Andrés Ulises Oliveros Domínguez
Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Ulises Oliveros Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el tres de abril pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 601/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ""Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el tres de abril pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. ""Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el tres de abril pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe."De la certificación que antecede, se advierte que el tres de abril pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en representación del 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz y 2. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cincuenta minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 601/2022, promovido por Andrés Ulises Oliveros Domínguez, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el secretario da cuenta que las partes no las ofrecieron; con lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. ABIERTO EL DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 601/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Andrés Ulises Oliveros Domínguez, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz39-40Cierto 2. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz 39-40 Cierto De quien reclamó: a). El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós. b). Todas las consecuencias que resulten. c). La inminente omisión en el pago de las percepciones del quejoso como servidor público del Instituto Nacional de Migración, como consecuencia del cambio de adscripción y/o reubicación. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 601/2022 este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz reconocieron la existencia del acto reclamado consistente en: El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós Lo que se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y los citados 128 y 138 de la Ley de Amparo, contra la orden reclamada girada por las responsables, se debe negar la suspensión definitiva solicitada, por tratarse de actos consumados, en contra de los cuales no es dable decretar tal medida cautelar; ello es así, ya que del análisis integral de la demanda que se provee, se advierte que las aludidas actuaciones ya fueron realizadas, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad de los referidos actos que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sean inconstitucionales, para en su caso, darle efectos restitutorios a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del bien derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". Ahora, en lo atinente a la suspensión solicitada, en cuanto a los efectos y consecuencias de tal orden (relacionadas con el cambio de adscripción) se señala que de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; mientras que en el artículo 129 de la misma ley, se señalan los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público; señalamiento que no es limitativo sino enunciativo. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 311, del tomo XI, del mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." En relación con lo anterior, se precisa que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, siendo que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese sentido, como se adelantó, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva por la parte quejosa, toda vez que las órdenes giradas relativas al cambio de adscripción del promovente a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios como Agente Federal de Migración, pudieran derivar de las necesidades del servicio del Instituto Nacional de Migración; de manera que la concesión de la suspensión podría fomentar la indisciplina dentro de la administración pública, pues se traduciría en una desobediencia, insubordinación o desacato al mandato de sus superiores, lo que no es propio de un servidor público, ya que éste, al aceptar el cargo, asumió el compromiso de atender, en primer lugar, las necesidades de la sociedad por sobre su interés propio y personal, y si no lo hace así, causa un perjuicio evidente para la colectividad, quien para percibir la funcionalidad del servicio público, tendría que esperar el examen de validez que sobre esas órdenes se realice, con el consiguiente retraso o perjuicio si éstas llevaran una intención clara, objetiva e inmediata de atender una necesidad. Menos aún es válido suspender una instrucción que posiblemente tienda a establecer una estrategia de mejoramiento al trabajo institucional que desarrolla el Instituto Nacional de Migración. Máxime que, como se anticipó, el cambio de adscripción es a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios, y le fueran asignadas sus respectivas actividades; por lo que se insiste en señalar que, de conceder la medida, se puede provocar un desacato que perjudique el correcto funcionamiento de la institución en comento. En ese sentido, el interés social y el orden público deben entenderse bajo dos aspectos, a saber: el primero, que se refiere al derecho fundamental de la persona que se ve afectada por el acto de autoridad y, el segundo, relativo al adecuado desempeño o funcionalidad de la institución a la que pertenece; y, por consiguiente, del servicio público; ambos se ven involucrados porque el quejoso se defiende de un acto que atañe a su interés personal y que lo involucra en el ámbito de validez de sus derechos fundamentales; sin embargo, su propia actuación es parte del funcionamiento del aparato gubernamental, de manera que si se examina su actuación y se atiende a su reclamo, ello transcenderá, necesariamente, en la operatividad y actuación de la institución que refleja su eficacia en el mundo material mediante la actuación de sus miembros, entre los que se encuentra el propio quejoso. De manera que la orden o cualquier acto similar, mediante el cual se determinen las funciones o cambio de adscripción de la parte quejosa, es de orden público e interés social, por lo que no se cumple con el requisito que exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, debido a que con su concesión se contravendrían, precisamente, disposiciones de orden público, con lo que se causaría perjuicio al interés social, en relación con la seguridad pública de la ciudadanía. Sirve de apoyo por cuanto hace a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 6/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito". En este sentido conviene invocar la tesis jurisprudencial 2a./J. 52/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 296, que dispone: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesario cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." En esas condiciones, como no se cumple con el requisito del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Andrés Ulises Oliveros Domínguez, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto en términos del considerando quinto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe."2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN I-601/2022 Oficios Autoridades responsables Acuses 3789 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz 3790 2. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz Veracruz, Veracruz EN LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN I-601/2022, PROMOVIDO POR ANDRÉS ULISES OLIVEROS DOMÍNGUEZ, CONTRA ACTOS DE USTED, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cincuenta minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 601/2022, promovido por Andrés Ulises Oliveros Domínguez, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el secretario da cuenta que las partes no las ofrecieron; con lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. ABIERTO EL DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 601/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Andrés Ulises Oliveros Domínguez, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz 39-40 Cierto 2. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz 39-40 Cierto De quien reclamó: a). El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós. b). Todas las consecuencias que resulten. c). La inminente omisión en el pago de las percepciones del quejoso como servidor público del Instituto Nacional de Migración, como consecuencia del cambio de adscripción y/o reubicación. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 601/2022 este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz reconocieron la existencia del acto reclamado consistente en: El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós Lo que se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y los citados 128 y 138 de la Ley de Amparo, contra la orden reclamada girada por las responsables, se debe negar la suspensión definitiva solicitada, por tratarse de actos consumados, en contra de los cuales no es dable decretar tal medida cautelar; ello es así, ya que del análisis integral de la demanda que se provee, se advierte que las aludidas actuaciones ya fueron realizadas, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad de los referidos actos que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sean inconstitucionales, para en su caso, darle efectos restitutorios a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del bien derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". Ahora, en lo atinente a la suspensión solicitada, en cuanto a los efectos y consecuencias de tal orden (relacionadas con el cambio de adscripción) se señala que de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; mientras que en el artículo 129 de la misma ley, se señalan los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público; señalamiento que no es limitativo sino enunciativo. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 311, del tomo XI, del mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." En relación con lo anterior, se precisa que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, siendo que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese sentido, como se adelantó, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva por la parte quejosa, toda vez que las órdenes giradas relativas al cambio de adscripción del promovente a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios como Agente Federal de Migración, pudieran derivar de las necesidades del servicio del Instituto Nacional de Migración; de manera que la concesión de la suspensión podría fomentar la indisciplina dentro de la administración pública, pues se traduciría en una desobediencia, insubordinación o desacato al mandato de sus superiores, lo que no es propio de un servidor público, ya que éste, al aceptar el cargo, asumió el compromiso de atender, en primer lugar, las necesidades de la sociedad por sobre su interés propio y personal, y si no lo hace así, causa un perjuicio evidente para la colectividad, quien para percibir la funcionalidad del servicio público, tendría que esperar el examen de validez que sobre esas órdenes se realice, con el consiguiente retraso o perjuicio si éstas llevaran una intención clara, objetiva e inmediata de atender una necesidad. Menos aún es válido suspender una instrucción que posiblemente tienda a establecer una estrategia de mejoramiento al trabajo institucional que desarrolla el Instituto Nacional de Migración. Máxime que, como se anticipó, el cambio de adscripción es a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios, y le fueran asignadas sus respectivas actividades; por lo que se insiste en señalar que, de conceder la medida, se puede provocar un desacato que perjudique el correcto funcionamiento de la institución en comento. En ese sentido, el interés social y el orden público deben entenderse bajo dos aspectos, a saber: el primero, que se refiere al derecho fundamental de la persona que se ve afectada por el acto de autoridad y, el segundo, relativo al adecuado desempeño o funcionalidad de la institución a la que pertenece; y, por consiguiente, del servicio público; ambos se ven involucrados porque el quejoso se defiende de un acto que atañe a su interés personal y que lo involucra en el ámbito de validez de sus derechos fundamentales; sin embargo, su propia actuación es parte del funcionamiento del aparato gubernamental, de manera que si se examina su actuación y se atiende a su reclamo, ello transcenderá, necesariamente, en la operatividad y actuación de la institución que refleja su eficacia en el mundo material mediante la actuación de sus miembros, entre los que se encuentra el propio quejoso. De manera que la orden o cualquier acto similar, mediante el cual se determinen las funciones o cambio de adscripción de la parte quejosa, es de orden público e interés social, por lo que no se cumple con el requisito que exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, debido a que con su concesión se contravendrían, precisamente, disposiciones de orden público, con lo que se causaría perjuicio al interés social, en relación con la seguridad pública de la ciudadanía. Sirve de apoyo por cuanto hace a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 6/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito". En este sentido conviene invocar la tesis jurisprudencial 2a./J. 52/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 296, que dispone: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesario cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." En esas condiciones, como no se cumple con el requisito del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Andrés Ulises Oliveros Domínguez, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto en términos del considerando quinto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. A T E N T A M E N T E. BOCA DEL RÍO, VER., 01 DE MARZO DE 2023. EL SECRETARIO Jorge Lagunes Maitret,. FIRMA ELECTRÓNICA) En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cincuenta minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 601/2022, promovido por Andrés Ulises Oliveros Domínguez, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el secretario da cuenta que las partes no las ofrecieron; con lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. ABIERTO EL DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 601/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Andrés Ulises Oliveros Domínguez, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz39-40Cierto 2. