Andri Mauricio Villamor Cutz
Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andri Mauricio Villamor Cutz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho plazo transcurrió del diez al dieciséis de marzo del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA PREVENCIÓN Visto lo de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no desahogó la prevención que se le hizo en proveído de veintidós de febrero del año en curso; haciendo efectivo el apercibimiento que se le hizo, no se tiene como autoridad responsable al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que únicamente se proveerá lo relativo al acto reclamado al Ayuntamiento del Municipio de Progreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, vista la demanda de amparo, se tiene a Andri Mauricio Villamor Cutz, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, hace consistir en: La omisión de cumplir con el pago del laudo al que se le condenó en el juicio reclamatorio laboral 475/2015. En ese contexto, antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes transcrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI Julio de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 186605, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte, que la misma resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, SE DEBA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta lo dispuesto en los relacionados artículos, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. En ese sentido, cuando el artículo 5, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general", debe entenderse que está condicionando la procedencia del juicio de amparo a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en el caso, porque el acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, consiste en esencia, en la omisión del Ayuntamiento responsable, de cumplir con el pago del laudo dictado en el juicio reclamatorio laboral 475/2015, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, que el quejoso promovió en contra del citado Ayuntamiento. Esto es, el Ayuntamiento, como parte demandada en el juicio laboral de origen, en cuanto a la conducta omisiva que se le imputó de no cumplir con lo laudado, mantiene una relación de igualdad con el quejoso, y no de supra a subordinación, pues en contra del referido ayuntamiento se puede y debe sustanciar hasta su culminación el procedimiento de ejecución establecido en la legislación aplicable. En ese contexto, se tiene que la autoridad señalada como responsable se asemeja a un particular en contra del cual se dictó una sentencia condenatoria que debe cumplir obligatoriamente a través de la vía ordinaria y haciendo valer los medios contemplados en las leyes ordinarias aplicables. De esta manera la omisión que se le atribuye al citado Ayuntamiento, en nada se puede asemejar a un acto de una autoridad, pues como se dijo, la circunstancia de que omita dar cumplimiento sólo involucra a la sentencia precisamente. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, ya que el acto omisivo reclamado por la parte quejosa, no encuadra como acto de particular que se asemeje o sea equivalente a un acto de autoridad, pues se trata de un acto propio de quien en este caso tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, y lo que se pretende es la ejecución de una sentencia condenatoria dictad en su contra. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 79/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II; página 699, con número de registro 2007066, del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." En esas condiciones, el acto reclamado al Ayuntamiento del Municipio de Progreso, no puede desvincularse de su origen, que lo es la sentencia condenatoria dictada en el expediente laboral 475/2015, pues lo que se pretende obtener es el cumplimiento de lo ahí sentenciado, lo cual hace improcedente el amparo. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número ******************** por el cual remite copia de la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, relativo al amparo en revisión ********************, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ********************, en contra de la sentencia firmada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTE9E a ********************, contra los actos que reclamó a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, así como a la Directora y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad." Acúsese recibo vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia, y glósense a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Por otra parte, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevénganse a las autoridades responsables, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se impondrá a la omisa, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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