ANETTE CRISTINE LÓPEZ PORTUGAL y Otros.
Expediente 443/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/10/2019
Partes del expediente
- René Alexis Paredes Fernández
- ANETTE CRISTINE LÓPEZ PORTUGAL y Otros.
- RENÉ ALEXIS PAREDES FERNÁNDEZ y Otros.
- Anette Cristine López Portugal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 180 y 181), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de treinta de agosto de la presente anualidad (foja 182), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 61 a 85), se determinó conceder a la quejosa Anette Cristine López Portugal y René Alexis Paredes Fernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **. En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), son aplicables, porque están referidas a las inscripciones como las que originaron la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, a través del oficio sin número, de veintiocho de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 180 y 181), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia a favor de la parte quejosa y acredita la entrega del mismo y del que se advierte que devolvió la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), menos $290.00 (Doscientos noventa pesos), por el pago del concepto de inscripción de documento público y $280.00 pesos (doscientos ochenta pesos), por concepto de inscripción de préstamo hipotecario, resulta $20,513.17 (veinte mil quinientos tres pesos 17/100 moneda nacional), que es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil diecinueve y el veintisiete de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia realizada a favor de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.1080; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 103.6870. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0056. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $20,628.04 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 04/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $114.87 (ciento catorce pesos 87/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió a la quejosa la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 180 y 181), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de treinta de agosto de la presente anualidad (foja 182), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 61 a 85), se determinó conceder a la quejosa Anette Cristine López Portugal y René Alexis Paredes Fernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **. En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), son aplicables, porque están referidas a las inscripciones como las que originaron la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, a través del oficio sin número, de veintiocho de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 180 y 181), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia a favor de la parte quejosa y acredita la entrega del mismo y del que se advierte que devolvió la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), menos $290.00 (Doscientos noventa pesos), por el pago del concepto de inscripción de documento público y $280.00 pesos (doscientos ochenta pesos), por concepto de inscripción de préstamo hipotecario, resulta $20,513.17 (veinte mil quinientos tres pesos 17/100 moneda nacional), que es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil diecinueve y el veintisiete de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia realizada a favor de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.1080; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 103.6870. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0056. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $20,628.04 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 04/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $114.87 (ciento catorce pesos 87/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió a la quejosa la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por ** Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por ** Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
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