Ángel Agustín Nuñez Rocha

Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
455/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Ángel Agustín Nuñez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que el quejoso..., no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a..., para los siguientes efectos: "Único. De inmediato provean lo necesario para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 414/2014, de su índice, esto es, realicen de inmediato las gestiones necesarias a fin de lograr que la demandada Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado actualmente Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, cumpla con el pago de $1,077,126.72 (un millón setenta y siete mil ciento veintiséis pesos 72/100 m.n.), a que resultó condenada en dicho laudo, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes" 2) Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio TCA/AMP/955/21, el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en esta ciudad, informó los trámites tendentes al cumplimiento de ejecutoria. b) Por oficio TCA/AMP/3070/21, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio remitido al comunicado Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, por el cual esta última informó los trámites tendentes al cumplimiento de ejecutoria. 4) Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a petición de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional vinculó al Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como autoridad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en razón al tener intervención en la ejecución de la referida ejecutoria, por lo que este órgano jurisdiccional en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requirió a dicho instituto, para que en el ámbito que a ella correspondiera, remitiera las constancias que acreditaran el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. 5) Así, El Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como autoridad vinculada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Mediante oficio DG/41/2022, remitió copia simple del oficio número 037/2022 de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por el cual se le solicitó el estatus en que se encuentran los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago. El Director General de la Coordinación de Planeación del Estado de Michoacán, mediante oficio CPLADEM/CG/148/2023, remitió la comparecencia de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la cual el aquí quejoso ********************, llegó a un convenio con la parte demandada dentro del expediente 414/2014, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que convinieron la cantidad de $1,077,126.72 (un millón setenta y siete mil ciento veintiséis pesos 72/100 m.n.), a la cual se le redujo el impuesto sobre la renta por la cantidad de $... y en dicha diligencia se realizó la entrega a la parte aquí quejosa del cheque..., valioso por la cantidad de $..., de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que las partes llegaron a un convenio para tener cumplido el laudo dictado en el juicio laboral de origen, y toda vez que la naturaleza de la concesión de la protección de la Justicia Federal, es restituir derechos personales afectados de la parte quejosa, y si después de dictada la sentencia concedida las partes manifestaron que llegaron a un arreglo para que la parte demandada diera cumplimiento con el laudo a la parte actora, aquí quejosa, con el que satisficieron sus pretensiones, y este se hace conocimiento al órgano jurisdiccional de amparo, el órgano jurisdiccional deberá declarar cumplida la ejecutoria dictada en autos. Sirve de apoyo por identidad de razón la tesis aislada XXX.3o.14 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado Del Trigésimo Circuito, visible en la página 929, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021789, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO LAS PARTES CELEBRARON UN CONVENIO EN EL JUICIO DE ORIGEN CON EL QUE SATISFICIERON SUS PRETENSIONES. Cuando se encuentre pendiente de cumplir una sentencia de amparo y las partes contendientes en el juicio de origen celebraron un convenio con el que satisficieron sus pretensiones, el cual hacen del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo correspondiente, ello no genera el supuesto de imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia, sino la obligación del juzgador de amparo de verificar si esa circunstancia hace necesaria o no, la continuación de la ejecución de dicha sentencia, para lo cual, deberá observar de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, si en el referido acuerdo de voluntades el quejoso obtuvo la restitución del derecho violado con motivo del acto reclamado, en cuyo caso, el órgano deberá declarar cumplida la sentencia y ordenar el archivo del expediente y, si no se satisfizo el derecho violado, así deberá declararlo y requerir por el debido cumplimiento, todo lo cual puede controvertirse en el recurso de inconformidad; de ahí la improcedencia del incidente de inejecución planteado. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que las partes llegaron a un convenio dentro del expediente 414/2014, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral, de su índice, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, recibió la comparecencia del trabajador ********************, dándose por pagado de todas y cada una de las prestaciones a que resultó condenada la demandada, no adeudando cantidad alguna, ordenándose el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 3026/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 143/2023, promovido por..., contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán y otras autoridades; asimismo, informa que el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se dictó de la ejecutoria dentro del amparo en revisión administrativa 188/2022; acúsese recibo y comuníquese a las partes que dicha ejecutoria en lo conducente, como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se resolvió: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a..., por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades que se indican en el considerando cuarto, para el efecto precisado en el último punto considerativo del fallo recurrido..." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión; tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, por resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Manuel Pérez Guzmán; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en relación con los puntos especificados en la sentencia emitida en el presente juicio, es decir, realice lo siguiente: ".se traducen en la concesión del amparo solicitado, únicamente para los efectos que se destacarán a continuación. I. Dejar insubsistente la boleta de infracción con folio 0001 de dieciocho de enero de dos mil veintidós. II. No apliquen en lo futuro al quejoso, los artículos 58, fracción XVIII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales, mientras no sean reformados y por ende, subsistan los vicios de inconstitucionalidad aquí destacados. III. Se reintegre a José Manuel Pérez Guzmán, el importe del pago que realizó con motivo de la multa con número de folio 00286, de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $62,734.00 (sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos). En el caso no es menester ordenar la devolución de la tarjeta de circulación y placas, pues en su escrito aclaratorio manifestó que realizó el pago de la multa, razón por la cual le fueron devueltos los mismos. En el entendido que la concesión anotada [deja sin efectos el acto sin constreñir a emitirse uno nuevo, de conformidad con el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo] obedece a la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, se trata de un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral; es así pues sólo en los casos en que sin mediar el ejercicio del derecho de petición de los interesados, o bien, que el acto hubiere resuelto una instancia, recurso o juicio, el acto carente de fundamentación y motivación se debe sustituir por otro sin esas deficiencias, para no dejar de resolverse lo pedido, en perjuicio de los derechos del gobernado; sin embargo, al no darse esos supuestos en el caso particular el efecto del amparo es liso y llano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra eyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general" Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador del Estado de Michoacán del Estado de Michoacán, para que ordene al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad; así como al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán para que ordene al Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público ambos con residencia en esta ciudad; a cumplir con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá a cada uno, una multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables a las que se les requiere el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, a las autoridades señaladas como responsables denominadas Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que el juicio de amparo únicamente puede amparar y proteger a los individuos que promovieron en el caso especial sobre el que verse el acto impugnado, en atención al principio de la relatividad de las sentencias que rige en los juicios de amparo, por lo que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad ante aludida, que participo en el proceso legislativo de una ley, hasta su publicación, en virtud de que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que no se apliquen en perjuicio de la parte quejosa, las normas declaradas inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis número 2a. CXV/97, visible en la página 414, Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 197512, del rubro y contenido siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra acuse de notificación a la autoridad responsable Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, del oficio 2333/2023 por el que se le remitió copia del auto de ocho de febrero del año en curso así como del escrito presentado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por el quejoso...; a través del cual interpuso recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de dieciocho de enero de la presente anualidad; por tanto, reenvíese vía ESTAFETA el oficio de mérito, a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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