Andy Roberto Mamani Mendoza
Expediente 1949/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Andy Roberto Mamani Mendoza
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta en que el Secretario adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite copias certificadas de los testimonios de las resoluciones dictadas en los recursos de queja Q.A. 438/2022 y Q.A. 439/2022; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo de estilo correspondiente vía interconexión, en cada uno de los asuntos y hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor en ambos testimonios arribó a idéntica consideración, motivo por el cual se inserta el resolutivo último de esos asuntos: "ÚNICO.- Es procedente pero infundado el recurso de queja." Ahora, tomando en cuenta lo resuelto por el aludido Tribunal revisor, al declarar infundados tales medios de impugnación interpuesto por esas autoridades se considera que la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, correspondiente, es la competente para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta por un Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, tal como lo establece la jurisprudencia número 2a./J. 49/2003, de la Segunda Sala, Novena Época, visible a página 226, Tomo XVII, Junio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE" En ese contexto, con copia del proveído de trece de junio de dos mil veintidós, en el que se le hizo efectivo el apercibimiento de multa a la Directora General de Recursos Humanos y Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, gírese oficio por duplicado al Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que, a través de la unidad administrativa que corresponda, haga efectivo el cobro de la multa de cien veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En atención a lo anterior, se informa a tal autoridad hacendaria que, la multa impuesta debe calcularse tomando encuenta la unidad de medida y actualización, por lo tanto, de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, la unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a partir de dos mil veintidós, y aplicable al momento de la imposición de la multa (trece de junio de dos mil veintidós) es el equivalente a $ 96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por lo tanto, si la multa impuesta es de cien veces dicha unidad, su equivalente es por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). En ese sentido y para cumplir los requisitos que prevé el punto 2.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de dos mil veintidós y, estar en aptitud de continuar con el cobro de la multa impuesta en autos en auto de trece de junio de dos mil veintidós, el cual se encuentra firme, con fundamento en los artículos 90 y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, para que en el término diez días acredite ante este juzgado de Distrito que remitió a la Administración General de Recaudación de esa misma dependencia, los datos relativos al Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal de las personas que ocupan los cargos de Directora General de Recursos Humanos y Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo cual se advierte de los recursos de queja que promovieron en contra del auto de trece de junio de dos mil veintidós y de los oficios signados por las autoridades mencionadas. Sirve de fundamento al anterior requerimiento, por su contenido, la tesis número III.1o.C.8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia: Constitucional, Página 2239, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE UN FUNCIONARIO, POR UN JUEZ FEDERAL, A FIN DE HACER EFECTIVA LA MULTA QUE LE IMPUSO. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 18, fracción II,(1) establece los supuestos de información confidencial y prevé los datos personales que requieren el consentimiento expreso de los individuos para su difusión, distribución o comercialización; ahora bien, cuando un Juez Federal solicita la información del domicilio particular de un funcionario, a fin de hacer efectiva la multa que le impuso por incumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones en un juicio de amparo donde fue señalado como autoridad responsable, no vulnera el derecho a la protección de datos personales, porque deriva de una orden judicial, lo cual es una excepción a ese derecho humano, que tiene su fundamento en los artículos 22, fracción IV, de la ley federal en cita,(2) 21, numeral 1, inciso d) y 22, numeral 1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,(3) que faculta al órgano jurisdiccional a recabar la información de mérito sin necesidad de anuencia expresa; además, el correctivo incide en la esfera jurídica del funcionario como persona física, no en su calidad de ente dotado de poder público, de ahí que no interfiera con las facultades o afecte el peculio de la persona moral oficial." (Lo destacado es propio). Finalmente, respecto de los datos relativos al Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal de las las personas que ocupan los cargos de Directora General de Recursos Humanos y Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con el rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN"; se tiene como hecho notorio para el suscrito que en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado, obran esos datos de los servidores públicos mencionados, con los cuales también se ejecutaron otras multas similares; por lo tanto, por economía procesal, se ordena remitir copia de esa información la cual obra en sobres por separado, a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; para que haga efectivo el cobro de las aludidas multas. No obstante lo anterior, del estado procesal que tienen los autos, se advierte que a la fecha, las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, para evitar mayores dilaciones procesales y no irrogar perjuicio a la parte quejosa, se procede a lo siguiente: Considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de la materia, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la citada ley y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá justificar fehacientemente, lo siguiente: "(.) Haber solicitado y otorgado la suficiencia presupuestal por la cantidad líquida que se le debe devolver a la parte quejosa, que asciende a $16,638.67 (dieciséis mil seiscientos treinta y ocho pesos 67/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil diecinueve. (.)". En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, de la referida FISCALÍA, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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