Anel Alfaro Andrade

Expediente 1689/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1689/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Anel Alfaro Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    II. Vista la impresión con evidencia criptográfica, del proveído dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 646/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de cuyo contenido se advierte que la magistrada presidenta de ese tribunal, admitió a trámite los recursos de revisión hechos valer por la autoridad responsable y por el quejoso en contra de la sentencia de veintidós de junio del año en curso; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese a los expedientes físico y electrónico; y estese a la espera de que el referido tribunal remita las ejecutorias correspondientes.

  2. Principal

    III. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por¨********, por si y en representación de su menor hija de iniciales ****., cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público IZT-4 Unidad de Investigación N. 1 sin detenido de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1689/2022-III; se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. Los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley de la materia. El numeral 6° de la Ley de Amparo prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho de la quejosa, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada electrónicamente por la promovente del amparo, pues así se advierte del contenido de ella; por ende, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que, al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada por la promovente. De conformidad con el artículo 3°, párrafos cuarto y quinto, de la ley de la materia, los escritos presentados en forma electrónica se harán utilizando la Firma Electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la cual tampoco se aprecia de la demanda de amparo. Lo anterior se corrobora con la impresión de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del apartado de demandas electrónicas. Por lo que, ante la falta de firma electrónica (FIREL) en el escrito que se provee, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107, de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que la demanda carezca de firma electrónica, (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Por ende, si la demanda presentada vía electrónica, valga la redundancia, no está firmada electrónicamente, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad de quien aparece como promovente. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica); lo que traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, por no estar firmada electrónicamente ni de forma autógrafa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal; en esas condiciones, la demanda resulta improcedente. Luego entonces, se deduce que la demanda de amparo no fue promovida por la citada gobernada a quien perjudica el acto de autoridad. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." De igual manera, robustece lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 213 del Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." CONCLUSIÓN Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6° de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Anel Alfaro Andrade, por si y en representación de su menor hija de iniciales L.A.A., cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada en la modalidad de "Demandas electrónicas", "Juicio en Línea", a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). NOTIFICACION ELECTRONICA. Por única ocasión, se tiene por autorizado el usuario "JULIORVA", y se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano a fin de que realicen las notificaciones a la parte quejosa por el mencionado medio electrónico. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRONICO. Atento a la certificación de cuenta, se advierte que el usuario señalado sí existe, por lo que se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario indicado. Por tanto, la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), deberá habilitar los apartados que correspondan en el referido sistema, para dar cumplimiento a lo anterior. En tal virtud, el Actuario encargado del presente asunto deberá certificar que los campos para la consulta del expediente electrónico estén habilitados y asentar la razón correspondiente en el juicio. AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12 de la ley en cita, téngase como su autorizado con facultades amplias a ****** , toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del párrafo segundo del numeral indicado, por autorizadas a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones, limitación que subsiste, hasta en tanto registren su cedula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en el referido sistema, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. COMUNICACIÓN NO PROCESAL Toda vez que la Ley de Amparo no prevé el correo electrónico, como medio de notificación, pero el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, lo prevé como medio de comunicación no procesal, se toma conocimiento del proporcionado por la promovente. MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS Se hace del conocimiento del quejoso que podrá consultar el expediente electrónico en el local de este órgano jurisdiccional, en los equipos de cómputo que para tal efecto se pongan a su disposición, en términos de lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19, previa cita que prevé el artículo 6 del citado acuerdo. En la inteligencia de que en el momento de la emisión de este proveído no es aplicable este acuerdo, de conformidad con la circular SECNO/6/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal sino el 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos radicados que tengan esa misma calidad. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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