Anel Ramirez Torres
Expediente 614/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anel Ramirez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 614/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al V; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, instrúyase al actuario de la adscripción para que, en caso de que las autoridades a la que se libre oficio en vía de notificación, se encuentre gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude labores proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 614/2019-III, promovido por ANEL RAMÍREZ TORRES, por derecho propio, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, ANEL RAMÍREZ TORRES, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 3 a 5). SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención, por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 614/2019-III, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. Después de ser diferida, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Jueces Primero, Segundo y Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y Actuarios adscritos a las Secretarias Primera, Segunda y Tercera de dichos juzgados. La actuación judicial que ordena la búsqueda del menor EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ en el domicilio particular de la parte quejosa. . TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. NO es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. Sin que se soslaye que la Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe haya negado haber realizado requerimiento alguno en el domicilio particular de la parte quejosa, y aceptó haber emitido un acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, en el que requirió a la ahora quejosa el cumplimiento de las medidas provisionales decretadas en el juicio de origen, y los actuarios adscritos a dicho juzgado se hayan adherido a dicho informe justificado. La negativa aludida se corrobora con las fotocopias certificadas que al efecto allegó la responsable a su informe justificado relativas al juicio 83/2017-3, del índice del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y en las que obra agregado el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Ahora bien, del contenido del referido acuerdo (foja 701 anexo I) se advierte en lo que interesa lo siguiente: "A sus autos el escrito de cuenta registrado bajo el número 2542 suscrito por el Maestro en Derecho Rafael Brito Miranda en su carácter de abogado patrono de la parte actora y demandada reconvencionista, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos. por cuanto a lo que solicita de constituya la actuaria de la adscripción, en compañía de la parte demandada y actor reconvencional Alfredo Pérez Morales, en el domicilio donde se encuentra depositado el menor Emiliano Pérez Ramírez, a efecto de que se lleven a cabo las convivencias decretadas en autos, dígasele que no ha lugar acordar de manera favorable su petición, en razón de que esta resolutora tiene a su disposición los medios de apremio previstos en el artículo 124 de la Ley Adjetiva de la Materia en vigor, para hacer cumplir sus determinaciones judiciales, como son la multa el arresto hasta por treinta y seis horas, después de haber aplicado la medida anterior, que aún no han sido agotados, se acordara lo conducente, por otra parte atendiendo a lo manifestado por el ocursante asi como el estado procesal que guarda el presente sumario se conmina a la parte actora y demandada reconvencional Anel Ramírez Torres para que permita las convivencias provisionales decretadas en auto de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, entre el menor EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ con su padre ALFREDO PÉREZ MORALES [.] con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado se hará acreedora a una medida de apremio equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y actualización [.] sin perjuicio de aplicar una medida de apremio más eficaz de las establecidas en el artículo 124 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos." -Lo resaltado es propio- Del contenido del proveído emitido por la responsable el cinco de abril de dos mil diecinueve, se advierte que si bien el abogado patrono de la allá parte demandada y actor reconvencionista, aquí tercero interesado, solicitó se constituyera la Actuaria en compañía de Alfredo Pérez Morales, en el domicilio en el que se encuentra depositado el menor Emiliano Pérez Morales, a efecto de que se lleven a cabo la convivencias decretadas, dicha petición le fue negada, lo que corrobora en todo caso la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues del contenido del proveído en cita, no se advierte que el Juez responsable haya ordenado la realización de diligencia judicial alguna que ordene la búsqueda del menor Emiliano Pérez Morales, ni tampoco existe constancia de un diverso proveído o diligencia que corresponda a la aludida diligencia de seis de mayo de dos mil diecinueve que aduce la quejosa se realizó en su domicilio. Y si bien del contenido del proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, se advierte que se conminó a la ahora quejosa para que permitiera las convivencias decretadas por auto de dieciocho de dos mil dieciocho, entre el menor EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ y ALFREDO PÉREZ MORALES, con el apercibimiento en de no hacerlo así, se le impondría una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tal requerimiento se encuentra dirigido únicamente a la ahora quejosa, y la constriñe a cumplir con una medida provisional precautoria decretada con anterioridad, sin que a tal requerimiento este juzgado lo pueda considerar con los efectos que pretende, y que combate en el presente juicio de amparo, es decir, la búsqueda del menor EMILIANO PÉREZ RAMÍREZ. Por lo tanto, no es posible tomar como acto reclamado el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, pues aun y con la suplencia de la queja no se podría variar la litis planteada, pues este órgano de garantías sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria, de tal manera, que si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado, éste órgano judicial se encuentra impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio de garantías, afectando en consecuencia los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, vulnerando distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro: 2012228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página: 11, del rubro y texto siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos." A más que la parte quejosa ya tenía conocimiento de dicho proveído por conducto de su abogada designada en el juicio de origen, tal y como se advierte de la notificación que le fue practicada de manera personal el doce de abril de dos mil diecinueve, fecha previa a la promoción del juicio de amparo (seis de mayo de dos mil diecinueve). En tal virtud, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado por la quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ANEL RAMÍREZ TORRES, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado así lo permitieron. Doy Fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I, II, III, IV y V, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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