Angel Aguilar Santos

Expediente 1921/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1921/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Angel Aguilar Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual acusa recibo de las actuaciones del juicio de amparo 1921/2017-VI-B y anexos, solicita se le envíen los cuadernos incidentales y las constancias allegadas por las partes; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada, asunto que admitió con el número de amparo indirecto 229/2018-I-A. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; carece de relevancia documental. Finalmente, como lo solicita el homologo federal, remítanse los cuadernos incidentales respectivos, solicitando el acuse de recibo correspondiente y, no así las constancias que menciona, toda vez, que por auto de siete de los actuales se mandó la totalidad de constancias; asimismo, como lo indica la oficiante notifíquese al quejoso Ángel Aguilar Santos la presente determinación de trece de febrero del presente año, dictada por el juzgado remitente, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. En atención a lo estipulado en el parrafo que antecede, se notifica al quejoso el diverso auto dictado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en el Juicio de Amparo 229/2018-I-A, por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el cual, acepta la competencia planteada, convalida actuaciones, fija las nueve horas con ocho minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, gira despacho para el emplazamiento de la tercero interesada de iniciales JVTR.

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de febrero de dos mil dieciocho. INFORMES JUSTIFICADOS Intégrense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben. De conformidad con el numeral 119 de la citada ley, se tienen como pruebas las que se ofrecen. Fórmense los anexos relativos. INCOMPETENCIA Ahora, del contenido de los informes que se proveen se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Sentando lo anterior, cabe recordar que el quejoso señala como acto reclamado: "LA ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO QUE SE SIGUIÓ HASTA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE ALIMENTOS EN MI CONTRA BAJO EL EXPEDIENTE 150/2016, TRAMITADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.". Ahora, de las copias certificadas del Incidente de Pensión Alimenticia relativo al expediente ***, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México, se advierte que la notificación de interposición del incidente del cual emana el acto reclamado, se llevó a cabo mediante boletín del aludido juzgado; asimismo, a foja diecisiete, se observa que el requerimiento de pago al que fue condenado el aquí quejoso***, se llevó a cabo en el domicilio conocido el Ejido de la Concepción, comunidad de Aculco, Estado de México. Por tanto, el acto reclamado tuvo y continuará su ejecución en Aculco, resaltando además, que las autoridades responsables lo son el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, en el Estado de México; por tanto, el Juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se haya ejecutado el acto reclamado. En esa tesitura, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; el cual, en su exégesis estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En esa tesitura, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, se ejecutó en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1921/2017-VI, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se advierte que al dictado del presente proveído no se cuenta con la constancia de notificación del oficios 1012/2018, dirigido al Actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México, por el cual se requirió su informe previo. Ahora, de una revisión a la página electrónica www.correosdeméxico.gob.mx, se advierte que la pieza postal con número de guía RM110664753MX, que contiene la comunicación referida, se encuentra en tránsito hacia su destino. Por tanto, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia incidental señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con quince minutos del nueve de febrero de dos mil dieciocho, para su verificativo. Se hace hincapié que la fecha programada para la audiencia incidental, no se fija dentro de los cinco días que establece el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado.

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