dirime la cuestión de personalidad de la autoridad que comparece al juicio contencioso administrativo, equivale a la afectación extraordinaria considerada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la medida de que esa resolución tiene efectos constitutivos, además del reconocimiento o desconocimiento de su legitimidad porque comparece con motivo de una acción que cuestiona un acto de naturaleza administrativa, dictado por esa misma autoridad en ejercicio de su facultad de imperio y que reviste la presunción de validez y legalidad. Cabe mencionar que dicha ejecutoria, fue resultado de la contradicción de tesis 144/2011, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la que se dijo lo siguiente: ".Ahora bien, es de especial relevancia señalar que la personalidad de las partes es un presupuesto procesal que, por regla general, se decide en un incidente o en una audiencia de previo y especial pronunciamiento que amerita la suspensión del procedimiento principal. Consecuentemente, en el procedimiento contencioso administrativo la resolución que dirime la cuestión de personalidad de la autoridad demandada tiene efectos constitutivos, además del reconocimiento o desconocimiento de su legitimidad porque comparece con motivo de una acción que cuestiona un acto de naturaleza administrativa, dictado por esa misma autoridad en ejercicio de su facultad de imperio y que reviste la presunción de validez y legalidad. Consecuentemente, la resolución sobre personalidad debe ser reclamada en amparo indirecto excluyendo los casos en los que se declara fundada la excepción de falta de personalidad de la parte actora, que al poner fin al procedimiento, incide en la procedencia del amparo directo. Lo contrario implicaría dejar a una de las partes sin defensa, o bien, la afectaría en grado predominante porque si la resolución desecha o desestima el incidente de falta de personalidad propuesto en contra del que comparece por la parte demandada, vincula al actor a seguir todo el procedimiento viciado que plantea quien carece de la representación que ostenta, con todos los inconvenientes y perjuicios que la sentencia y su ejecución acarrea. Y en el supuesto de que la resolución desconozca la personalidad de quien comparece por la demandada, impide a esta parte todo tipo de defensa. Por tanto, los efectos de esa decisión exceden la materia estrictamente procesal y afectan, además, derechos sustantivos. Cabe destacar que, por regla general, en las violaciones que son reclamables en amparo directo la consecuencia es que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se incurrió en la violación, así, por ejemplo, si se trata de la no admisión de una prueba, la consecuencia es que se admita y se desahogue y continúe el procedimiento; mientras que tratándose de la resolución que resuelve que la excepción de falta de personalidad es infundada, o que la desecha, aunque también constituye una violación procesal que afecta las defensas del promovente y trasciende al resultado del fallo, tiene además una característica distintiva consistente en que debe continuar un proceso en el que no se ha satisfecho un presupuesto procesal básico para su consecución. Por todas estas razones que tienen que ver, como antes se dijo, con la naturaleza de la institución procesal que está en juego (en el caso se trata de un presupuesto procesal), cabe concluir que las resoluciones sobre personalidad, cuando dirimen esta cuestión previamente a la sentencia definitiva, deben ser examinadas a través del juicio de amparo indirecto, tal como lo ha sustentado el Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial P./J. 4/2001, cuya aplicación cobra aplicación al procedimiento contencioso administrativo, pues si bien dicho criterio emanó del análisis de procedimientos de naturaleza civil, lo cierto es que como ha quedado evidenciado, en el procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tanto gobernado como autoridad comparecen como parte y, por ende, en términos de igualdad procesal, con la consiguiente carga de satisfacer los requerimientos procesales fundamentales para su consecución. Por ello, tratándose de este tipo de juicios, también resulta justificado considerar que la resolución que dirime la cuestión de personalidad afecta de manera extraordinaria los derechos de la parte que la impugna porque el objeto del juicio lo constituye el examen de legalidad del acto administrativo emitido por una autoridad que, al comparecer en su carácter de demandada, se coloca ante una igualdad de circunstancias.". No obstante, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la Jurisprudencia P./J. 4/2001, de ese Alto Tribunal - en que se sustenta el criterio de la Segunda Sala anteriormente analizado - no puede seguir aplicándose en la actualidad, ya que se generó al auspicio de la Ley de Amparo abrogada que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", lo cual a la fecha ya no acontece, pues la actual ley reglamentaria, en su artículo 107, fracción V, aclara el alcance de esa expresión al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la actual Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación del criterio sustentado en la referida Jurisprudencia P./J. 4/2001, ya que en ella, ese Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que de suyo es antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que ese Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad. Basta decir, que los anteriores razonamiento quedaron plasmados en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto fueron citados en las páginas 11 a 13 de esta determinación, a las que nos remitimos en obvio de repeticiones. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo de cuenta, atento a lo dispuesto en su ordinal 113. Apoya esta conclusión la jurisprudencia del rubro y texto: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por haberlo así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Fernando Gutiérrez Salinas, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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