Anel Sequera Vásquez
Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anel Sequera Vásquez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes en especial a la autoridad responsable con copia de la resolución dictada en autos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, se indica que en el presente juicio de amparo no se apertura incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Valeria Cabañas Sequera, en representación de Anel Sequera Vásquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 "CPS". Acto reclamado. "La ilegal incomunicación y falta de atención médica de la que está siendo objeto la quejosa por parte de la autoridad responsable.tortura física y psicológica." SEGUNDO. En esa misma fecha, el aludido órgano jurisdiccional decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del aludido juicio constitucional, ordenando la remisión de los autos al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Morelos. TERCERO. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 366/2020, y ordenó la ratificación del escrito inicial de demanda, tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo. CUARTO. En diligencia de esa misma fecha, la directa quejosa Anel Sequera Vásquez, ratificó la demanda únicamente por lo que hace a la falta de atención médica, no así por cuanto a la incomunicación, por lo que mediante auto de esa misma fecha, este juzgado admitió a trámite la demanda, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La falta de atención médica que padece la quejosa en su centro de reclusión. Sin que sea dable fijar como acto reclamado la incomunicación y malos tratos que se refieren en el escrito inicial de demanda, pues como quedó precisado, mediante notificación personal de veinte de marzo de dos mil veinte, la quejosa refirió expresamente su deseo de instar la acción constitucional únicamente por lo que hace a la falta de atención médica, de ahí que en observancia al principio de petición de parte que rige el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional se avocará únicamente al estudio del referido acto reclamado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. En ese sentido, se tiene que la autoridad señalada como responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 "CPS", fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante así se le requirió mediante oficio 8304/2020, mismo que le fue hecho del conocimiento el veinte de marzo de dos mil veinte. En esa tesitura, se presume cierta la existencia del acto reclamado, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que mediante oficio OADPRS/GGCF/CFRS16/DC/3675/2020, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, y dirigido al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, la autoridad responsable rindiera su informe respecto a la suspensión de plano, y en el mismo hiciera referencia a que no era cierto el acto reclamado consistente en la falta de atención médica. Ello es así, pues con independencia de lo anterior, la existencia o no de la falta de atención médica, es una cuestión que involucra el estudio de fondo de la litis constitucional, de ahí que no sea dable efectuar su estudio en el presente considerando. CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En la norma transcrita se consagra el principio de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo procede sólo contra actos verdaderamente definitivos, con exclusión de los que, por cualquier medio legal, puedan ser revocados, modificados o anulados. Lo anterior, pues el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto acotar la procedencia de la acción constitucional a los actos definitivos. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se erige como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser atacados por ningún medio legal y que, por ende, se clasifiquen como definitivos. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión y/o negativa de la autoridad responsable de proporcionales atención médica. Respecto de tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar los mecanismos de control denominados peticiones administrativas, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en sus artículos 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, a través de los cuales las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos, por virtud del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado como enseguida se observará. En efecto, las disposiciones contenidas en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a su numeral 2, son de orden público y de observancia general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas. Tal ordenamiento, conforme a su artículo 1, tiene entre otros fines establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos humanos que les reconocen la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, respecto al acto aquí reclamado, dentro de la citada legislación de ejecución penal, en el Título Cuarto intitulado "DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN", Capítulo III "Procedimiento administrativo", particularmente, en los artículos 107 a 115, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese Procedimiento Administrativo, las personas privadas de la libertad, como la aquí quejosa y aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlos valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por las propias autoridades carcelarias, pueden formular peticiones o quejas administrativas por escrito, incluso, en casos urgentes, POR CUALQUIER MEDIO, ante las autoridades penitenciarias, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quienes tienen la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverán sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fuere resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafos segundo y tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cuando el recurso o medio de defensa legal recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento y, por no atenderse de inmediato, quedara sin materia la petición, el legitimado puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un CASO URGENTE, de así considerarlo; supuesto en el cual el Juez de Ejecución, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR por la autoridad penitenciaria. De todo lo anterior se sigue que el trámite hasta aquí señalado constituye todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento (incluso una instancia); esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación, pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento (la falta de atención médica); y por tanto, genera la obligación para los promoventes, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Así, es dable señalar que, en el caso, respecto del acto reclamado que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que la quejosa no agotó previamente el recurso o procedimiento previsto en el artículo 114, párrafos segundo y tercero, ya citado, pues a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a sus peticiones, incluso, pueden ser atendidos como urgente por las autoridades penitenciarias, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le atienda sus necesidades, tales como la ahora reclamada, los interesados deben agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses, por lo que al no haberlo hecho así los quejosos, es que se actualiza la citada causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con registro 2018548, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Además, en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la fracción XX, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, al principio de definitividad. Lo anterior, en razón que del análisis de la demanda de derechos no se observa que la promovente del amparo refiera algún padecimiento (aflicción física y/o mental) que pudiera comprometer gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a un tormento. Incluso, en caso de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo de la quejosa y éste pudiera considerarse como de imposible reparación, tampoco se autorizaría inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, tomando en consideración que la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, a partir de que si bien el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo. La regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio de defensa que en su caso prevea la ley, salvo las excepciones previstas al respecto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo cual se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Corte, número P./J. 11/2018 (10a), de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." QUINTO. Resolución y notificación del presente asunto. Cabe señalar que la resolución del presente asunto, se emite con base en los lineamientos establecidos en los artículos 1, fracción II, 10 y 11 del Acuerdo General 13/2020, así como la circular SECNO/1/2021, de los que se desprende la posibilidad de emitir la sentencia en los asuntos que ya contaran con la audiencia constitucional celebrada. Finalmente, en concomitancia con lo anterior, se ordena a los fedatarios públicos adscritos a este Juzgado de Distrito, la notificación por lista del presente asunto, y una vez que se regularicen las actividades, se deberá hacer del conocimiento a las partes la presente determinación en los términos de ley; encomienda que podrá escalonarse con las demás actividades inherentes a su cargo. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy trece de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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