Ángel Alberto Morales Villaseñor

Expediente 1116/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1116/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Ángel Alberto Morales Villaseñor
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial ****. Asociado a lo precedente, debe señalarse que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya al impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 42096495 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a ****. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, expidió la orden de pago 1837996, a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $13,824.22 (trece mil ochocientos veinticuatro pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de devolución de impuesto, misma que le fue entregada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, tal y como se desprende de la constancia de devolución que obra en autos. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se negó el amparo, y por otra parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial ****. Asociado a lo precedente, debe señalarse que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya al impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 42096495 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a ****. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, expidió la orden de pago 1837996, a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $13,824.22 (trece mil ochocientos veinticuatro pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de devolución de impuesto, misma que le fue entregada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, tal y como se desprende de la constancia de devolución que obra en autos. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se negó el amparo, y por otra parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  3. Principal

    Visto el contenido del oficio proveniente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, y al efecto exhibe copia certificada de diversas constancias; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que dice: Visto el contenido del oficio proveniente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, y al efecto exhibe copia certificada de diversas constancias; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

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