Andrik Josue Barredo Ramirez

Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
62/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Andrik Josue Barredo Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    I-Por otra parte, visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído han causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    I-demanda********************Agréguese el oficio 2181/2023, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Ordoñez, a través del cual remite por cuestión de competencia escrito firmado por ********************, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del director General de Prevención y Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo.********************Formación del expediente********************Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. ********************Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. ********************Anotaciones y registro en el libro electrónico ********************En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número ****************************************Aceptación de competencia********************Del oficio de cuenta, se advierte que en proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Ordoñez, con el que declinó la competencia por cuestión de territorio para conocer y resolver el referido juicio de amparo a favor de este Juzgado Federal.********************Lo anterior, al advertir que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Chetumal Quintana Roo; de ahí que los actos reclamados deben comenzar a tener ejecución dentro de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por ser el lugar donde ******************** se encuentra recluido; por tanto, estimó que conforme al artículo 37, párrafo segundo y 48, de la Ley de Amparo, resultaba competente para conocer de dicho asunto el juez de Distrito en turno, en cuya jurisdicción se encuentra el quejoso, esto es, en esta ciudad.********************En consecuencia, por las razones expuestas en el oficio de cuenta, con apoyo en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, con transcripción del presente acuerdo, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante por la vía electrónica.********************Demanda no urgente********************Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, y se estableció que a partir de esa fecha las órdenes de traslado no tendrían el carácter de urgentes; de ahí, pese que la demanda que nos ocupa ingresó como un asunto de guardia que ameritaba un tratamiento particular [urgente], este juzgado federal le da un trámite normal, pues de la integral lectura de la demanda que nos ocupa, se concluye que no se trata de aquellos casos urgentes en los cuales es factible proveer sobre la suspensión de plano y de oficio, al no ubicarse el acto reclamado dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo.********************Desechamiento********************El contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:********************"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite."********************En ese contexto, el ordinal transcrito impone que dentro del plazo de veinticuatro horas el órgano jurisdiccional deberá resolver si la demanda de amparo es susceptible de desecharse, prevenirse o admitirse.********************En principio, debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. ********************Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. ********************Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes********************En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." ********************Así, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en la especie. ********************Con relación a lo anterior, se estima de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 30, 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en integración a lo dispuesto por la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 27/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************"ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo."********************Ello, pues sobre los actos en comento, previo a acudir a la vía constitucional, estos deben ser impugnados ante el director del centro de reclusión, donde se encuentra interno la parte quejosa, como lo establece el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, de considerar que ello resulta ser un caso urgente, directamente ante el juez de su causa o el juez de Ejecución [según sea el caso y de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el procedimiento penal, conforme a la que guarde su situación jurídica el impetrante], en términos del numeral 115 del citado ordenamiento legal, por medio de los cuales pueden ser nulificados dichos actos.********************Esto, a través del recurso ordinario de defensa [controversia judicial], previsto en el invocado numeral 117, fracción III, de dicha legislación especial, al tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión del directo quejoso, incluso, en la citada legislación nacional [que es la que rige los actos reclamados], se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que un tribunal colegiado revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. ********************Ello, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 Constitucional, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio. ********************Cobra aplicación, por no oponerse a la actual ley de la materia, la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: ********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."********************En efecto, los preceptos legales a que se hace referencia, relativos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda [o el de su causa], al momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. ********************Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante el Juzgado correspondiente, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. ********************Así, el juez respectivo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. ********************Además, en caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución [o el de su causa], de oficio o a solicitud de parte, aplicando las disposiciones de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. ********************Luego, la autoridad judicial respectiva tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quede firme. ********************Incluso, en la citada legislación nacional -que es la que rige los actos ahora reclamados-, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, tal como se ha indicado en párrafos precedentes, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación del revisor pueda acudirse a la vía constitucional. ********************Resulta aplicable la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 57, Tomo III, página 2581, décima época, intitulada: ********************"ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones".********************[Énfasis añadido]********************Ello, pues lo que el quejoso intenta evidenciar es que las autoridades que ordenaron o pretenden trasladarlo sin motivo alguno del centro de internamiento donde se encuentra a uno diverso, constituye un aspecto relativo a las condiciones de su internamiento que están reguladas por la citada Ley Nacional de Ejecución, en la que se contemplan los mecanismos de defensa que son procedentes a efecto de salvaguardar las garantías de la población carcelaria. ********************Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia; por lo que, es claro que la parte quejosa antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el juez de su causa o de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado que alega. ********************De ahí que, al no hacer valer la controversia judicial contra el traslado involuntario del que se duele, el peticionario de amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. ********************Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia, acorde a lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ********************Juicio en línea********************Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. ********************Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda.********************Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. ********************Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases:********************- Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente.********************- Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo.********************- La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas;********************- Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y********************- Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización.********************Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal********************En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. ********************Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación.********************Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos.********************Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente:********************- Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y********************- Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes.********************Inclusión y accesibilidad ********************En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando.********************Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente.********************Domicilio procesal ********************Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó expresamente el quejoso en su demanda de amparo, esto es, el Centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo [CERESO].********************Habilitación de días y horas inhábiles********************A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. ********************Solicitud de compensación al jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad********************Finalmente, atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos el juicio de amparo en que se actúa, fue recibido por la secretaria de guardia adscrita a este órgano jurisdiccional, por lo que, se advierte que no se solicitó la compensación y la respectiva boleta de turno; en consecuencia, gírese oficio al jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, efecto de que genere la boleta de turno correspondiente.********************Transparencia y aviso de privacidad********************Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos.********************Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia.********************Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. ********************Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.********************Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.********************Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional********************Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo:********************Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto******************** para que puntualmente:****************************************1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. ********************2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico.********************3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y ********************Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo.********************4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa.********************5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.****************************************En ese sentido, se ordena al oficial judicial:********************La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. ********************La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico.****************************************En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: ********************Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización.****************************************Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional:****************************************Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente:********************- Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales.********************- Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión.********************- Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados.****************************************En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico.******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.

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