Andrés Urquiza Palazuelos
Expediente 1642/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1642/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/05/2016
Partes del expediente
- Andrés Urquiza Palazuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso, atento al contenido del mismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a los licenciados Cristian José Muñoz Cornejo y Korei Pineda Martínez, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales, según la certificación de cuenta. Ahora bien, del contenido del escrito de cuenta se advierte que el quejoso pretende denunciar la repetición del acto reclamado, por parte de la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, toda vez que manifiesta que dicha autoridad, por Conducto de la Coordinadora de Normatividad Fiscal, en la resolución contenida en el oficio SF/CNF/2917/2016, de veintidós de marzo del año en curso, aplica de nueva cuenta los artículos 41 y 90 a 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece, así como el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, los cuales fueron declarados inconstitucionales en sentencia ejecutoriada de cuatro de agosto de dos mil quince. Al respecto, debe precisarse que en sentencia de cuatro de agosto de dos mil quince, los efectos de la concesión de amparo fueron en los términos siguientes: I. Para el efecto de que no se aplique en perjuicio de Andrés Urquiza Palazuelos, los artículos 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2015, por cuanto ve a su tasa para predios urbanos baldíos del 8 al millar, así como los ordinales 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; durante el lapso de su vigencia. II. Tomando en consideración que el trato previsto en los artículos 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2015, por cuanto ve a su tasa para predios urbanos baldíos del 8 al millar es inequitativo en los términos expuestos en párrafos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional solicitada es únicamente para que se desincorpore de la esfera jurídica de Andrés Urquiza Palazuelos, la obligación de pagar el tributo respectivo, en términos de la tasa para predios urbanos baldíos, sin que con ello quede liberada de la obligación de pagar el importe del tributo en su totalidad, de manera que deben entonces las autoridades hacendarias municipales del Municipio de Querétaro, en cumplimiento de esta sentencia aplicar a la solicitante del amparo la tasa para predios urbanos con edificaciones, esto es, el 1.6 al millar sobre la base gravable, es decir, por el impuesto predial y sus consecuencias, en el caso particular, atento al contenido del comprobante de pago Z-797206, de cuatro de junio de dos mil quince; documental que anexó la parte quejosa con su demanda, expedida por el Municipio de Querétaro, ya que constituye un elemento variable no esencial de la base gravable. Lo anterior se estima de esa forma, ya que en cuanto a la naturaleza jurídica de la previsión legal que en él se contiene y al contexto al cual pertenecen, para efectos de su impugnación mediante el juicio de amparo, el más Alto Tribunal ha señalado que en los tributos existen elementos cuantitativos esenciales, esto es, base imponible y tarifa que no necesita una mayor pormenorización en la ley. Sin embargo, eventualmente existen otras contribuciones, en las cuales, en observancia al principio de proporcionalidad tributaria y con la finalidad de que cada categoría de contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad contributiva, cuyo pleno cumplimiento está sujeto a control constitucional, el legislador instrumenta una serie de variables, surgiendo supuestos que no son aplicables a todos los contribuyentes, sino sólo a aquéllos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo, predial y sobre la renta. Entonces, en la estructura del tributo, por cuanto hace a sus elementos cuantitativos, encontramos dos tipos de normas: las que contienen supuestos genéricos que son aplicables a todos los individuos que comprenden una categoría de contribuyentes y las que contienen supuestos variables que sirven para individualizar el tributo, acercándose al principio de capacidad contributiva. III. Atento a la protección constitucional concedida, deberá restituirse a la quejosa, la cantidad que por el Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, pagó en el comprobante de pago Z-797206, de cuatro de junio de dos mil quince, en cantidad de $1,044.18 (mil cuarenta y cuatro pesos 18/100 moneda nacional), expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro. Ahora, de la anterior precisión se advierte que la concesión de amparo, precisada en la fracción I, se realizó por los artículos que ahí mismo se señalan, durante el lapso de su vigencia, igualmente, en las fracciones II y III, se indican los efectos que se generan en los actos concretos de aplicación de esas normas, esto es, en la aplicación de la tasa para predios urbanos con edificaciones (1.6 al millar sobre la base gravable), así como la devolución de la cantidad que por el Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, pagó en el comprobante de pago Z-797206, comprobante del que además se advierte, corresponde al ejercicio fiscal 2015 dos mil quince. En ese contexto, resulta evidente que en el presente juicio se otorgó el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que no se aplique en perjuicio de Andrés Urquiza Palazuelos, los artículos 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2015, por cuanto ve a su tasa para predios urbanos baldíos del 8 al millar, así como los ordinales 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; DURANTE EL LAPSO DE SU VIGENCIA. Ahora, constituye un hecho notorio para quien resuelve, que