Anel Aydeé Díaz Silva

Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
160/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Anel Aydeé Díaz Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 160/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Se remite promoción. Visto el escrito de***, así como la certificación de cuenta, se advierte que ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, se tramita el juicio de amparo 160/2021, en el que dicho promovente es parte procesal; en consecuencia, a fin de que la promoción sea acordada en el órgano jurisdiccional que corresponde, previa copia se deje en autos, se remite su original con sus anexos al Juzgado de que se trata, para que proceda conforme a sus facultades legales. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 160/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es "destruible". X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 160/2021-4 Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 160/2021; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Anel Aydee Díaz Silva, por propio derecho y en representación de la persona jurídica denominada "Osay Bienes Raíces sociedad anónima de capital variable", solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: "LA OMISIÓN DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL ANEL AYDEE DÍAZ SILVA Y DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA OSAY BIENES RAÍCES, POR FALTA DE CITAS.". Que atribuyó a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca "1". 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 5° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 160/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto omisivo que se reclama a una autoridad residente en el lugar en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda, son los siguientes: De la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, reclamó lo siguiente: Omisión de llevar a cabo el procedimiento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del representante legal Anel Aydee Díaz Silva y de la persona moral "Osay Bienes Raíces sociedad anónima de capital variable", por falta de citas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1, a través de la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, en el caso, no es el caso de presumir o solicitar constancias para un mejor proveer, de conformidad con el artículo 117 y 75, de la Ley de Amparo, atendiendo a que si bien tratándose de un acto omisivo, la carga de la prueba corresponde a las autoridades y no al quejoso, pues es principio aceptado que las omisiones no son materia de prueba; también es cierto que ese principio debe ceder ante la certidumbre sobre si las autoridades omisas están obligadas a actuar como consecuencia del acto reclamado; esto es, si de acuerdo a su naturaleza puede exigírseles o no su cumplimiento. En el caso, no puede exigírsele a la autoridad responsable su cumplimiento, en virtud de que la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, esto es, no acreditó que haya instado a la autoridad para ahora exigirle el cumplimiento de la omisión. Es preciso destacar que si bien es cierto que la quejosa insertó una captura de pantalla en su escrito de demanda de amparo, en la que dice que en ciertas fechas no pudo generar citas en una página de internet, la misma carece de valor probatorio para demostrar la existencia de la omisión reclamada a la responsable, pues conforme a la facultad establecida por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, no se aprecia la hora y fecha en que fue capturada, ni contiene certificación que acredite el lugar -página electrónica-, tiempo y circunstancias en que fue tomada, así como que corresponde a lo presentado en ella. Además, la autoridad responsable al rendir su informe precisó que no es la autoridad competente para efectuar la liberación y/o habilitación de días y horas para las citas, porque no tiene facultad jurídica ni material para acceder o manipular la plataforma electrónica del Servicio de Administración Tributaria; siendo competentes las Áreas Centrales de la Administración General de Servicios al Contribuyente y que desconoce en específico la autoridad que las realiza. En consecuencia, tal circunstancia se traduce en un impedimento jurídico para demandarle a la responsable una respuesta por escrito o vía electrónica. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente. "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." (Tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Así como la jurisprudencia, de texto y rubro siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia.". Ello es así, pues de los criterios transcritos se desprende que cuando la existencia de la conducta omisiva de la responsable requiere la previa existencia de una solicitud de la parte quejosa, a ella corresponde acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la autoridad. Tampoco obsta que la parte quejosa haya acompañado a su demanda de amparo copia certificada por notario Público noventa y cuatro (94) del Estado de Oaxaca del: 1) instrumento notarial número cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y siete, volumen ochocientos cuarenta y tres, pasado ante la fe del notario público número diecinueve en el Estado de Oaxaca, 2) boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio debidamente requisitada y 3) formato M4-Constitución de sociedad; porque con dichas documentales, debidamente valoradas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, únicamente acreditan, la primera documental, la constitución de la sociedad denominada "Osay Bienes Raíces sociedad anónima de capital variable" y que la administración de la misma quedó a cargo de Anel Aydee Díaz Silva; con la segunda y tercera, que dicha constitución quedó debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio; sin que con dichas documentales se desvirtué la negativa que del acto reclamado hizo la autoridad responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Anel Aydee Díaz Silva, por propio derecho y en representación de la persona jurídica denominada "Osay Bienes Raíces sociedad anónima de capital variable", contra la omisión de llevar a cabo el procedimiento de inscripción en el registro federal de contribuyentes; que atribuyó a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca "1", residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en términos del considerando segundo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    pral 160/2021 mesa 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 600 44 00 00 00 2021, de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1, a través de la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Designación de domicilio y delegados. Con apoyo en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como delegados a las personas que menciona. Correo electrónico. Por otra parte, se precisa que la citada autoridad responsable proporciona un correo electrónico, mismo que, no obstante que no reúne los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autoriza dicho medio únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la responsable, cuando se estime necesario. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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