Aneily Yadira Chiroy Fuentes

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora
  • Aneily Yadira Chiroy Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Certificación. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, la suscrita secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de cinco días previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja en contra del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió del siete al trece de marzo de dos mil veintitrés, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación será glosada y correrá la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENDIO DEL AUTO DE 02 DE MARZO DE 2023, EN EL CUAL SE DECRETO: ...................se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por María Celestina Us Imul en favor de Aneily Yadira Chiroy Fuentes............

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por ********************, quien promueve juicio de amparo en favor de ********************, contra actos del subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora, y otras autoridades. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente hace consistir los actos reclamados, en: incomunicación, detención, aseguramiento y retención (que afectan la libertad de la directamente agraviada), así como la emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido y la emisión y ejecución de una orden de traslado a otra estación migratoria del país, de los que según dice es objeto la agraviada por parte de las autoridades señaladas como responsables; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, se provee al respecto lo siguiente: 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación, detención, aseguramiento y retención (que afectan la libertad de la directamente agraviada), así como la emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido y la emisión y ejecución de una orden de traslado a otra Estación Migratoria del país, o cualquier otro de los que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que la directa quejosa se encuentra en riesgo de ser devuelta a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, la cual tiene el efecto de que la agraviada ********************, no sea objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudiera poner en peligro su vida; además, para que se le permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de la quejosa; debiendo informar las autoridades responsables dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (...)" Además, requiérase al Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para efectos de que bajo los términos antes señalados comunique a la parte directamente quejosa, el derecho que tiene al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar a los extranjeros sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Apercibido que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Por otra parte, por la trascendencia y el perjuicio que pudiera llegar a causarse a la agraviada con la ejecución del diverso acto reclamado, este juzgador procede a decretar de plano la medida cautelar solicitada en los siguientes términos: El acto reclamado consiste en la orden de traslado de la Estación Migratoria en que actualmente se encuentra a una diversa, acto que afecta su libertad personal de manera indirecta; por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y en caso de no haberse llevado a cabo, no se ejecute la inminente orden de traslado. 4. Se requiere a la agraviada para que ratifique la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner a la referida agraviada ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirla para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por ********************; además, en el supuesto de que el encargado del resguardo de la directamente agraviada se niegue a ponerla ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista a la representación social de la adscripción, con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si la agraviada no hablara el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento haya servido para comunicarse, le haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma habla la quejosa; b) De qué manera se ha comunicado con ella; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual proviene. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con la agraviada, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. 5. Domicilio. Téngase por señalado el domicilio que indica en la demanda, por así haberlo solicitado en el escrito de demanda la promovente (en el entendido que tendrá que ratificarse por la promovente). 6. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese a la promovente, personalmente a la directa agraviada y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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