con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga", se publicó la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, la cual contiene un mecanismo diverso para el cálculo del Impuesto Predial, respecto de ejercicios anteriores. Luego, el acto que refiere el quejoso, constituye un nuevo acto del que fue materia de análisis del presente juicio, pues al efecto acompañó a su escrito copia certificada del oficio SF/CNF/2917/2016, por el cual, la Coordinadora de Normatividad Fiscal, en representación del Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, señaló, que por lo que respecta a la forma de determinación y causación del Impuesto Predial esta será conforme al artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, artículo que dispone propiamente que el cobro del referido impuesto será conforme a las tarifas progresivas descritas dentro del referido artículo; asimismo, del oficio en alusión, se obtiene que la Coordinadora de Normatividad Fiscal, fundamentó su resolución, en que a la parte quejosa, se le aplicará propiamente el citado artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2016 dos mil dieciséis, situación por la cual, resulta evidente que la parte quejosa se encuentra ante un nuevo acto reclamado, por lo tanto, procede desechar por notoriamente improcedente el incidente en cuestión, pues resulta evidente a todas luces que los efectos de la concesión del amparo fueron la desincorporación de los artículos 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2015, así como los ordinales 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; los cuales fueron derogados por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, mientras que ahora la disposición que se le está aplicando, es el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis. Máxime si se toma en cuanta en cuenta que una ley posterior deroga a la anterior, lo que impide la aplicación abstracta de una u otra ley por parte de la Autoridad Administrativa, sino que debe atenderse al último ordenamiento general emitido, como en el caso aconteció. Da apoyo a lo anterior, la Tesis: 1a. CXVII/2011, consultable en la página 303, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS. Ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Ley de Ingresos de la Federación deba tener sólo un carácter; por el contrario, los juicios que han llegado a realizarse sobre el particular, permiten sostener que la Ley de Ingresos debe tener un contenido normativo específico, como lo es legislar sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal. En efecto, la Constitución no dispone que la Ley de Ingresos debe limitarse materialmente, a fin de contemplar sólo una serie de datos e informes sobre las contribuciones que deban recaudarse, razón por la que las Leyes de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, pueden regular aspectos sustantivos fiscales de trascendencia en la determinación de los impuestos. Por ende, resulta incorrecto afirmar que el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, la materia a la que podría ceñirse desde el punto de vista constitucional, tendría que ser únicamente informativa de las contribuciones que el erario federal deba recaudar y que no puede regular elementos tributarios concernientes a la materia fiscal.". Así como la Jurisprudencia consultable en la página 183, del Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACION. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES. Es inadmisible el argumento en el sentido de que las leyes de ingresos de la federación no pueden modificar las disposiciones de las leyes fiscales especiales, ya que por una parte, si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones, y por otra parte dichas leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva.". En consecuencia, con apoyo en lo que contiene el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el incidente de repetición del acto reclamado, promovido por el quejoso. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la tesis siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA. La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia."
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Héctor Eduardo García Segura, autorizado del quejoso, atento al contenido del mismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos, teniendo como autorizados para recibirlas a las personas que refiere en su escrito, procurando que en su entrega no se distraigan las funciones sustantivas del personal de este Juzgado...V
- Principal
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. . . ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO. . .ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR NO CONSIDERARSE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. . .V
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Delegada del Secretario de Finanzas y Director de Ingresos, ambos del Municipio de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, envía el cheque número 0025950, por la cantidad de $4,385.51 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.), expedido a nombre de la parte quejosa ANDRÉS URQUIZA PALAZUELOS; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que ésta conforme y este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término concedido, comparezca ante éste Juzgado, con documento idóneo que la identifique y copia del mismo, a solicitar la entrega del cheque aludido, mismo que queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bajo apercibimiento que de no ocurrir a recogerlo en el término aludido de un mes, este órgano jurisdiccional de oficio devolverá dicho documento a la autoridad remisora. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. . .V
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