Andrés Zecua Cuamatzi y Otros.
Expediente 865/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Andrés Zecua Cuamatzi y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de cinco de septiembre del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal determinó conceder la protección constitucional a ********************, por derecho propio. Conforme la secuela procesal, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, causo ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de mérito, la cual había sido concedida para el efecto: Deje insubsistente la fecha y hora fijada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ********************; y en su lugar, atendiendo a los lineamientos contenidos en la presente sentencia, señalara otra dentro del término de tres días hábiles, ello para que se llevará a cabo la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo contra la parte condenada, lo que debía ser notificado a las partes de manera personal. En consecuencia, en cinco de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las constancias que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que con fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, únicamente en la parte donde se señalaron las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo contra la parte condenada Asimismo, remitió copia certificada de las constancias de notificación de dicha determinación. Con dichas constancias se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera, misma que no hizo pronunciamiento alguno. Por lo cual, esta Jugadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En principio se tiene que la concesión de amparo otorgada, fue para el efecto de que: 1. Dejara insubsistente la fecha y hora fijada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ********************; y en su lugar, atendiendo a los lineamientos contenidos en la presente sentencia, señale otra dentro del término de tres días hábiles, ello para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo contra la parte condenada, lo que deberá ser notificado a las partes de manera personal. Ahora, impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada se advierte que, en efecto el treinta de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la hora y fecha señaladas para la diligencia de requerimiento de pago en el expediente laboral ********************, y en su lugar señaló las diez horas con treinta minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo fue notificado a las partes. Ahora, de lo antes expuesto, se considera que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al Área coordinadora de archivos dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y anexo que se acompaña, por los cuales, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, con lo que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo del expediente en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintiocho de julio de dos mil veintitrés que concedió el amparo en el presente juicio.********************En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes.********************Ahora bien, en el fallo protector que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, fue para el efecto de que:********************Deje insubsistente la fecha y hora fijada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ******************** y en su lugar, atendiendo a los lineamientos contenidos en la presente sentencia, señale otra dentro del término de tres días hábiles, conforme al artículo 102 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contados a partir de que se le notifique el auto en que cause ejecutoria esta resolución, ello para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo contra la parte condenada, lo que deberá ser notificado a las partes de manera personal.********************Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dado que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucional se hizo depender de la resolución emitida por la ordenadora.********************En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo a la autoridad responsable, Magistrado Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio que para efecto se gire, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento.********************Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir con lo ordenado en el párrafo que antecede sin causa justificada, se le impondrá a cada autoridad omisa una multa por la cantidad de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, en términos de los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de la materia.********************Así mismo, se le apercibe que de incumplir con la sentencia en el plazo concedido sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 865/2023, promovido por********************, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por********************; 2.- auto admisorio de veintiuno de junio de dos mil veintitrés y 3.- informe justificado rendido por las autoridades responsables, Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la parte tercera interesada******************** se encuentran debidamente emplazados. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que los quejosos ofrecieron la documental consistente en la notificación realizada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés respecto al acuerdo de veinte de abril de ese año dictado en el juicio laboral ********************. Por su parte, las autoridades responsables, Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito a dicho Tribunal, ofrecieron como pruebas las siguientes: 1.- copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés en el expediente laboral ******************** y de las constancias de notificación realizadas a las partes. 2.- la presuncional legal y humana y 3.- la instrumental de actuaciones. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. A lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 865/2023, promovido por********************, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el día siguiente a este órgano jurisdiccional,******************** demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala ACTO RECLAMADO: El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el que se señalaron las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral ********************. Actos que consideran violatorios de los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 11). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo ******************** y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 12 a 15, 46 y 47). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada,********************, diligencia que se efectuó en los términos que obran en autos (foja 20). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados, por grado, son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza laboral y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: ( El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ********************, en el que se señalaron las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito a dicho Tribunal, al rendir sus informes justificados (fojas 25 a 30 y 32 a 42) manifestaron que es cierto el acto que se les atribuye, por lo cual se tiene plenamente probanza su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en juicio laboral ******************** que como apoyo a su informe justificado remitieron las autoridades responsables, en donde obra el acto reclamado por los quejosos (fojas 38 a 40), documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO.- Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad se encuentre en aptitud de resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. En el caso, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, hacen valer ante este Juzgado de Distrito como causal de improcedencia, la relativa a que la demanda de amparo se promovió de manera extemporánea, la cual se estima infundada. Por principio, cabe decir que la causal de improcedencia invocada está prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese sentido y toda vez que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ********************, en el que se señaló día y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la Ley de Amparo, que es la siguiente: a.- Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado. b.- Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar. c.- Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que la causa que aquí se analiza y torna improcedente el presente juicio de control constitucional, tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en aquellos casos que no se esté en algunas de las excepciones que prevé el mismo numeral. Esto tiene su razón en que el legislador consideró que si un gobernado afectado por el acto de autoridad no se opone a él a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que lo consintió. Lo anterior resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. En el caso a estudio, de las pruebas aportadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del juicio laboral ********************, estableció las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en dicho expediente. Dicha determinación fue notificada personalmente a los ahora quejosos el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés por conducto de su autorizado ********************, como se aprecia a foja 41 de autos, circunstancia que incluso los impetrantes manifestaron en su demanda de amparo, en el que señalan que en esa data les fue notificado el indicado proveído, anexando al efecto el original de dicha actuación (fojas 5 y 8 a 10). En ese sentido, la indicada fecha es la que se toma como punto de partida para verificar la oportunidad para promover este juicio constitucional. Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, ello conforme a la ley que rige el acto; en consecuencia, se debe atender al artículo 106 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que dispone: "Artículo 106. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: "I. Las personales el día y hora que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en esta ley, y "II. Por estrados, al día siguiente al de su publicación en los estrados del Tribunal. "Las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas por lo menos del día y hora en que deba realizarse la diligencia; salvo disposición en contrario de esta ley." En ese tenor, el plazo para la presentación de la demanda de amparo contra el acuerdo que señaló día y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral comenzó a correr el treinta de mayo de dos mil veintitrés y concluía el diecinueve de junio siguiente, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio del mismo año, por ser inhábiles, atento a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la siguiente tabla ilustrativa: MAYO -JUNIO 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 29 Notificación del acto reclamado. Surte efectos el mismo día. 30 Día 1 31 Día 2 1 Día 3 2 Día 4 3 4 5 Día 5 6 Día 6 7 Día 7 8 Día 8 9 Día 9 10 11 12 Día 10 13 Día 11 14 Día 12 15 Día 13 16 Día 14 17 18 19 Día 15 Presenta la demanda 20 21 22 23 24 25 Luego, si la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco el día diecinueve de junio de dos mil veintitrés a las veintiún horas con cincuenta y cuatro minutos, como obra en el sello de recepción que obra a foja 4 de autos, tal promoción resulta oportuna por estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por las responsables. Conclusión la anterior que se robustece con la siguiente imagen que consta en el expediente físico y electrónico del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que la demanda se presentó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés en el referido buzón judicial, esto en horario inhábil y por ello fue turnada el día veinte de junio de dos mil veintitrés a este órgano jurisdiccional: Por tanto, como en el caso es infundada la causal de improcedencia hecha valer y esta autoridad no advierte la actualización de alguna otra, a continuación, se analizan los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación propuestos por los quejosos, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse de un asunto en materia laboral y en el que los impetrantes tienen el carácter de trabajadores; como enseguida se verá. En efecto, los quejosos aducen que el acto reclamado es violatorio del derecho a una pronta impartición de justicia, al haberse señalado una fecha lejana para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Para atender lo anterior, debe tomarse en cuenta lo que disponen a la literalidad los artículos 1° y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." "Artículo 17. . "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Como se advierte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por su parte, en el artículo 17 Constitucional se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J.192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 171257 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209 Tipo: Jurisprudencia "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 Constitucional, pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. En consecuencia, la omisión por parte de la autoridad de desarrollar los procedimientos que ante ella se ventilan, atendiendo a los plazos y términos previstos en la ley, generan la violación al derecho humano y garantía en comento. En ese orden de ideas, cabe señalar que los artículos 102, 133, 153 y 154 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, disponen lo siguiente: "Artículo 102. Cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga fijado un término determinado éste será el de tres días hábiles. Para computar los términos los meses se regularán por treinta días naturales y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas naturales, contando de las veinticuatro horas a las veinticuatro horas, (sic) salvo disposición contraria en esta ley". "Artículo 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del procedimiento. "Artículo 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea declarado ejecutoriado". "Artículo 154. Realizados los trámites del artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se advierte que cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga fijado un término determinado, éste será el de tres días hábiles; y que una vez que causa ejecutoria el laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea declarado ejecutoriado; además que, realizados los trámites, a petición de la parte que obtuvo laudo favorable, el Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que en el caso particular no se ha respetado. Así las cosas, es obligación del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala responsable acatar los términos que para tal efecto se establecen en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Ahora bien, en la especie, de las documentales que exhibieron los quejoso y las autoridades responsables, se aprecia que en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés se dictó auto de requerimiento de pago y embargo contra el demandado,********************, el cual resultó condenado en el juicio de origen, para lo cual, fijó las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que tuviera verificativo tal diligencia, esto es, para cinco meses y veinte días después, propiciando con tal determinación un retardo en su función de administrar justicia, no obstante que una de sus obligaciones es la de impartirla en forma pronta y expedita, lo cual implica que deben gestionar los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación burocrática estatal. Por ello, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, contraviene con su actuar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, así como lo previsto en los artículos 102, 133, 153 y 154 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios del Estado de Tlaxcala, en los que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, concretamente, proveer la pronta ejecución del laudo; y que, como ya fue expuesto, en el caso particular no se ha respetado; de ahí, lo fundado del argumento en estudio. Tiene aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 177266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: IV.3o.T. J/57 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Tipo: Jurisprudencia "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Cabe destacar que si bien las responsable precisaron en sus informes justificados que cuentan con una carga de trabajo excesiva - lo cual no acreditaron en tanto que no exhibieron prueba al respecto - dicha circunstancia no las exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto al trámite y resolución del juicio. Así, con base, en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las autoridades laborales faltarán al derecho fundamental de justicia pronta, cuando no dicten las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento del laudo en los plazos y términos establecidos en la Ley. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Claudia Cordero Báez, en contra del acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. ( Efectos de la concesión del amparo: Por tanto, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal por la violación destacada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: ( Deje insubsistente la fecha y hora fijada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ********************; y en su lugar, atendiendo a los lineamientos contenidos en la presente sentencia, señale otra dentro del término de tres días hábiles, conforme al artículo 102 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contados a partir de que se le notifique el auto en que cause ejecutoria esta resolución, ello para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo contra la parte condenada, lo que deberá ser notificado a las partes de manera personal. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dado que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucional se hizo depender de la resolución emitida por la ordenadora. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Quinta Época Registro: 324978 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVI Materia(s): Común Tesis: Página: 4721 "ACTOS DE EJECUCIÓN. La concesión del amparo contra los actos de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, ya que éstos participan del mismo vicio de inconstitucionalidad de los que le dieron origen." Se precisa que la concesión de amparo no incluye alguna eventual dilación posterior en la que puedan incurrir las autoridades responsables, ya que en su caso ésta debe considerarse futura e incierta, tal y como lo precisa la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, conforme a lo razonado en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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