Anel Karina Maldonado Moreno

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Anel Karina Maldonado Moreno
  • Anel Karina Maldonado Moreno y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, tomo VII, junio de 1998, novena época, del apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 195993, emitida por Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al secretario y/o actuaria adscritos a este juzgado para la firma del oficio que recaiga al presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, sin mayor pronunciamiento agréguese a los autos el oficio del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, en su carácter de representante legal del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México; toda vez que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se proveyó al respecto.. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante informando la inexistencia de la autoridad señalada como responsable "Inspector-Verificador-Notificador- Ejecutor de la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua"; por tanto, con fundamento en los artículos 5º, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se deja de tener como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, por lo cual suspéndase toda comunicación con la misma. Sin que en el caso haya lugar a dar vista con la inexistencia antes citada; pues en el presente juicio ya se emitió sentencia; por lo que, únicamente se ordena suspender toda comunicación con la aludida autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la tesis publicada en la página 186, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Septiembre de 1993, Materia Común, Octava Época, con el siguiente título: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS". En tal virtud, se comisiona al Oficial Judicial "A" (Analista Jurídico "SISE") adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las gestiones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ante lo decretado en párrafos precedentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, cúmplase.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 32/2022, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el diez de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en al día siguiente en este órgano jurisdiccional, Anel Karina Maldonado Moreno solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el carácter de ordenadora. a).-DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, con domicilio (.). Con el carácter de ejecutoras. b).- INSPECTOR-VERIFICADOR-NOTIFICADOR-EJECUTOR adscrito a la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, con domicilio (.) c).- COORDINADOR DE LA GUARDIA NACIONAL EN OAXACA Y COMANDANTE DE LA 8/A BRIGADA DE POLICÍA MILITAR, con sede y domicilio (.). IV. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como acto reclamado los siguientes: 1.- La orden para desposeerme del inmueble de mi propiedad descrito en el capítulo de antecedentes. 2.- La orden de ocupación por parte de las autoridades responsables del inmueble de mi propiedad que se describe en antecedentes. 3.- La orden de irrumpir en el inmueble de mi propiedad a través de la fuerza pública. 4.- La orden de embargar maquinaria, equipo y bienes materiales que se encuentran dentro de mi propiedad. 5.- La orden de cancelar licencias, permisos y autorizaciones de la suscrita para la legal explotación del recurso natural subterráneo acuífero (agua) sin que medie procedimiento previo que funde y motive la causa legal de su actuación (.)". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Por auto de doce de enero de mil veintidós, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 32/2022, y se previno a la parte quejosa por los puntos ahí precisados; por proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional admitió la demanda de amparo previo cumplimiento de la prevención realizada; asimismo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal el día de hoy (treinta de marzo de dos mil veintidós), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que los actos reclamados tendrían ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS. En principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado materia del presente juicio, que se hace consistir en: Del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, reclama: -La orden de desposesión del inmueble del régimen ejidal ubicado en el paraje denominado "Aplicación de la Ex Hacienda de Candiani", perteneciente a los Ejidos de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, del que refiere es de su propiedad. -La orden de ocupación y de irrumpir a través de la fuerza pública el inmueble precisado en el punto anterior. -La orden de embargar maquinaria, equipo y bienes materiales que se encuentran dentro del bien inmueble precisado en primer punto. -La orden de cancelar licencias, permisos y autorizaciones de la quejosa para la legal explotación del recurso natural subterráneo acuífero (agua), sin que medie procedimiento previo que funde y motive la causa legal de su actuación. Del Inspector-Verificador-Notificador-Ejecutor, adscrito a la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional y Comandante de la Octava Brigada de Policía Militar en el Estado de Oaxaca, reclama: -La ejecución de los actos anteriormente precisados TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su respectivo informe justificado, las autoridades responsables Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, en su carácter de representante legal del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, así como el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Oaxaca y Comandante de la Octava Brigada de Policía, negaron la existencia de los actos que se les atribuye, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa, motivo por el cual, se tienen como inexistentes. Por su parte, la diversa autoridad responsable Inspector-Verificador-Notificador-Ejecutor, adscrito a la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar legalmente notificada de la petición (notificación de siete de marzo de dos mil veintidós) y haber transcurrido su término