Anel Gabriela Prieto Tena
Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Anel Gabriela Prieto Tena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el proveído de catorce de junio del año en curso asunto; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, causó estado para todos los efectos legales correspondientes. ******* Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de hacer pronunciamiento respecto del destino de los cuadernos incidentales, en virtud de que en los mismos se proveyó lo conducente. ****** Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito.
- Principal
Agréguese el oficio y anexos remitidos por el Presidente de la Junta Arbitral al Servicio de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, y se tiene al mismo dando cumplimiento a lo proveído el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, remitiendo al efecto las constancias solicitadas, lo anterior, con fundamento en el arábigo 119 de la citada ley reglamentaria de la materia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- La parálisis total y/o abierta dilación actualizada en el procedimiento laboral ****** ya que desde el 11 de noviembre del 2019, la autoridad ha omitido señalara termino para alegatos y declarar cerrada la instrucción, motivo por el cual se ha omitido dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 855 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua." En ese sentido, y del contraste realizado con las constancias de cuenta remitida por la autoridad responsable el Presidente de la Junta Arbitral al Servicio de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, se desprende que el veintiuno de enero de dos mil veinte se dictó el laudo respectivo dentro del procedimiento laboral ****, del que deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por tanto, este órgano jurisdiccional de amparo considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De lo anterior, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en el artículo anteriormente transcrito, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la dilación procesal realizada dentro del juicio laboral del que deriva este sumario de garantías. No obstante, como ya se dijo, de las constancias de cuenta se evidencia que el veintiuno de enero de dos mil veinte se dictó el laudo correspondiente dentro del proceso laboral, inclusive el veinticinco de septiembre de dos mil veinte fue interpuesto el recurso de revisión por la parte actora en el juicio natural. En ese contexto, es evidente que han cesado los efectos de cumplir con los plazos y términos determinados en la norma jurídica para substanciar el juicio suscitado, eliminándose las omisiones y dilaciones reclamadas por la parte quejosa, por lo que se permite concluir que se han restablecido las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, teniendo los mismos efectos para los cuales sería otorgada la protección constitucional. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa de improcedencia indicada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio de la garantía de administración de justicia pronta y expedita tutelada por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. En consecuencia, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia señalada para las doce horas con del veintiocho de junio de dos mil veintiuno.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada con esta fecha; sin embargo, no se está en condiciones de llevarla a cabo, en virtud de que la autoridad responsable Junta Arbitral al Servicio de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, no ha remitido las constancias que le fueron requeridas mediante proveídos de doce de febrero, cuatro de marzo y veinticinco de abril, todos de dos mil veintiuno. En consecuencia, previo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en autos, requiérase por última ocasión a la autoridad de referencia, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de este proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el juicio laboral JA/940/2017, promovido por ********. Sirve de sustento a lo antes señalado, el criterio de jurisprudencia localizable a página 376, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Noviembre de 1996, Tesis: VI.2o. J/76, cuya transcripción es la siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERÁ RECABARLAS OFICIOSAMENTE. De conformidad con la reforma realizada al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del uno de febrero del mismo año, el Juez Federal está obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en los autos del juicio de amparo y sean necesarias; cuando como en el caso el quejoso haya probado la existencia del acto reclamado; y al incluirse en esta reforma la palabra "deberá", ello impone indudablemente al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador.". Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido para tal efecto, o bien informar el impedimento legal que tuviere para ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días del equivalente al valor de la unidad de medida, de conformidad con los artículos 238 y 260, de la ley de la materia y los artículos 1, 2 y 3 transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 121, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ordinal de referencia que a la letra dice: "Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: [.] II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; [.]"
- Principal
Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que a la autoridad responsable Junta Arbitral al Servicio de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas mediante proveídos de doce de febrero y veinticinco de marzo, ambos del año en curso; por lo tanto, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de este proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el juicio laboral JA/940/2017, promovido por Anel Gabriela Prieto Tena, aquí quejosa. Apercibida que de incumplir con lo anterior, se le aplicará una multa equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y los artículos 1o, 2o y 3o, transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
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