Andrés Trinidad Medel de Gante
Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Andrés Trinidad Medel de Gante
- Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California
- Blanca Estela Cortez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha resolución que sobresee el juicio de amparo promovido por********************por conducto de su apoderado legal********************, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son estos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, su ampliación, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: La audiencia inicial celebrada el cuatro de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412. El auto de no vinculación a proceso a favor de Blanca Estela Cortez Zavala, dictado el cuatro de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412. La omisión de acordar en tiempo la promoción presentada el nueve de julio de dos mil veinte. La omisión de llamamiento a las audiencias inicial y de no vinculación a proceso a favor de Blanca Estela Cortez Zavala, dictado el cuatro de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412, remitidas por la referida autoridad. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma ley. Cobra vigencia, por cuanto hace al valor probatorio otorgado a dicho informe, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Concatenado con el registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412; mismo que tiene valor jurídico de documental pública, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 43/2013 y la ejecutoria que le dio origen, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil trece, Décima Época, que dice lo siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."; deriva, en lo que aquí interesa, que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales en efecto de preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio; por lo que, concluye la Sala del Alto Tribunal, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública (lato sensu), tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por lo que, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, los cuales se reprodujeron en la audiencia constitucional, para considerarlos al emitir la presente determinación." Misma determinación debe tomarse respecto a la autoridad responsable Unidad de Investigación de Delitos contra Robo de Vehículo Oriente, con sede en esta ciudad, quien fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante, de encontrarse debidamente notificada para ello; por tanto, se presume como cierto lo que se le atribute. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este tribunal advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, en razón de que su eventual actualización impide el estudio del fondo del presente asunto constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Asimismo, cabe citar la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, del Apéndice 1917-1985, Parte VIII, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, en relación a los actos reclamados consistentes en la diligencia de audiencia inicial y el auto de no vinculación a proceso emitido el cuatro de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412, al haberse celebrado de manera conjunta, en donde la parte quejosa figura como víctima, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; numeral que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Al respecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el peticionario debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que refiere le afecta. De considerar que las partes no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades. Dicho principio admite excepciones, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Del análisis de los autos, se advierte que la parte quejosa tiene el carácter de víctima dentro de la causa penal que se examina. Asimismo, se advierte que el citado cuatro de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia primero de inicio y posteriormente de vinculación a proceso en contra de la parte tercero interesada. En esa misma fecha, la juez responsable resolvió decretar un auto de no vinculación a proceso por las consideraciones que ahí emitió. Se destaca que la quejosa no está privada de su libertad personal. Por ende, se tiene que no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad, puesto que el acto reclamado en esta instancia, no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Además, el medio de defensa que debió agotar no está sujeto a interpretación adicional, dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 467, fracción VII, prevé lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; [.]" Del numeral se desprende que es procedente el recurso de apelación promovido en contra de las resoluciones dictadas por el Juez de control, en aquellos supuestos en que se resuelve la vinculación del imputado (incluso la no vinculación). Por otra parte, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, dado que la parte quejosa funge víctima en la causa penal de origen, pues es parte querellante. De modo que si no se actualiza alguno de los supuestos de excepción, se debió agotar el principio de definitividad respectivo, previo a la promoción del amparo indirecto. Por ello, de dicho numeral se advierte la existencia de un medio de defensa legal, como lo es recurso de apelación, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Luego, ello denota que contra la resolución que negó la vinculación a proceso de un imputado (en la que se reclaman vicios acaecidos en el audiencia inicial celebrada en la propia audiencia) procede el recurso de apelación conforme al artículo 467 fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que no fue previamente agotado, y donde pudieron haber reclamado las violaciones que ahora destacan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 992, Tomo I, Libro 28, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2011238, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL CONTEMPLADO EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO DERECHO HUMANO CONTENIDO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece expresamente que tendrán derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. Por su parte, el numeral 418 de la referida ley adjetiva en materia penal, define las determinaciones contra las que procede el recurso de apelación, siendo éstas: las sentencias definitivas; los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad; los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; los asuntos en los que se niegue la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y todas aquellas resoluciones en que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal conceda expresamente el recurso. Ahora bien, de una interpretación extensiva del artículo 17, en relación con la fracción IV del apartado B del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos pueden inconformarse en contra de aquellas determinaciones que afecten sus derechos constitucionales a la impartición de justicia y reparación del daño. De lo anterior, se entiende que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada, con la finalidad de que confirme, revoque o modifique la resolución apelada, teniendo derecho a apelar, entre otros, la víctima o el ofendido o sus legítimos representantes. En ese tenor, la víctima o el ofendido en el proceso penal no están legitimados únicamente para promover la apelación en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño en su favor, sino que es procedente que acudan a ese recurso en defensa de