para ello, sin que haya lugar a presumir cierto el acto de ejecución que se le atribuye, en razón de que la autoridad ordenadora negó la existencia de los actos a ella atribuida, en razón a que al no existir el acto de ordenamiento, menos puede existir el de ejecución que a dicha autoridad se le reclama, aunado a que no se advierte que dichos actos sean reclamados por vicios propios. En la especie, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dichas afirmaciones; esto es así, ya que si bien la parte impetrante del amparo anexó a su demanda de amparo y escrito de quince de febrero de dos mil veintidós, diversas pruebas documentales, sin embargo se estima que son insuficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. En efecto, la promovente del amparo ofreció las siguientes documentales: a) Acta de posesión emitida el seis de febrero de dos mil diecinueve, por el Comisariado de Bienes Ejidales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a nombre de la quejosa, por el bien inmueble ubicado en "Ampliación Ejidal de la Ex Hacienda Candiani", perteneciente a los ejidos de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca -demanda de amparo-; b) Contrato de asociación en participación de la quejosa con Jorge Cruz Caballero -demanda de amparo-. c) Título de concesión a favor de Jorge Cruz Caballero -demanda de amparo-. d) Convenio extensivo de diverso contrato de asociación en participación, de la quejosa con Jorge Cruz Caballero -escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós-. No obstante, dichas documentales no son suficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, ya que en su caso la primera se encuentra dirigida a acreditar la propiedad y/o posesión del bien inmueble ubicado en "Ampliación Ejidal de la Ex Hacienda Candiani", perteneciente a los ejidos de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Mientras que el contrato de asociación en participación de la quejosa con Jorge Cruz Caballero, y su convenio extensivo, en su caso, lograrían acreditar la existencia de un contrato celebrado por la aquí quejosa con diversa persona respecto de la posible comercialización de recursos naturales acuíferos subterráneos. Y el título de concesión lo que demuestra es que Jorge Cruz Caballero, el Estado le otorgó una concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales subterráneas, en los términos contenidos en él. Sin embargo, dicho material probatorio no acredita de algún modo los actos reclamados a las autoridades responsables, pues en ellas no se evidencia que se haya girado alguna orden de desposesión, ocupación o interrupción con el uso de la fuerza pública, del bien inmueble cuya posesión refiere tener, o alguna orden de embargo de los bienes que se encuentran en él, o de cancelar los permisos, licencias o autorizaciones que refiere tener para el aprovechamiento del recurso natural subterráneo acuífero (agua), ni su ejecución. De manera que, al tratarse de un acto negativo, corresponde a la parte quejosa acreditar que la autoridad responsable incurrió en la misma, esto es, que la autoridad responsable se negó a la recepción del escrito de mérito; requiriéndose en vía de consecuencia la existencia de una solicitud por parte del citado quejoso, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. Al caso se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, tomo 60, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Asimismo, es aplicable la tesis 2a. CXLI/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Sin que se inadvierta que uno de los reclamos de la quejosa es la orden de cancelar licencias, permisos y autorizaciones para la legal explotación del recurso natural subterráneo acuífero (agua), lo que involucra la posible vulneración de un derecho humano como es el de acceso al agua; sin embargo, aún en ese caso, dicho señalamiento no logra desvirtuar las negativas expresas vertidas por las autoridades responsables, con el solo señalamiento -no demostrado- que hizo la quejosas en la demanda, pues ésta no acreditó con alguna prueba la existencia de ese acto reclamado, lo que debe ser probado en forma fehaciente y no con base en meras afirmaciones. Máxime que de los anexos de la demanda, se advierte que en relación con la explotación del agua existe una concesión otorgada a favor de diversa persona a quien la quejosa no atribuyó ningún acto de autoridad. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Finalmente, se autoriza a la Secretaria judicial a firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Anel Karina Maldonado Moreno, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado último, y por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Inspector-Verificador-Notificador-Ejecutor, adscrito a la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, no ha sido notificada de la petición del informe justificado, puesto que de las constancias extraídas de la página oficial de internet de la empresa "estafeta", se advierte que se generó guía de reemplazo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de no retrasar el presente asunto, se ordena reexpedir el oficio 1306 emitido en este juicio, dirigido a la autoridad Inspector-Verificador-Notificador-Ejecutor, adscrito a la Gerencia de Personal de la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, a fin de que sea remitido al domicilio correcto. Por tanto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita, para que a la brevedad realice dicha encomienda, en el entendido de que la citada comunicación deberá enviarse por cualquier medio que agilice su envío y recepción. Reitérese a la autoridad responsable que podrá enviar su informe en relación a dicha comunicación, vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Por otra parte, visto el estado procesal se advierte que se señaló el día de hoy a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impusieran del informe justificado rendido por la autoridad responsable Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, en su carácter de representante legal del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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