Andrés Urquiza Palazuelos
Expediente 1008/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Andrés Urquiza Palazuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y la documental que anexa, las cuales se admite y se tiene por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designado como delegados a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Ahora bien, de las constancias que obran anexas al oficio que se acuerda y a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: El quejoso señaló como acto reclamado: La omisión del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, de emitir la resolución concerniente a la solicitud de Prórroga y Modificación Administrativa del Título de Concesión 08GUA103419/12AMGR97, radicada bajo el número GUA-L-0823-11-04-17 e ingresada el once de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, que fueron anexadas al oficio B00.910.00.1/3147 que se acuerda, se desprende: Que el veinte de junio de dos mil diecisiete, la responsable emitió el oficio B00.910.01.1/003695, el cual contiene la resolución mediante la que dio respuesta a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA103419/12AMGR97; y, Que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le fue notificado al quejoso, por conducto de su apoderado, el referido oficio B00.910.01.1/003695. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se le notificó a éste, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación contenida en el oficio B00.910.01.1/003695 de veinte de junio de dos mil diecisiete, y su notificación al quejoso, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de contestación de la petición que formuló el peticionario del amparo. No pasa desapercibido para este juzgador, lo manifestado por el quejoso en su diverso escrito de veintitrés de noviembre del año en curso, respecto a que en relación a su trámite únicamente queda pendiente la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua; sin embargo, como se puede advertir de la resolución contenida en el oficio B00.910.01.1/003695 de veinte de junio de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho trámite se encuentra sujeta a una diversa gestión que no es materia del presente juicio de amparo y que es llevada a cabo por una autoridad que no fue señalada como responsable; por lo que, se trata de un diverso acto impugnable en un nuevo juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y la documental que anexa, las cuales se admite y se tiene por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designado como delegados a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Ahora bien, de las constancias que obran anexas al oficio que se acuerda y a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: El quejoso señaló como acto reclamado: La omisión del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, de emitir la resolución concerniente a la solicitud de Prórroga y Modificación Administrativa del Título de Concesión 08GUA103419/12AMGR97, radicada bajo el número GUA-L-0823-11-04-17 e ingresada el once de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, que fueron anexadas al oficio B00.910.00.1/3147 que se acuerda, se desprende: Que el veinte de junio de dos mil diecisiete, la responsable emitió el oficio B00.910.01.1/003695, el cual contiene la resolución mediante la que dio respuesta a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA103419/12AMGR97; y, Que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, le fue notificado al quejoso, por conducto de su apoderado, el referido oficio B00.910.01.1/003695. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se le notificó a éste, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación contenida en el oficio B00.910.01.1/003695 de veinte de junio de dos mil diecisiete, y su notificación al quejoso, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de contestación de la petición que formuló el peticionario del amparo. No pasa desapercibido para este juzgador, lo manifestado por el quejoso en su diverso escrito de veintitrés de noviembre del año en curso, respecto a que en relación a su trámite únicamente queda pendiente la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua; sin embargo, como se puede advertir de la resolución contenida en el oficio B00.910.01.1/003695 de veinte de junio de dos mil diecisiete, la inscripción de dicho trámite se encuentra sujeta a una diversa gestión que no es materia del presente juicio de amparo y que es llevada a cabo por una autoridad que no fue señalada como responsable; por lo que, se trata de un diverso acto impugnable en un nuevo juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Visto el escrito signado por **********, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso; en atención a su contenido, téngasele ofreciendo como prueba la documental que anexa, la cual de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional.
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