Andrés Vilis Lozada
Expediente 1557/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Vilis Lozada
Actuaciones
- Principal
... se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Visto; la demanda de amparo promovida por Andrés Vilis Lozada, por propio derecho, contra actos del Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el estado, con sede en esta ciudad, por violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 1557/2015. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: " La resolución de fecha 31 (treinta y uno de agosto) del año en curso, dictada en los autos del Toca número 2429/2015 formado con motivo del recurso de APELACION interpuesto por el suscrito ANDRÉS VILIS LOZADA, donde la responsable ilegalmente DESECHA el recurso de Apelación, por ser según notoriamente improcedente, Apelación en contra de la resolución dictada en fecha 8 (ocho) de junio del año 2015, donde el C. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, procede a la ADJUDICACION directa de un bien de mi legítima propiedad, resolución emitida, en los autos del expediente 981/2010, Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JUAN ORTIZ MENDEZ, en contra del suscrito ANDRES VILIS LOZADA, sobre el pago de pesos y otras prestaciones. Acto reclamado, que no se encuentra debidamente fundado en precepto legal aplicable al caso concreto, mucho menos motivado, esto es, no se hace un razonamiento lógico jurídico que arribe al desechamiento del recurso, por lo que se vulneran mis garantías de audiencia, legalidad y debido proceso, consagradas en los artículos 14 y 16 de Nuestra Ley Suprema, causando un agravio personal y directo..". De la transcripción anterior, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye esencialmente la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, emitida dentro del toca 2429/2015, del índice de la sala responsable, en donde se desecha el recurso de apelación intentado por el aquí quejoso, contra el diverso acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, dictado en el Juicio ejecutivo Mercantil 981/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual, se declara procedente la adjudicación solicitada por la parte actora. Asimismo, de lo narrado por el propio solicitante del amparo en su demanda de garantías, se desprende que él es parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 981/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, del que deriva el acto combatido, encontrándose dicho juicio en sección de ejecución, según se advierte del capítulo de "conceptos de violación". Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En mérito de lo expuesto, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Nueva Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo anterior es así, debido que el acto que reclama el quejoso no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio natural, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, tratándose de remates, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva en que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa a la quejosa. Se cita por ser aplicable al caso, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1738, Tomo II, Septiembre de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Así, conforme a lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo transcrito, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordenan el archivo del asunto, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo ejecución de una dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, se cita la tesis I.3o.C.765 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, visible a página 1345, cuyo rubro enuncia: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO." Con base en lo anterior y atendiendo a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de amparo vigente, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente u ordenan el archivo del asunto, ni es aquél que, en un procedimiento de remate ordena, en forma definitiva, el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto es aplicable la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1827, de la Novena Época, cuyo rubro dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES." Lo anterior significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en esa etapa, esto es, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que, en su caso, se promueva contra la resolución respectiva, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. En ese orden de ideas y toda vez que el acto reclamado por el quejoso, como ya quedó establecido, lo constituye la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, emitida dentro de los autos del toca 2429/2015, del índice de la sala responsable, donde se desecha el recurso de apelación intentado por el aquí quejoso, contra el diverso acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, dictado en el Juicio ejecutivo Mercantil 981/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, dentro del cual, el impetrante de garantías es parte demandada; a más de que la resolución reclamada, no es una determinación judicial que reconozca la cumplimentación de la sentencia que se emitió en el juicio natural, o declare la imposibilidad para hacerlo, por lo cual resulta evidente que, en la especie, se hace patente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, analizados junto con el diverso 113 de la misma ley, relativo a que cuando se trate de violaciones cometidas en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, en consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito en este acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el indicado en su demanda de amparo y, por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adolfo García Méndez y Pablo Solano Alba, así como con las restricciones previstas por el citado artículo, a Laura Pérez Mestizo y Ana María Hernández González, toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 78 y 124 de la Nueva Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Hugo Alberto Aguilera González, en su carácter de apoderado legal de la empresa denominada "Grupo Constructor Xallapan", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el considerando octavo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a los terceros interesados y autoridad responsable, como está ordenado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, previa razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Así lo resolvió y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, hoy veintiocho de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe...
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