Andrés Torres Castillo
Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Andrés Torres Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el apoderado legal del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", mediante el cual, informa lo relativo a la atención médica brindada al aquí quejoso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, comunica que se fijaron las ocho horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para una consulta de seguimiento en el área de oncología quirúrgica del citado nosocomio. Vista. En tal virtud, con copia autorizada del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que esté en posibilidad de imponerse de su contenido. Requerimiento a la parte quejosa. Visto el acuerdo dictado el once de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 858/2021-I, del índice de este órgano jurisdiccional, circunstancia que constituye un hecho notorio, se desprende el criterio adoptado por la suscrita para permanecer atenta al cumplimiento de las ejecutorias en esta materia. Por tanto, si de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que, el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que las ejecutorias se cumplimenten, dado que las mismas son una cuestión de orden público, por lo que en el desarrollo de esta etapa, el Juez debe regir el procedimiento y asegurarse de que el acatamiento del fallo constitucional sea de forma oficiosa, pronta y precisa, con apoyo en dichos numerales, requiérase a la parte quejosa a fin de que, en lo subsecuente y dentro de los primeros diez días de cada mes, se sirva informar: - Si ha recibido oportunamente la atención médica requerida, derivado de su padecimiento (cáncer en laringe), así como los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos. En la inteligencia de que, en caso de que no reciba la atención o medicamento, conforme a lo anterior, deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, para que se generen los requerimientos necesarios y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes a las autoridades encargadas de dicha obligación. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión a quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a fin de no poner en riesgo su salud y siempre y cuando se encuentre en posibilidad de adquirir los medicamentos y/o tratamientos que le hayan sido prescritos para su padecimiento, lo puede realizar, debiendo conservar las notas de compra de los mismos y/o facturas, a fin de solicitar el reembolso de los gastos generados por la compra de los mismos. Precisión a responsable. En el mismo orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la parte quejosa adquiera los medicamentos y/o tratamientos que le fueron prescritos para su padecimiento, con sus propios medios, deberá de reembolsar los gastos que la misma sufrague. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 151/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. ANTE ENFERMEDADES QUE IMPLICAN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PERIÓDICA, EL ESTADO TIENE UN DEBER DE DILIGENCIA QUE DEBERÁ POTENCIALIZARSE CON UN CARÁCTER REFORZADO. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, existe un deber de diligencia por parte del Estado que deberá potencializarse con un carácter reforzado, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas. JUSTIFICACIÓN: El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este tipo de deberes comprometen a las autoridades del Estado a ajustar el aparato institucional, legal, administrativo y financiero para evitar vulneraciones a los derechos de las personas. Así, para salvaguardar el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de importancia garantizar el más alto nivel en las pretensiones relacionadas con el disfrute de ese derecho a partir de una serie de estándares jurídicos, así como de la realización progresiva de ese derecho, entre los que destaca el deber concreto y constante de avanzar hacia su plena realización. En consecuencia, la vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna por el Estado -a través de las instituciones de salud-, ya que tenía conocimiento de que lo requería de manera continua y permanente; por tanto, incumplió con su deber reforzado de debida diligencia, pues las autoridades debieron planear y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se diera una situación de desabasto. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." Así como la tesis jurisprudencial 152/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO INCUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR ACCIONES PARA MEDIR Y FAVORECER ESE DERECHO, CUANDO NO ENTREGAN OPORTUNAMENTE EL MEDICAMENTO REQUERIDO POR EL PACIENTE. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud. JUSTIFICACIÓN: En términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se impone a los Estados, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una obligación de cumplimiento progresivo para lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados. De no concretarse con el nivel mínimo de procuración y atención a los pacientes en un sentido reforzado, se actualiza la omisión del actuar diligente por parte del Estado. Así, tratándose de situaciones en las que los pacientes requieren de la toma periódica de medicamentos, sobre todo, derivadas de enfermedades crónicas, y ante el desabasto, la falta del suministro diario potencializa y agrava su condición de salud, lo cual no sólo atiende a una entrega tardía de la dosis, sino que, ante la imperiosa necesidad por no contar con el medicamento, se menoscaba su salud. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 153/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. PROCEDE REEMBOLSAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL PACIENTE, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y SUMINISTRO TARDÍO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ANTE LA URGENCIA DE NO PONER EN RIESGO SU SALUD. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención al derecho humano a la salud, al no satisfacerse lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, pues al actualizarse la interrupción del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro de los cuales -tratándose de servicios de salud- se encuentran las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. JUSTIFICACIÓN: De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica, que supone un tratamiento oportuno al enfermo, que incluye la aplicación de los estudios médicos necesarios y de los medicamentos correspondientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituye una institución pública de seguridad social que forma parte del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se encuentra obligado, en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, 23, 24, 27, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud mediante atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud a las personas que tengan el carácter de derechohabientes, en términos de su ley. Ahora bien, en relación con su derecho a la salud, el quejoso vio afectada su esfera jurídica ante la suspensión del suministro del medicamento, lo cual no desaparece con su entrega a destiempo por el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la entrega impuntual o inoportuna del medicamento que debía realizarse en forma ininterrumpida puso en peligro su salud. Ante ese escenario, el Juez de Distrito tenía la obligación de evaluar en su integridad los autos del juicio de amparo para advertir que, al no haberle sido suministrado el medicamento por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el quejoso se vio en la imperiosa necesidad de adquirirlo por sus propios medios. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano". Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como por medio de lista y por oficio al Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto".Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, sin que lo hayan realizado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó en el presente asunto y por otra, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos se precisaron de la siguiente manera: ".Continúe otorgando oportunamente la atención médica requerida por el quejoso derivado de su padecimiento de********************, llevando a cabo los estudios y tratamientos que le sean indicados, particularmente la intervención quirúrgica que sea requerida; y, entregándole los medicamentos respectivos siempre y cuando así le sea prescrito, hasta el total restablecimiento de su salud, derivado del padecimiento que presenta." Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra las omisiones reclamadas del Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** respecto de las omisiones reclamadas del Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", por los motivos expuestos en el considerando noveno de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso décimo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Requerimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este Juzgado el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: 1.- Continúen prestando oportunamente la atención médica requerida por la quejosa, derivado de la enfermedad con la que fue diagnosticada (cáncer de mama izquierda etapa IIB), así como lleve a cabo los estudios y tratamientos que le sean indicados; y, suministre los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos, hasta el total restablecimiento de su salud. Apercibimiento. De no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista y por oficio al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
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