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz 39-40 Cierto De quien reclamó: a). El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós. b). Todas las consecuencias que resulten. c). La inminente omisión en el pago de las percepciones del quejoso como servidor público del Instituto Nacional de Migración, como consecuencia del cambio de adscripción y/o reubicación. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 601/2022 este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz reconocieron la existencia del acto reclamado consistente en: El cambio de adscripción y/o reubicación del quejoso como Agente Federal de Migración en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, a la oficina de la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, con efectos a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, como consta del oficio INM/ORV/1919/2022 de diez de junio de dos mil veintidós Lo que se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y los citados 128 y 138 de la Ley de Amparo, contra la orden reclamada girada por las responsables, se debe negar la suspensión definitiva solicitada, por tratarse de actos consumados, en contra de los cuales no es dable decretar tal medida cautelar; ello es así, ya que del análisis integral de la demanda que se provee, se advierte que las aludidas actuaciones ya fueron realizadas, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad de los referidos actos que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sean inconstitucionales, para en su caso, darle efectos restitutorios a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del bien derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". Ahora, en lo atinente a la suspensión solicitada, en cuanto a los efectos y consecuencias de tal orden (relacionadas con el cambio de adscripción) se señala que de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; mientras que en el artículo 129 de la misma ley, se señalan los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público; señalamiento que no es limitativo sino enunciativo. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 311, del tomo XI, del mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." En relación con lo anterior, se precisa que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, siendo que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese sentido, como se adelantó, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva por la parte quejosa, toda vez que las órdenes giradas relativas al cambio de adscripción del promovente a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios como Agente Federal de Migración, pudieran derivar de las necesidades del servicio del Instituto Nacional de Migración; de manera que la concesión de la suspensión podría fomentar la indisciplina dentro de la administración pública, pues se traduciría en una desobediencia, insubordinación o desacato al mandato de sus superiores, lo que no es propio de un servidor público, ya que éste, al aceptar el cargo, asumió el compromiso de atender, en primer lugar, las necesidades de la sociedad por sobre su interés propio y personal, y si no lo hace así, causa un perjuicio evidente para la colectividad, quien para percibir la funcionalidad del servicio público, tendría que esperar el examen de validez que sobre esas órdenes se realice, con el consiguiente retraso o perjuicio si éstas llevaran una intención clara, objetiva e inmediata de atender una necesidad. Menos aún es válido suspender una instrucción que posiblemente tienda a establecer una estrategia de mejoramiento al trabajo institucional que desarrolla el Instituto Nacional de Migración. Máxime que, como se anticipó, el cambio de adscripción es a la Sub Representación Local Tuxpan del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxpan, Veracruz, para continuar prestando sus servicios, y le fueran asignadas sus respectivas actividades; por lo que se insiste en señalar que, de conceder la medida, se puede provocar un desacato que perjudique el correcto funcionamiento de la institución en comento. En ese sentido, el interés social y el orden público deben entenderse bajo dos aspectos, a saber: el primero, que se refiere al derecho fundamental de la persona que se ve afectada por el acto de autoridad y, el segundo, relativo al adecuado desempeño o funcionalidad de la institución a la que pertenece; y, por consiguiente, del servicio público; ambos se ven involucrados porque el quejoso se defiende de un acto que atañe a su interés personal y que lo involucra en el ámbito de validez de sus derechos fundamentales; sin embargo, su propia actuación es parte del funcionamiento del aparato gubernamental, de manera que si se examina su actuación y se atiende a su reclamo, ello transcenderá, necesariamente, en la operatividad y actuación de la institución que refleja su eficacia en el mundo material mediante la actuación de sus miembros, entre los que se encuentra el propio quejoso. De manera que la orden o cualquier acto similar, mediante el cual se determinen las funciones o cambio de adscripción de la parte quejosa, es de orden público e interés social, por lo que no se cumple con el requisito que exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, debido a que con su concesión se contravendrían, precisamente, disposiciones de orden público, con lo que se causaría perjuicio al interés social, en relación con la seguridad pública de la ciudadanía. Sirve de apoyo por cuanto hace a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 6/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito". En este sentido conviene invocar la tesis jurisprudencial 2a./J. 52/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 296, que dispone: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesario cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." En esas condiciones, como no se cumple con el requisito del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Andrés Ulises Oliveros Domínguez, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto en términos del considerando quinto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe.
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