cualquiera otro de los derechos fundamentales que en su favor consagre el apartado B del artículo 20 constitucional, así como de cualquier otro derecho humano consagrado en los tratados internacionales en los que México sea parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal." También, cobra aplicación la tesis I.6o.P.99 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1382, Tomo III, Libro 51, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2016149, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN Y NO VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 459, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De los artículos 2o., 10, 11 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el nuevo sistema penal acusatorio oral prevé como principio rector el de igualdad de las partes (víctima e imputado) en el ejercicio de sus derechos, de manera que la víctima puede recurrir aquellas determinaciones que le causen algún agravio, como lo ha determinado el Alto Tribunal, en el sentido de que con base en la reforma constitucional de 2000 al artículo 20, se estableció el reconocimiento de los derechos procesales de la víctima u ofendido, en su calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, con motivo de la ampliación progresiva de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, lo que dio lugar a su participación en las etapas procedimentales penales, para asegurar su efectiva intervención, pues el reconocimiento de los derechos de la víctima como parte en el proceso penal, derivó de la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, reconociéndose así su derecho a ser oída, a obtener un recurso efectivo, así como a la reparación del daño. De este modo, de acuerdo con los artículos 108, 109, fracciones XIV y XXV, 459 y 467, fracción VII, del código mencionado, contra las resoluciones dictadas por el Juez de control, en que se resuelva la vinculación o no vinculación a proceso del imputado, procede el recurso de apelación interpuesto por la víctima u ofendido del delito, al reconocerse a éste el derecho a impugnar aquellas resoluciones que versen en cuanto a la reparación del daño causado por el ilícito, en caso de que se estime que el resultado le perjudica. Ello, ya que aun cuando la interpretación de estos últimos preceptos parece restrictiva, al verse afectada, aun de manera indirecta, la reparación del daño se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 459, fracción I, referido, pues de acuerdo con las reformas constitucionales y a los tratados internacionales, los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia exigen que la víctima cuente con un recurso ordinario efectivo que le permita inconformarse con las determinaciones que le afecten directa o indirectamente." Así también, la tesis IV.2o.P.4 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 2081, Tomo IV, Libro 50, Décima Época, Registro 2016075, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 456 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que las partes en el nuevo proceso penal oral tienen los mismos derechos, acorde con el principio de igualdad, esto es, el imputado, la víctima y el órgano de acusación cuentan con los mismos medios de impugnación, entre otras prerrogativas. Así, la fracción VII del artículo 467 citado conduce a desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado. De considerar improcedente el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, no sólo implicaría la transgresión del principio de igualdad, sino también haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido personalizado, esto es, cuando el sujeto pasivo resiente un daño físico o económico, en cuanto la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción II, establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no vinculación." Derivado de lo expuesto, esta juzgadora actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a los actos que se examinan. Ahora bien, en relación al diverso acto reclamado consistente en la omisión de acordar en tiempo la promoción presentada el nueve de julio de dos mil veinte, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Conforme al precepto transcrito, es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió. Es así, en atención a que de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia protectora, ya sea porque la situación jurídica que imperaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten y afecten la esfera jurídica del quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXIV, diciembre de 2006, novena época, registro 173858, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es de indicarse que la parte quejosa reclama violación a sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que aduce omisión de acordar en tiempo la promoción presentada el nueve de julio de dos mil veinte; empero, debe destacarse que del análisis de las constancias del procedimiento penal de origen, se aprecia que el diez de septiembre de dos mil veinte, se proveyó que la parte quejosa por conducto de su asesor jurídico ya contaba con autorización para accesar a la carpeta digital en la que obraban los registros de las actuaciones, audiencias y complementarios en la causa penal que originó los actos reclamados. De lo expuesto se colige que las cuestiones reclamadas no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, en virtud de haberse modificado el entorno dentro del cual se emitió, de forma tal, que de concederse la protección constitucional en contra del acto reclamado de referencia, carecería de efectos materiales, porque no es posible jurídicamente restituir a la quejosa en el goce de su derecho fundamental violentado, ya que existe una determinación que jurídicamente lo impide y en ella se ya se proveyó de conformidad lo que se había solicitado. Como consecuencia, en virtud de que subsiste el acto reclamado de violación al artículo 17 de la Carta Magna, pero no puede surtir efectos legales o materiales algunos por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, como quedó destacado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el numeral 61 fracción XXII de la ley de la materia. Finalmente, en relación al diverso acto reclamado de omisión de llamamiento a las audiencias inicial y de no vinculación a proceso a favor de Blanca Estela Cortez Zavala, dictado el cuatro de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 02220/2020, Número Único de Caso 02-2020-13412, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia que señala la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, al tenor de lo siguiente. En efecto, el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia ley. Al respecto, es necesario precisar que lo aquí reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 109 fracción XXI, establece que la parte victima tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Conviene establecer para el estudio de la causa de improcedencia, el contenido el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. [.]." El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes relativas a la investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, el artículo 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]." Del numeral transcrito se advierte que la parte victima tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado, la cual no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental el cual señala: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece." Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que no son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de un referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre sí sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, si el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas que requieran control judicial; y por su parte, el artículo 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que la parte victima tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen omisiones en la investigación que practica un agente del Ministerio Público deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar el aseguramiento impugnado. Por su sentido jurídico, se invoca la jurisprudencia 1a./J.28/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro 57, agosto de 2018, página 943; cuyo rubro establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Además, con la intención de robustecer que la cuestión que se le reclama al fiscal responsable es improcedente, esta resolutora estima que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 5º, fracción II, del propio ordenamiento legal, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación gramatical del último de los preceptos trascritos, se advierte que la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por ello, es conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para lo cual se requiere de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Aplica la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, a fin de verificar si en el caso el fiscal señalado como responsable tiene la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, es pertinente recordar que los artículos 10, 11, 66, 105, 211, 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, disponen: "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. [.] Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen". "Artículo 66. Intervención en la audiencia. En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor. El Ministerio Público, el imputado o su Defensor, así como la víctima u ofendido y su Asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el Órgano jurisdiccional. El imputado o su Defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el Órgano jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su Defensor, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo". "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. [.]". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. [.]". Es así que del último párrafo del artículo 105 transcrito, se obtiene que los sujetos del procedimiento que tienen la calidad de partes en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Además, en términos del numeral 211 también transcrito, se advierte que dentro del propio procedimiento penal, pueden identificarse las etapas siguientes: La de investigación, que comprende las fases de investigación inicial e investigación complementaria; de ellas, la primera comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación; en tanto que la segunda, comprende desde la formulación de imputación y se agota una vez que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, y se desahoga también ante el juez de control. Y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, y tiene lugar ante el juez de enjuiciamiento. Destaca que de esas etapas del procedimiento, es únicamente durante la primera y, específico, en la fase de investigación inicial, donde el Ministerio Público dirige las actuaciones, y esto lo realiza hasta antes de que formule la imputación. Siendo así que a partir de la fase de investigación complementaria (inmersa en la primera de las mencionadas etapas), se da inicio al proceso penal acusatorio y oral. Primero bajo la dirección del juez de control, a partir de que se formula la imputación; y luego de iniciada la etapa de juicio, con la dirección del juez de enjuiciamiento. Proceso penal que concluye con el dictado de sentencia firme. Bajo este orden, la intervención que tiene el Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral; esto es, desde que solicita se cite al imputado para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo; toda vez que en su actuación no existe una relación de supra a subordinación, ya que en términos de los reproducidos artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en una situación de igualdad ante la Ley; y es el juez de control o el de enjuiciamiento, quien a través del control horizontal y el debate entre las partes, resuelve sus planteamientos. Por ello resulta evidente que desde que tiene lugar la audiencia inicial y hasta que se emite sentencia firme, respecto del Ministerio Público tampoco se actualiza el último de los requisitos para que pueda ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es, que para emitir actos no requiera de acudir a los órganos jurisdiccionales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; porque, se insiste, una vez judicializada la investigación, es en sede judicial donde el representante social acude para validar cualquiera de sus determinaciones o solicitudes; lo cual necesariamente tiene que ser revisado y estudiado por el juez de control o por el juez de enjuiciamiento, para, en su momento, resolver lo que en derecho corresponda. Por tanto, la representación social en este caso no puede ser considerada como autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque dada su calidad de parte dentro del proceso penal acusatorio, en igualdad de circunstancias ante la ley frente al imputado, no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Así, es claro que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se reúnen los requisitos a efecto de que el representante social señalado como responsable, sea considerado autoridad para efectos del juicio de amparo; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de origen en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo [causas de sobreseimiento], lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de referencia, esta juzgadora está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la parte inconforme, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Andrés Trinidad Medel De Gante, por conducto de su apoderado legal José Luis Cummings Bernal, contra las autoridades responsables por las consideraciones plasmadas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando sexto. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la Secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento a la presente resolución, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo 383/2020 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en dieciocho de agosto de dos mil veintidós en el amparo en revisión penal 23/2022 de su índice, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: ".Primero. Se revoca la resolución recurrida, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Segundo. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 383/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en la última consideración de esta ejecutoria.". Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal de alzada. En tal virtud, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del presente juicio de amparo y pronúnciese la resolución respectiva atendiendo los lineamientos establecidos en el fallo de mérito.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado enviado electrónicamente por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Andrés Trinidad Medel De Gante, por conducto de su autorizado Manuel Gerardo Ceballos Cummings, contra la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, quedando registrado bajo el recurso de revisión 23/2022 de su índice.
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