Andres Vargas Rodriguez
Expediente 1403/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Andres Vargas Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en el archivo de trámite. b) En términos del artículo 20, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remite el emplazamiento realizado al H. Ayuntamiento Constitucional de Ocuilan, Estado de México en su calidad de parte demandada en el juicio laboral 227/2023, del índice de la responsable. Ahora bien, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de ordenar el emplazamiento del tercero interesado en el expediente 227/2023. Sin embargo, de las constancias que adjunta la responsable como complemento al oficio que se atiende, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas de actuaciones fedatadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que la autoridad responsable emplazó el tercero interesado parte demandada en el juicio de origen el dos de octubre del año en curso. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la omisión de ordenar el emplazamiento del tercero interesado en el expediente 227/2023; empero, de la constancia remitida se aprecia que responsable el once de septiembre de dos mil veintitrés admitió la demanda, y ordenó el emplazamiento del tercero interesado el cual fue emplazado el dos de octubre del año en curso; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, se procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las once horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del presente juicio, evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy, como se determinó en auto de ocho de septiembre del año en curso; sin embargo, se desprende que no ha trascurrido el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que se tuvo por recibido el informe justificado remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del valle de Toluca, Estado de México. En ese sentido, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las once horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado dentro del presente sumario constitucional; asimismo, para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, remite copia certificada del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ********************de su índice. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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